El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha movilizado 11 millones de euros para impulsar más de 640 viviendas de alquiler asequible en Madrid y Cataluña. La operación ha generado interés por su posible impacto sobre las familias con menos recursos, aunque conviene aclarar desde el principio que no se trata de una ayuda económica directa que los ciudadanos puedan solicitar.
El dinero procede del Fondo de Impacto Social, adscrito al Ministerio y gestionado por Cofides, y se concederá en forma de préstamo a la sociedad ALAS Vivienda Asequible en Alquiler. El objetivo es adquirir y gestionar cerca de 650 viviendas de obra nueva distribuidas en nueve edificios.
No habrá, por tanto, un ingreso mensual de la Seguridad Social para pagar el alquiler. El beneficio para los hogares llegará a través del acceso a viviendas con rentas inferiores a las del mercado y contratos orientados a ofrecer una mayor estabilidad residencial.
Más de 640 viviendas en Madrid y Cataluña
El proyecto se desarrollará en la Comunidad de Madrid y en Cataluña, especialmente en el área de Barcelona. Según el Ministerio de Inclusión, las promociones permitirán alojar a más de 1.600 personas cuando estén plenamente operativas.
Las viviendas serán de nueva construcción y estarán integradas en nueve edificios gestionados profesionalmente. El modelo combina suelo público en régimen de concesión con financiación y gestión privada, una fórmula cada vez más utilizada para aumentar el parque residencial sin que la Administración tenga que asumir directamente toda la promoción.
Las rentas deberán situarse por debajo de los precios habituales del mercado y estarán sujetas a criterios regulados por las administraciones públicas. Todavía no se han publicado los importes concretos de los alquileres ni las fechas en las que comenzará la adjudicación.
Quién podrá acceder a estas ayudas al alquiler
Las futuras viviendas estarán dirigidas especialmente a jóvenes, familias con pocos ingresos y otros colectivos con dificultades para acceder al mercado residencial. El proyecto reserva al menos 200 inmuebles para hogares cuyos ingresos sean iguales o inferiores a tres veces el IPREM.
El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples es una referencia utilizada habitualmente para conceder prestaciones, becas y programas de vivienda. El límite deberá aplicarse teniendo en cuenta la cuantía vigente en el momento de la convocatoria y las reglas concretas que establezcan las administraciones competentes.
Cumplir el límite de ingresos no garantiza automáticamente la adjudicación. También podrán valorarse la composición de la unidad familiar, la residencia, la edad, la inexistencia de otra vivienda en propiedad o la situación de vulnerabilidad, dependiendo de las bases que se publiquen para cada promoción.
Las personas interesadas no pueden presentar todavía una solicitud general ante la Seguridad Social. Deberán esperar a que se anuncien las convocatorias, los municipios donde estarán situados los edificios y el procedimiento de acceso.
Cuánto dinero se cobra
En este programa no se cobra una cantidad económica. La financiación pública no se entrega al inquilino, sino a la empresa encargada de adquirir y explotar las viviendas.
La ventaja consistirá en pagar una renta reducida respecto al mercado libre. Por ahora no se ha indicado cuánto costará cada vivienda, ya que el precio dependerá de factores como la ubicación, la superficie, el número de habitaciones y las condiciones fijadas por la Administración.
Esto diferencia el proyecto de otras ayudas al alquiler que sí consisten en subvenciones directas. En esos programas, las comunidades autónomas pueden abonar un porcentaje de la renta durante un periodo determinado. Aquí, en cambio, el instrumento elegido es aumentar la oferta de pisos asequibles.
Un préstamo de 11 millones, no una subvención a fondo perdido
El Fondo de Impacto Social ha concedido a ALAS un préstamo de 11 millones de euros. La sociedad deberá devolver el dinero en las condiciones pactadas y demostrar que el proyecto cumple los objetivos sociales previstos.
El Ministerio sostiene que esta inversión permitirá movilizar capital privado hacia un sector donde la oferta resulta insuficiente. Cofides será la entidad encargada de supervisar la operación y su impacto.
La secretaria general de Inclusión, Elena Rodríguez, ha defendido que “reforzar el parque de vivienda social es una prioridad del Gobierno de España” y que el fondo pretende concentrar sus recursos en los hogares más vulnerables.
La Línea de Vivienda de Impacto Social ya ha aprobado cinco operaciones, con una inversión conjunta cercana a los 27 millones de euros.
El Fondo de Impacto Social cuenta con 400 millones
El FIS dispone de 400 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y respaldados por los fondos europeos Next Generation EU.
Su finalidad es financiar iniciativas que generen un impacto social o medioambiental medible. Además de vivienda, puede apoyar proyectos relacionados con la inclusión, los cuidados, la economía social y otros sectores considerados prioritarios.
La operación de ALAS refleja el giro hacia fórmulas de colaboración público-privada para responder a la crisis del alquiler en España. La escasez de oferta, el crecimiento de la demanda y la subida de los precios han dejado fuera del mercado a numerosos hogares, especialmente en las grandes áreas metropolitanas.
Cuándo se podrán solicitar las viviendas
El anuncio del préstamo no equivale a la apertura de una convocatoria. Antes deberán completarse la adquisición, construcción o puesta en servicio de los edificios y definirse los criterios de adjudicación.
Las futuras convocatorias podrán publicarse a través de los organismos de vivienda de Madrid y Cataluña, de los ayuntamientos correspondientes o de la propia gestora. Hasta entonces, no existe un formulario oficial ni un plazo para inscribirse.
La recomendación es consultar periódicamente los portales autonómicos y municipales de vivienda y desconfiar de páginas que soliciten dinero o documentación asegurando que ya tramitan esta supuesta prestación.
La Seguridad Social no entregará dinero para pagar un contrato ya existente. Su intervención consiste en financiar un parque residencial que, cuando esté disponible, ofrecerá alquileres reducidos a hogares que cumplan los requisitos.