La reforma aprobada en 2019 para ampliar los subsidios para parados mayores ha reforzado la protección de uno de los colectivos con más dificultades para regresar al mercado laboral, pero también ha generado una factura creciente para las cuentas públicas. Según un estudio publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), el gasto acumulado vinculado al subsidio para mayores de 52 años superará los 26.000 millones de euros al finalizar esta década.
La investigación calcula que entre 2019 y 2030 el aumento de beneficiarios provocado por el cambio normativo elevará en 15.877 millones el coste asumido directamente por el Servicio Público de Empleo Estatal. A esa cantidad se suma un impacto estimado de 17.935 millones sobre la Seguridad Social, derivado tanto de las futuras pensiones como de las cuotas que dejarían de recaudarse.
La reforma que rebajó la edad de acceso a los 52 años
El Gobierno modificó en marzo de 2019 las condiciones de acceso al subsidio que hasta entonces estaba reservado, con carácter general, a trabajadores mayores de 55 años. La edad mínima volvió a situarse en los 52, se prolongó la prestación hasta la edad ordinaria de jubilación y dejó de tenerse en cuenta la renta del conjunto de la unidad familiar.
La reforma también elevó la base por la que el SEPE cotiza para la jubilación del beneficiario. Durante el tiempo de percepción, el organismo aporta a la Seguridad Social una cotización equivalente al 125% de la base mínima vigente.
El resultado fue una prestación más accesible, más duradera y con mayor impacto sobre la futura pensión. Esas mejoras ampliaron la cobertura, pero también multiplicaron el número de personas que podían permanecer dentro del sistema durante varios años.
De 262.918 perceptores a casi 530.000
Los datos recogidos por Fedea muestran un crecimiento muy intenso desde la aprobación de la reforma. En 2018, antes de su entrada en vigor, había 262.918 perceptores. En 2025, la cifra alcanzó los 437.817.
La fundación proyecta que en 2030 habrá 529.880 beneficiarios. Sin los cambios de 2019, su estimación sitúa el número en 214.163. La diferencia atribuible a la reforma alcanzaría, por tanto, las 315.718 personas.
El envejecimiento de la población y el peso del desempleo de larga duración entre los mayores de 50 años explican una parte del crecimiento. Este grupo representa ya cerca de un tercio de las personas desempleadas y tiene una presencia especialmente elevada entre quienes llevan más tiempo buscando trabajo.
El subsidio se ha convertido así en una pieza estructural del sistema de protección por desempleo, no solo en una ayuda transitoria para situaciones puntuales.
El coste del SEPE llegará a 1.818 millones anuales
El estudio estima que el mayor gasto anual provocado por la reforma pasó de 400,5 millones de euros en 2019 a 1.367,5 millones en 2025. Si se cumplen las proyecciones, alcanzará los 1.818,5 millones en 2030, expresados en euros constantes de 2025.
En conjunto, el coste adicional para el SEPE entre 2019 y 2030 será de 15.877 millones. Esta cifra corresponde a la diferencia entre lo que se habría gastado manteniendo las condiciones anteriores y lo que exige el sistema surgido tras la reforma.
El cálculo se apoya en las tasas de actividad y desempleo registradas hasta 2025, las previsiones demográficas del Instituto Nacional de Estadística y una evolución estimada de las cuantías ligada a un crecimiento anual del 2% desde 2027.
La Seguridad Social afrontará otra factura de 17.935 millones
El efecto no termina con el pago mensual de los subsidios para parados mayores. Las cotizaciones realizadas mientras se percibe la ayuda elevan la base reguladora y, por tanto, la pensión futura de numerosos beneficiarios.
Fedea estima en 9.456 millones de euros el incremento de las obligaciones futuras en pensiones. A esa cifra añade 8.479 millones en cuotas sociales que, según su escenario de comparación, la Seguridad Social habría recaudado si esas personas hubieran trabajado percibiendo el salario mínimo.
La suma alcanza los 17.935 millones de euros en valor presente. Se trata de una estimación construida sobre varios supuestos, entre ellos una permanencia media de ocho años en el subsidio y una duración de cobro de la pensión de 21,68 años.
No debe confundirse esta cifra con el gasto directo del SEPE. Son impactos distintos, aunque ambos derivan del aumento de cobertura introducido en 2019.
Una ayuda que también protege la futura jubilación
Fedea considera que el subsidio ocupa una posición intermedia entre una renta asistencial y una prestación previsional. Su cuantía ofrece una cobertura limitada durante el desempleo, pero las cotizaciones asociadas pueden mejorar de forma significativa la pensión posterior.
La reforma evita además que muchos trabajadores tengan que jubilarse anticipadamente, con los correspondientes coeficientes reductores, al permitir mantener la ayuda hasta la edad ordinaria de retiro.
Este efecto constituye uno de sus principales beneficios sociales. Los mayores de 52 años que pierden su empleo encuentran más dificultades para ser contratados y corren el riesgo de llegar a la jubilación con importantes lagunas de cotización.
El debate sobre la equidad y el regreso al empleo
El informe también plantea objeciones. Fedea advierte de posibles problemas de equidad porque el acceso depende de las rentas individuales y no de los ingresos totales del hogar. Dos beneficiarios con la misma renta propia pueden recibir la ayuda aunque sus situaciones familiares sean muy diferentes.
La fundación sostiene además que las condiciones actuales pueden reducir los incentivos para aceptar empleos con salarios bajos o jornadas parciales. Para una persona próxima a la jubilación, mantener el subsidio y su cotización puede resultar más atractivo que regresar a un trabajo precario.
Sin embargo, este análisis debe convivir con otra realidad: la baja empleabilidad de los trabajadores sénior y la discriminación por edad limitan sus posibilidades reales de reincorporación. La sostenibilidad del sistema no depende solo de endurecer la ayuda, sino también de crear empleos capaces de absorber a ese colectivo.
El estudio de Fedea reabre así un debate complejo. Los subsidios para parados mayores ofrecen protección presente y mejoran la jubilación futura, pero su expansión tendrá un coste presupuestario cada vez mayor. A finales de la década, España deberá decidir cómo mantener esa cobertura sin renunciar a políticas eficaces de regreso al mercado laboral.