En el año 2025 se quedaron desiertos 24.047 lotes de contratación pública en España. Este es el resultado de la negativa de Hacienda sobre la revisión de precios en los contratos por la subida de los costes (precios, SMI, cotizaciones…). La decisión de la cartera que preside Arcadi España, y que antes lideraba María Jesús Montero, afecta a casi un millón de mujeres (975.000) del total de 1,5 millones de trabajadores de las empresas asociadas en la patronal de servicios esenciales AlianzAS.
Además, desde la organización empresarial señalan que en 2025 las empresas asumieron un coste de 540 millones de euros por no poder actualizar el aumento del SMI en los contratos. Se trata de una cifra que se ha incrementado en torno a un 50% desde 2023, cuando ese coste se situaba en los 359 millones.
Según el último informe anual de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), en el sector servicios -que representan el 40% del total de las licitaciones- una de cada tres convocatorias cuenta con la participación de un único licitador. Y esto se debe a la imposibilidad de estas empresas de revisar los contratos en un contexto marcado por una inflación cada vez más acusada y un aumento acumulado del SMI del 66% desde 2018.
Las empresas se ven atrapadas
El presidente de AlianzAS, Javier Sigüenza, alerta que uno de los principales motivos por el que las empresas no concurren a estos concursos es porque las empresas se ven atrapadas entre la obligación de mantener el servicio y la imposibilidad de repercutir el aumento de los costes.
Uno de los ejemplos más característicos es lo que ocurre con las residencias de mayores. Según la patronal, la subida de los alimentos y de la climatización de las instalaciones sitúa el coste real actualizado en 86 euros por cada plaza concertada, mientras que las empresas están recibiendo actualmente 72 euros por cada plaza, 14 euros menos de lo que correspondería.
No todas las empresas pueden afrontarlo de la misma manera
Si bien es cierto que en los servicios de ayuda a domicilio no impacta tanto el aumento de los precios, si que lo hace el del Salario Mínimo Interprofesional, ya que la mano de obra absorbe un 87% del presupuesto. El hecho de que las empresas no puedan repercutir esos incrementos en los contratos provoca que las mejoras pactadas en convenio no puedan trasladarlas a los empleados, lo que perjudica de manera directa en las trabajadoras.
Además, se trata de un problema que impacta de forma diferente en las pequeñas y grandes empresas. Mientras que una organización grande puede asumir los costes con fondos propios, para las pymes la no actualización de los contratos puede suponer que se declare en concurso de acreedores y desaparezca la empresa. Así lo señala Mar Cortés, genere de Conacee: “A diferencia de las grandes corporaciones, una pyme carece de diversificación y reservas para compensar un contrato deficitario, por lo que un solo contrato desequilibrado compromete toda su cuenta de resultados”.
Así, Cortés explica el problema al que se enfrentan las entidades al licitar: “Si estiman una subida salarial alta para prevenir futuros incrementos normativos, la oferta queda descartada por falta de competitividad; pero si estiman una subida prudente, la entidad termina asumiendo los sobrecostes y trabajando a pérdidas”.
Esta situación está provocando una caída en las licitaciones públicas. Según datos de Conacee sobre contratación reservada a Centros Especiales de Empleo (CEE), el 57% de los procedimientos recibió una sola oferta o ninguna, y solo el 43% tuvo más de un licitador. Cortés advierte de que esta pérdida de concurrencia acaba perjudicando a la propia Administración, ya que “la falta de competencia encarece los servicios a medio plazo y expulsa al tejido empresarial que genera empleo protegido en el territorio”.
La patronal, sindicatos y Ministerio de Trabajo están unidos
Ante la imposibilidad de repercutir el aumento de los costes en los contratos, que afecta directamente en la negociación colectiva, AlianzAS, CCOO y UGT se han unido para exigir, de manera conjunta, una reforma de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. Tanto la organización empresarial como los sindicatos recalcan que apoyan los incrementos salariales y las mejoras de las condiciones de las plantillas, pero exigen que estos incrementos se trasladen de forma transparente al precio de los contratos.
Además, esta iniciativa cuenta con el respaldo del Ministerio de Trabajo, y de otros partidos parlamentarios como Sumar, ERC, Junts, PNV o el Partido Popular.
A nivel parlamentario, desde Sumar presentaron una Proposición de Ley que planteaba una modificación de la Ley de Contratos del Sector Públicolos, concretamente los artículos 100 y 103, e incorporar el artículo 103.bis, fijando un mecanismo de actualización obligatoria de precios cuando los costes salariales representen al menos el 30% del presupuesto base de licitación y se produzcan desviaciones salariales por normas legales o acuerdos colectivos.
Se trata de una iniciativa que no se llegó a tramitar en el Congreso. Además, el PNV incorporó tres enmiendas a la legislación que, tal y como señala Sigüenza fueron vetadas por Hacienda.
Subida acumulada del SMI
Esto ocurre en un contexto en el que el Salario Mínimo Interprofesional suma una subida acumulada superior al 60%. Desde el año 2018, cuando Pedro Sánchez llegó por primera vez al Gobierno, el SMI ha experimentado un incremento del 66%, pasando de los 735,90 euros mensuales en 14 pagas hasta los 1.221 euros al mes.
Además, la subida que se espera para el año 2027, y para la que el comité de expertos ya ha comenzado a trabajar, se estima que sea como mínimo del 5%. Una situación que intensificará todavía más la situación de estas empresas.
IPC acumulado en los últimos años
Desde enero de 2018 hasta septiembre de 2026, el Índice de Precios de Consumo (IPC) en España ha acumulado una subida aproximada del 30,5%. Esta evolución refleja el encarecimiento sostenido del coste de la vida, especialmente durante los años 2021 y 2022.
El mayor golpe ha llegado al conocerse el dato del mes de septiembre, con una inflación del 4,9%, su nivel más alto desde febrero de 2023, cuando se situó en el 6%. Un dato que encadena tres meses consecutivos de ascensos y suma dos meses por encima del 4%.
Con la convocatoria de elecciones, el presidente de AlianzAS asegura que aprovechará para reunirse con los partidos políticos y trasladarles que se trata de un tema pendiente para el próximo Gobierno.