El proceso de regularización ya cuenta con más de 609.737 expedientes en fase de tramitación -de 1.174.978 solicitudes registradas en total- lo que supone que más de medio millón de inmigrantes cuentan con un permiso de residencia provisional que les permite trabajar en el territorio español. Si bien es cierto, esta solicitud todavía puede ser denegada y la persona afectada volvería a estar en situación irregular.
El hecho de que los migrantes puedan establecer una relación laboral se debe a una de las peticiones que realizaron las organizaciones empresariales, tanto CEOE como Foment del Treball, para que esta regularización se orientara al empleo. Por ello, para responder a la necesidad de trabajadores que sufren las empresas, y para regularizar la situación laboral de los inmigrantes, el reglamento recoge que desde el momento en el que se admite a trámite la solicitud, pueden darse de alta en la Seguridad Social.
Las dudas surgen cuando se plantea la posibilidad de que esta solicitud sea denegada una vez que estas personas ya cuenten con un contrato de trabajo formalizado.
Aviso a la empresa
Según ha trasladado la Secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, se comunica esa situación a Seguridad Social y está previsto que desde ahí se informe a las empresas. A partir de ese momento, la empresa debe interrumpir esa relación laboral.
Proceso que se puede alargar más de tres meses
Y es que, en los casos más complicados, el proceso puede demorarse más de tres meses. Esto se debe a que una de las novedades que incorporó el reglamento fue la eliminación de la posibilidad de que los solicitantes acreditara la ausencia de antecedentes penales con una declaración responsable. Por ello, se han visto obligados presentar un certificado que atestigüen que carecen de antecedentes penales y que no suponen ninguna amenaza para el orden y seguridad públicos.
Los inmigrantes solicitantes de la regularización ya han tenido la oportunidad de presentar dicho certificado en el periodo de solicitudes y, de no haberlo recibido (hay algunos países en los que los trámites se están demorando), han debido presentar la solicitud de que lo han pedido.
Una vez culminado el tiempo de presentación de solicitudes (terminó el pasado 30 de junio) si no lo han recibido, el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones será el encargado de abrir vías para solicitarlos (con un plazo de 3 meses) y, si en ese tiempo no llega la documentación, se dará un plazo de 15 días a las personas solicitantes para que lo presenten.
Una vez finalice este último plazo, si no se presenta el certificado de delitos penales, se desestima la petición, y esa persona pasa a estar irregularizada en España.
Otros procedimientos
Si bien es cierto, desde el ministerio señalan que esta persona puede recurrir a otros procedimientos para regularizar su situación.
Una de las vías es a través del Reglamento de Extranjería (RELOEX), que contempla diferentes modalidades de arraigo adaptadas a las circunstancias personales, familiares o laborales de cada solicitante: social (dirigido a quienes pueden acreditar un período de permanencia en España y demostrar un grado de integración en el país), sociolaboral (quienes cuentan con una relación laboral o una oferta de empleo que cumple los requisitos establecidos por la normativa), socioformativo (permite acceder a una autorización de residencia a las personas que se comprometen a realizar estudios o formación orientada al empleo), familiar (destinado a determinados familiares de ciudadanos españoles o de extranjeros con residencia legal), o de segunda oportunidad (permite recuperar la residencia a quienes la tuvieron anteriormente y la perdieron por determinadas circunstancias, siempre que cumplan los requisitos exigidos).
Y también existen otras vías como la protección internacional, destinada para personas que huyen de conflictos armados o situaciones de grave vulneración de derechos humanos.