La nueva cuota de los autónomos societarios que defiende la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha desatado una batalla política que llegará al Congreso de los Diputados. Una cuestión que tiene especial impacto en las mujeres, como así han advertido desde la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). Su presidente, Lorenzo Amor, advierte de que serán las autónomas colaboradoras –mayoritariamente mujeres, mayores de 50 años y vinculadas a negocios familiares en el entorno rural- las más afectadas por esta reforma de cuotas.
La modificación se aprobó en una Orden Ministerial, que se publicó en el BOE el 31 de marzo, aunque tiene carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026. La norma se dicta en un contexto de prórroga automática presupuestaria desde el 1 de enero de 2026, aplicándose el marco de bases y tipos establecido en la Ley 31/2022, de Presupuestos Generales de 2023, y sus actualizaciones para 2026.
Según las estimaciones de ATA, el cambio afecta a 1,2 millones de trabajadores. La modificación incluye tanto a los autónomos societarios como a los familiares colaboradores, dos colectivos que suman en torno a un tercio del total de trabajadores por cuenta propia. Para estos perfiles, la base mínima de cotización ha pasado de 1.000 a 1.424 euros mensuales, lo que eleva la cuota de aproximadamente 300 a 435 euros al mes.
“Sablazos a los autónomos”
En Gobierno sube 135€ al mes la cuota de cotización los autónomos colaboradores
Un sablazo en toda regla
El 70% son mujeres y en el entorno rural
Se va a dar muchos casos que estas autónomas familiares colaboradoras,que no son titulares de la actividad,paguen mayor… pic.twitter.com/HXRWlCYXJO— Lorenzo Amor (@lorenzoamor_ata) April 8, 2026
“El Gobierno no descansa en su intento de dar sablazos a los autónomos. Sube un 42% la base de cotización (de 1.000 euros a 1.424 euros) desde enero de 2026 a los más de 400.000 familiares colaboradores y los más de 800.000 autónomos societarios que tengan rendimientos próximos a 1.000 euros mensuales. Es una salvajada que costará 1.620 euros al año adicionales a cada uno de estos autónomos”, advierte Lorenzo Amor.
Según la Orden de 30 de marzo, que regula las cotizaciones a la Seguridad Social de los autónomos, se incrementa el tope máximo de cotización. Así, el tope máximo de base en el Régimen General es de 5.101,20 euros al mes desde el 1 de enero de 2026, frente a los 4.909,50 euros vigentes en 2025. A su vez, el tope mínimo equivale al salario mínimo interprofesional (SMI) vigente incrementado en un sexto, “sin poder ser inferior a 1.424,40 euros/mes salvo disposición expresa en contrario”.
Impacto diferido
Sin embargo, el efecto puede no ser inmediato. Como advierte ATA, los autónomos no lo han notado en sus cuentas porque no han cambiado la base. La Seguridad Social permite mantener de forma provisional la base anterior, por lo que el aumento no se refleja todavía en la cuota mensual. La diferencia se regularizará más adelante, previsiblemente entre finales de 2027 y comienzos de 2028, cuando se liquide lo correspondiente al ejercicio 2026. Lorenzo Amor advierte de que “no lo están pagando ahora, pero dentro de año y medio se les va a reclamar”.
Según ATA, si la orden que sube las bases mínimas para autónomos societarios y colaboradores no se modifica, se podrían encontrar casos como que en un negocio familiar, el autónomo principal tenga una base media de 1.000 euros (la que declara el 60% de autónomos) y su cónyuge que colabora y no es el autónomo principal tenga una base de 1.424 euros al mes. Mientras que el autónomo principal pagará de cuota 300 euros al mes, el autónomo colaborador pagará 435 euros mensuales.
“Los autónomos no pueden pagar la incompetencia del Gobierno en sacar adelante unos Presupuestos”, añade el presidente de ATA, que también critica la forma en la que se ha conocido la medida: “En plena Semana Santa nos hemos enterado de que a 1,2 millones de autónomos no se les han prorrogado las cuotas”.
Base jurídica
El dirigente de ATA cuestiona además la base jurídica de la medida. A su juicio, la ley de 2022 que instauró el sistema de cotización por ingresos reales contemplaba un despliegue progresivo que no se ha cumplido. “Se establecían tramos para 2026, 2027 y 2028, una evaluación del sistema y mejoras de protección social que aún no se han hecho”, afirma. En ese contexto, defiende que, ante la falta de Presupuestos Generales del Estado, las bases mínimas deberían haberse mantenido congeladas en 1.000 euros, como ocurrió en 2024 y 2025.
El PSOE, Sumar i socis tenen una fixació malaltissa per cruixir els autònoms. Ho van intentar el desembre i els hi vam parar els peus. Ara ho fan per la porta del darrere. Però una vegada més ens hi trobaran de front. El capital ha de ser per qui aixeca la persiana cada dia, no… https://t.co/X26HeRRaQd
— Miriam Nogueras 🎗 (@miriamnoguerasM) April 10, 2026
ATA ya ha iniciado contactos con los grupos parlamentarios para tratar de revertir la situación. Partido Popular, Vox y Junts trabajan en la presentación de enmiendas para frenar la subida en la primera oportunidad legislativa. En concreto, el PP tratará de incluir su enmienda en la primera oportunidad legislativa que se presente, según informa Europa Press.
En este sentido, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha acusado a PSOE, Sumar y los socios del Gobierno de tener “una fijación enfermiza por crujir a los autónomos“. “Lo intentaron en diciembre y les paramos los pies. Ahora lo hacen por la puerta de atrás. Pero una vez más nos encontrarán en frente”, avisa en X.
“No hay ninguna acción unilateral”
Frente a estas críticas, la ministra Elma Saiz rechaza que exista un incremento de cuotas y defiende que el Gobierno está aplicando la normativa vigente. “No hay ninguna subida ni ninguna acción unilateral”, aseguró. Según explica, la elevación de la base mínima responde al cumplimiento de la ley aprobada en 2022 con una amplia mayoría parlamentaria, incluido el respaldo del Partido Popular.
Saiz subraya que ese acuerdo incorporaba una reivindicación histórica del colectivo: cotizar en función de los ingresos reales. En ese marco, la norma establecía que, a partir de 2026, determinados autónomos -entre ellos societarios y colaboradores- deberían tener como referencia la base mínima del Régimen General. No obstante, el Gobierno ha optado por aplicar este cambio de forma diferida, vinculándolo al proceso de regularización posterior, lo que retrasa su impacto efectivo.
La ministra insiste en que el objetivo es reforzar la protección social de los autónomos, un ámbito en el que, reconoce, existen brechas significativas. “Fundamentalmente afectan en materia de pensiones o de incapacidad”, señala, con especial incidencia en las mujeres. Según recuerda, la diferencia en las pensiones de jubilación puede alcanzar los 700 euros mensuales.
Ese argumento, sin embargo, no convence a ATA. A la espera de su recorrido parlamentario, la medida deja en el horizonte una factura pendiente que afectará especialmente a las autónomas colaboradoras.