El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), órgano especializado en fiscalidad del Consejo General de Economistas de España (CGE), advierte de que el nuevo sistema de reducciones aplicables al alquiler en el Decreto de Vivienda aumentará la complejidad del IRPF, dificultando su comprensión y gestión por parte de los contribuyentes. Así lo han planteado en un encuentro con medios tras la inauguración de las Jornadas Anuales del REAF, que se celebran este jueves y viernes en Oviedo, que reúnen a economistas asesores fiscales y representantes de las administraciones públicas.
El REAF ha puesto el foco en tres cuestiones especialmente relevantes en el ámbito tributario, empezando por el nuevo esquema de reducciones fiscales para los alquileres de vivienda regulados en el Real Decreto-Ley 29/2026 que va a votar la Diputación Permanente el 12 de noviembre -con una horquilla de hasta 13 porcentajes diferentes-, dificulta el cumplimiento de las obligaciones tributarias, incrementa el riesgo de errores y genera inseguridad jurídica.
En este sentido, el presidente del REAF, Agustín Fernández, considera que este grado de detalle plantea una cuestión fundamental: “¿Puede exigirse razonablemente a un contribuyente que identifique cuál de los 13 porcentajes le corresponden aplicar y que conozca todos los requisitos exigidos para ello? Esta situación puede incrementar los errores involuntarios, las discrepancias interpretativas, las regularizaciones y el riesgo de sanciones, especialmente cuando la aplicación de un beneficio fiscal depende de circunstancias cuya acreditación no siempre resulta sencilla”, ha señalado.
Los Economistas entienden que la política fiscal puede contribuir a favorecer el alquiler residencial y a incentivar precios más asequibles, pero advierten de que los incentivos pierden eficacia cuando su complejidad dificulta que los contribuyentes puedan conocerlos y aplicarlos con seguridad. Asimismo, consideran que las ventajas tributarias deben acompañar las políticas de vivienda, pero no convertirse en el principal instrumento para condicionar las decisiones patrimoniales de los ciudadanos.
Ajustes por la subida del salario mínimo
En relación con la tributación del salario mínimo interprofesional (SMI), el presidente del Consejo general de Economistas, Miguel Ángel Vázquez considera necesario “establecer un mecanismo de ajuste automático que evite tener que introducir correcciones fiscales cada año que se incrementa el SMI. Si la voluntad del legislador es que estos trabajadores no tributen por sus salarios, resulta más razonable evitar que se les practiquen retenciones que obligarlos a presentar la declaración del IRPF para recuperar, mediante una deducción, las cantidades previamente retenidas”.
Añaden que, si el SMI aumenta otro 5% en 2027, hasta situarse cerca de los 18.000 euros anuales, seguirá estrechándose la brecha con el salario medio, que ronda los 32.000 euros anuales. Señalan que “el sistema debería ofrecer una solución estable y previsible, sin necesidad de introducir modificaciones normativas cada ejercicio”. Unos cálculos que van a rehacer ante el borrador de Trabajo que eleva el Salario Mínimo al 5,2%. En todo caso, la deducción que se prevé que apruebe Hacienda para que queden exentos será total hasta un sueldo de 18.000 euros y se aplicará de manera decreciente a hasta un salario de cerca de 23.000 euros para tratar de suavizar el llamado error de salto por el que estos contribuyentes tienen un tipo muy elevado por cada euro que se incremente su salario.
Actualización de magnitudes fiscales
Los economistas también abogan por “actualizar determinadas magnitudes fiscales que han quedado desfasadas por el paso del tiempo y el incremento de los precios”. Entre ellas destacan, en el IRPF, los mínimos personales y familiares, los límites de determinadas rentas exentas, las dietas y asignaciones para gastos de manutención y las cuantías que condicionan la aplicación de diversos beneficios fiscales.
Desde el REAF se advierte de que “la falta de actualización de estas magnitudes provoca un incremento silencioso de la presión fiscal, al elevar la tributación de los contribuyentes sin que necesariamente haya aumentado su capacidad económica”. Por ello, consideran “imprescindible” establecer mecanismos de revisión periódica que adapten estas cuantías a la evolución de los precios, sin depender de reformas fiscales puntuales.
Entre los ejemplos señalados, destacan que el mínimo personal del IRPF, congelado desde 2015 en 5.550 euros, debería elevarse a 7.200 euros para reflejar el incremento de los precios. Del mismo modo, el importe exento de los cheques restaurante debería pasar de 11 a 14 euros diarios y el límite de los gastos de difícil justificación para los empresarios y profesionales en estimación directa simplificada, de 2.000 a casi 2.600 euros. Otro ejemplo muy ilustrativo es el límite de 3.005,06 euros anuales para declarar operaciones con terceros en el modelo 347, una cuantía que procede de las antiguas 500.000 pesetas. Lo que entonces podía considerarse un volumen de operaciones relevante hoy resulta una cantidad relativamente reducida.
Sin embargo, este límite sigue sin actualizarse, pese al incremento de los precios y al aumento del número de operaciones que deben declararse. También proponen aumentar de 300.000 a 432.000 euros la exención por vivienda habitual en el Impuesto sobre el Patrimonio, tomando como índice el incremento acumulado del precio de la vivienda, período 2011-2025.
Los Economistas han concluido destacando que un buen sistema tributario no es necesariamente el que contempla más incentivos y excepciones, sino aquel que permite a los ciudadanos conocer con claridad sus obligaciones, anticipar las consecuencias fiscales de sus decisiones y cumplirlas sin dificultades innecesarias. “Una buena política fiscal no debería obligar al ciudadano a recorrer un laberinto para descubrir cómo tributa”, han remachado.