Sánchez no está solo. El anuncio del presidente del Gobierno de sacar a los menores de 16 años de las redes sigue la estela de otros países. Australia ya ha endurecido su legislación para prohibir a los adolescentes a las plataformas. Países como Francia, Reino Unido, Grecia o Portugal están trabajando en desarrollos normativos con el mismo fin. Mientras el mundo discute cómo hacer un internet más seguro (con las contrapartidas que supone), hay un mercado que se está disparando. Se trata de la industria de los programas de control parental. Su papel será crucial en este nuevo escenario.
Aunque no se han materializado hasta ahora, son varios los gobiernos que vienen advirtiendo sobre la necesidad de proteger a menores en entornos digitales. El Reglamento europeo de Servicios Digitales, que empezó a aplicarse en 2024 y que España todavía no cumple, incluye un artículo por el que exige a las plataformas sistemas de control de edad eficaces. España está desarrollando ese artículo con una ley que está en tramitación parlamentaria. Con ella, plantea la obligatoriedad de que los fabricantes de dispositivos incluyan controles parentales en los mismos.
Es en ese contexto en el que consultoras como Fortune Business Insights destacan el brillante futuro del mercado de los controles parentales. Esta industria, que protagonizan famosas tecnológicas como Google o Microsoft, pero también firmas especializadas en ciberseguridad como Norton o Kaspersky, ya crecerá este año. El valor de este mercado global alcanzó los 1.570 millones de dólares en 2025, y se espera que se eleve hasta los 1.760 millones este 2026. Un crecimiento de algo más del 12%.
Se duplicará hasta 2034
Los sistemas de control parental son herramientas tecnológicas que permiten a los padres supervisar el uso que sus hijos hacen de los aparatos tecnológicos y de los servicios digitales. Por ejemplo, un buen control parental configurado permite a un progenitor vigilar desde su propio móvil el consumo que hace de su terminal un menor, evitando que acceda a según qué servicios, e introduciendo limitaciones de uso en función de la hora o del tiempo que se ha pasado frente a la pantalla.
Se trata de un mercado que empezó a despegar al albur de la pandemia del COVID-19, cuando todo el mundo se quedó en casa y los jóvenes pasaron más tiempo frente a pantallas. Esto, sumado a la aparición de las clases en remoto, convirtió en urgencia lo que hasta ahora era una necesidad: que los dispositivos y servicios digitales tuvieran herramientas más eficaces para proteger la salud mental de los más jóvenes. Y aunque ahora sean los gobiernos y las instituciones públicas las que están tomando la delantera, también serán muchas las soluciones privadas que se acabarán adoptando a lo largo y ancho del globo.
Por eso, Fortune Business Insights también advierte de que el sector seguirá creciendo durante los próximos ocho años, y lo hará de forma explosiva. Si para 2026 se espera que este mercado supere los 1.760 millones de dólares, se calcula que la tasa de crecimiento anual compuesta será del 11,2% año a año hasta 2034. En otras palabras: en menos de una década este mercado superará los 4.120 millones de dólares, más que duplicando su valor inicial.
Más allá de los controles
El mercado se expande a medida que la preocupación social crece. A esto es a lo que responden las últimas medidas anunciadas por varios países del mundo, entre ellos, España. Pero los orígenes de los sistemas de control parental en realidad hunden sus raíces en un período que va más allá de la pandemia. Los principales sistemas operativos de móviles, Android (Google) e iOS (Apple) introdujeron medidas de bienestar familiar ya en 2017 y 2018, hace casi una década. El problema es que la mayoría de los jóvenes saben perfectamente cómo sortear estos controles.
Aunque estas herramientas de supervisión menoscaban de algún modo la privacidad de los jóvenes, estos también son conscientes de que tienen instrumentos a su alcance para evitarlas. El 93% de los jóvenes encuestados por un estudio dado a conocer en España hace un año eran conscientes de que debían mejorar sus hábitos reduciendo su consumo de pantallas. Al mismo tiempo, el mismo estudio, titulado Infancia y adolescencia en entornos digitales, advertía que seis de cada diez saben saltarse los controles. Este análisis lo publicó en 2025 la Fundación Orange junto con la ONG Save the Children y la consultora GAD3.
Es por ese motivo por el que Sánchez reivindicó en Dubái la necesidad de sacar a los menores de las redes. También de hacer legalmente responsables a los propietarios de plataformas como X (antes Twitter), Telegram o Instagram, propiedad de Meta. Precisamente con los propietarios de las dos primeras, Elon Musk y Pavel Durov, Sánchez ha protagonizado severos encontronazos. El primero lleva días insistiendo en su plataforma en que el presidente del Gobierno es un “traidor” que está “destrozando” España. El segundo envió un mensaje no autorizado a miles de usuarios asegurando que las medidas del Gobierno abrirán la puerta a la censura.
El daño de las plataformas
Aunque la propuesta de Sánchez de hacer legal y penalmente responsables a los propietarios de las plataformas que infrinjan la legislación recibió un correctivo por parte de Bruselas, la idea sigue reverberando en buena parte del continente. La Comisión en un principio dudó públicamente de la medida. Aun así, su portavoz de Políticas Digitales, Thomas Regnier, acabó mostrando su “total solidaridad” con Sánchez tras los ataques de Musk. “Condenamos cualquier ataque a los líderes de nuestros Estados miembros”, adujo.
El papel de las grandes plataformas en el malestar de los jóvenes es una preocupación social en crecimiento. En los últimos años se han filtrado documentos internos de grandes compañías, como Meta. Esas filtraciones evidencian cómo sus directivos eran conscientes de que sus redes sociales estaban perjudicando a usuarios de apenas quince años.
Uno de los últimos ejemplos lo escribe Sarah Wynn-Williams, exjefa de Politicas Públicas de Meta y autora de Los irresponsables, un libro en el que desgrana alguna de esas prácticas. Una de las más conocidas y controvertidas es precisamente el envío de anuncios personalizados de cosméticos en Instagram a adolescentes. Esa publicidad llegaba después de que el servicio detectara que las menores habían borrado un selfie. El sistema, automatizado, inducía que la adolescente se sentiría insegura. Por eso le ofrecían publicidad de maquillajes.