Sumar pide limitar las indemnizaciones a altos directivos tras el “escandaloso” finiquito de Pallete

Urtasun defiende que el Estado adquiera participación en empresas estratégicas mientras Díaz cree que la presencia de la SEPI en Telefónica no debe tener como prioridad el valor de la acción

El portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun Europa Press

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha criticado la “escandalosa” y “vergonzosa” indemnización que percibirá el expresidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, que podría ascender hasta 45 millones de euros, y ha avanzado que propondrán limitar por ley los finiquitos a altos directivos.

Por otro lado, ha defendido la necesidad de que el Estado disponga de participación en empresas estratégicas para la soberanía de España, citando de forma genérica a telecos y energéticas pero sin poner ejemplos concretos.

En rueda de prensa este lunes, el también titular de Cultura ha explicado que quieren restringir el importe de estas indemnizaciones, reguladas ahora por real decreto de 1985 y que no fija ningún tipo de límites.

Así, ha desgranado que aún tienen que estudiar la fórmula técnica para llevar a cambio para acotar las cantidades de altos directivos, y si optarán por elevarlo en el seno del Gobierno o con una iniciativa del grupo parlamentario.

Urtasun ha señalado que puede haber varias fórmulas, como por ejemplo establecer un porcentaje máximo del bono a percibir en relación de salarios, pues se vio en el caso de la banca en la crisis financiera que las indemnizaciones triplicaban o duplicaban el salario del directivo y que llevaban a que invirtieran en “grandes pufos financieros“.

“Hace unos años logramos limitar esos bonos de los directivos de banca, porque todo el mundo entendió que en Europa eso era imprescindible. Bueno, pues yo creo que hay que hacer una cosa parecida con estas altísimas indemnizaciones. No le doy una fórmula concreta, pero le he puesto este ejemplo”, ha disertado Urtasun.

A su vez, ha criticado que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se dedique a cargar contra la subida del salario mínimo interprofesional de 50 euros propuesto por el Ministerio de Trabajo, pero que no diga nada respecto a la “vergonzosa” indeminzación de Alvárez-Pallete.

Cambio positivo

Respecto al cambio en la cúpula de Telefónica, Urtasun ha calificado de positivo el relevo, del que no han participado, y que la salida del directivo ha sido tomada por el consejo de administración, donde el Estado tiene participación.

Ahora bien, ha precisado que Sumar quiere sobre todo saber para qué sirve este relevo, al reprochar que durante la etapa del ya expresidente de Telefónica se produjo una pérdida de empleo de 5.000 trab ajadores y se encarecieron los precios de la compañía.

En consecuencia, ha agregado que el cambio en Telefónica es una oportunidad para enfocar la estrategia de la empresa sobre todo hacia los consumidores y evitar que exista exclusión social en un servicio básico como el acceso a Internet.

El Estado, en compañías clave

A nivel global, Urtasun ha aprovechado el relevo en Telefónica para demandar que el Estado recupere participación en las grandes empresas estratégicas, tras las “privatizaciones” que emprendió en la década de los 90 el PP de la mano del expresidente José María Aznar.

El portavoz de Sumar ha lamentado que España fue el país que emprendió mayor desinversión estatal en este tipo de empresas de Europa, al apuntar que ahora la SEPI dispone del 10% del accionariado en Telefónica mientras que Alemania dispone en Telekom del 30% y Francia cuenta con el 25% de su principal teleco mientas Italia se mueve en el 20%.

“Somos uno de los países con menor participación del Estado en empresas estratégicas y claves como son Telefónica”, ha ahondado, para recalcar que grandes países como Estados Unidos o Brasil han optado por retomar posiciones en algunas empresas clave, estrategia que debe seguir también Europa.

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cree que la presencia pública en Telefónica a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) debe ser el instrumento para “reorientar la compañía” hacia una mayor garantía de acceso a los servicios de telecomunicaciones y una mayor seguridad.

“La prioridad, por tanto, no ha de ser el valor de cotización de la acción en Bolsa, sino asegurar el acceso universal, vertebrando el territorio geográfica y socialmente y asegurando que empresas y ciudadanos y ciudadanas, también las que se encuentran en las zonas menos pobladas, disponen de acceso a servicios de calidad con precios asequibles”, han indicado a Europa Press en fuentes de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno.