El Gobierno prepara un nuevo paso en su agenda de salud pública: regular la publicidad infantil de alimentos insanos. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado que la propuesta se hará pública “en las próximas semanas” y que el objetivo es limitar la exposición de niños y adolescentes a anuncios de alimentos y bebidas no saludables.
El anuncio llega en un momento en el que la conversación ya no gira solo en torno a lo que comen los menores, sino también a lo que ven. La publicidad infantil de alimentos insanos se ha convertido en un campo de batalla porque no compite en igualdad de condiciones: apela a impulsos, utiliza códigos emocionales y, en muchas ocasiones, se cuela en la rutina diaria sin que la familia tenga margen real para filtrarla.
Una ley “en semanas” y un mensaje político
Bustinduy enmarca esta nueva regulación como el “siguiente paso” tras otras iniciativas recientes del ministerio. Entre ellas, un decreto ya en marcha para mejorar la alimentación en comedores escolares, y otro —todavía pendiente— para limitar los ultraprocesados en hospitales y residencias.
La idea de fondo es coherente: si el Estado actúa sobre el entorno alimentario en espacios públicos, también quiere actuar sobre el entorno mediático. Y ahí es donde entra la publicidad infantil de alimentos insanos como objetivo principal. El ministro ha defendido que estos mensajes deberían quedar “radical y completamente restringidos” para menores, apelando a una lógica simple: los niños no tienen las mismas herramientas que un adulto para identificar la intención persuasiva del anuncio.
El barómetro que empuja la medida
El anuncio se produjo durante un acto en el que se presentaron avances de un barómetro sobre publicidad de alimentos y bebidas energéticas elaborado para AESAN con datos de AECOC Shopperview. La cifra que ha servido de titular político es contundente: alrededor del 80% de la población considera que debería prohibirse la publicidad de alimentos insanos dirigida a menores.
El mismo trabajo recoge otro dato aún más claro en el terreno de las bebidas energéticas: el 91% apoya prohibir su venta a menores de 16 años, y más de la mitad de los encuestados ampliaría esa prohibición hasta los 18. Son porcentajes raros de ver en debates polarizados: aquí hay una intuición compartida, incluso entre personas que suelen discrepar en casi todo.
El problema no es solo lo que se come
El ministerio ha insistido en que la publicidad infantil de alimentos insanos no se limita a informar de un producto, sino que construye hábitos. Según el enfoque defendido por Bustinduy, estas campañas están diseñadas para moldear patrones de conducta cuando el menor todavía no distingue bien entre entretenimiento, prescripción y venta.
Y la exposición no es anecdótica. Las cifras difundidas en el acto apuntan a que en España cada niño recibe más de 4.000 impactos publicitarios al año de comida insana —aproximadamente 11 al día— solo a través de la televisión. Cuando se suman otros canales, el volumen puede crecer hasta rondar una treintena diaria. En este contexto, hablar de elección individual suena casi ingenuo: la elección llega después de un bombardeo.
Desigualdad: quienes más ven esta publicidad son quienes menos margen tienen
Otro de los puntos subrayados en el debate sobre publicidad infantil de alimentos insanos es el componente social. Informes citados en el acto, como los de Gasol Foundation, señalan que la exposición a estos anuncios es mayor en hogares más vulnerables y que el consumo de alimentos y bebidas poco saludables es muy elevado entre niños y adolescentes. El ministro lo formuló de forma cruda: no se puede responsabilizar igual a todas las familias cuando el “entorno” presiona más a unas que a otras.
En la práctica, eso significa que la publicidad infantil de alimentos insanos no solo vende productos: amplifica desigualdades. Si a la precariedad de tiempo y de ingresos se suma una presión comercial constante, el resultado se parece a un carril inclinado. Y cuando se habla de infancia, los efectos suelen ser más duraderos.
El objetivo final: bajar la obesidad infantil
El Gobierno justifica el cambio legal con un objetivo principal: reducir la obesidad infantil y el exceso de peso. En España, el 36,1% de los niños de 6 a 9 años presenta exceso de peso, según datos del estudio ALADINO 2023 difundidos por el propio ministerio.
La tesis es que la publicidad infantil de alimentos insanos actúa como un acelerador de ese problema: empuja hacia productos más calóricos, más salados o azucarados, y normaliza un consumo frecuente de ultraprocesados. Por eso, Consumo apunta a criterios científicos y a recomendaciones internacionales como base para definir qué productos entran en el perímetro de la regulación.