Pedro Sánchez anunció en la Cumbre Mundial de Gobiernos de Dubái sus planes para sacar a los menores de 16 años de las redes sociales y perseguir a los “tecnobillonarios” que “socavan” las democracias. En realidad, reivindicó una de las medidas que ya se están negociando en el Congreso, a través del Proyecto de Ley de protección a los menores de entornos digitales. Se trata de un texto legal que recoge en buena medida el guante de una regulación europea que España todavía no hace cumplir de forma efectiva: el Reglamento de Servicios Digitales.
Esta regulación comunitaria, también conocida como DSA por sus siglas en inglés, se aprobó en 2022 y empezó a aplicarse de forma efectiva en 2024. A pesar de ello, España es de los pocos países de la Unión Europea que todavía no ha habilitado a su Coordinador de Servicios Digitales designado, que en este caso es la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC).
La norma exige que cada Estado miembro de la UE designe un coordinador para vigilar el mercado digital a nivel nacional. España designó a la CNMC a tiempo, pero no reformó sus estatutos para conferirle los poderes necesarios para coordinarse con el resto de la Unión. Por esa razón, Bruselas ha llevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a España. El TJUE aceptó el caso en diciembre y le dio número de registro: C-841/25.
Reforma de la CNMC
El Reglamento de Servicios Digitales fue una iniciativa de la anterior Comisión, cuando en las carteras de Competencia y Mercado Interior se encontraban la danesa Margrethe Vestager y el francés Thierry Breton. Hasta entonces, Bruselas, como cualquier potencia del planeta, asumía sus políticas de competencia como la única forma de ajustar cuentas con las grandes tecnológicas. La regulación, además, introducía una novedad: el dogma de que las plataformas no son necesariamente responsables del contenido que alojan se había acabado.
Al ser un reglamento (y no una directiva), los países de la UE no tienen que transponer literalmente el texto. Pero el Reglamento de Servicios Digitales exige que, de la mano de Bruselas, los Veintisiete tengan sus Coordinadores de Servicios Digitales, facultados para vigilar y hacer cumplir cuando alguna infracción se produjese dentro de las fronteras nacionales. El texto no introduce la idea de que los menores de 16 años no puedan tener acceso a las redes, pero sí exige a las plataformas “medidas apropiadas y proporcionadas” para evitar que accedan a “contenidos perjudiciales”.
España tenía hasta febrero de 2024 para habilitar a la CNMC. No presentó un real decreto con la necesaria reforma de los estatutos del órgano de Competencia hasta diciembre de ese año. Sin embargo, el Congreso no lo convalidó, ya que el real decreto también incluía otras medidas controvertidas que valieron el no de PP, Vox y Junts.
Plataformas indeseadas
El Gobierno vuelve a intentarlo, pero la habilitación de la CNMC parece tener los mismos visos de prosperar en el Congreso. Pocos. La reforma de Competencia se ha incluido en el Proyecto de Ley “para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y ordenación en medios de comunicación”. De nuevo, la oposición ha criticado al Ejecutivo por haber mezclado la habilitación de la CNMC con otros aspectos controvertidos, como el famoso listado de medios (que también procede de otro reglamento europeo).
En el marco de la tramitación de este proyecto, Cani Fernández, presidenta de la CNMC, acudió al Congreso. En su intervención ante los grupos, Fernández recordó que España es el único país, junto con Portugal y la República Checa, que sigue sin cumplir con este reglamento, y dejó frases que hoy resuenan, cuando la máxima preocupación del Gobierno es precisamente esa. Cada día que pasa sin que la CNMC sea habilitada se corre “el riesgo de que en nuestro territorio se alojen plataformas indeseadas”, enfatizó.
Precisamente este mes de febrero se cumplen dos años desde que España comenzó a infringir el Reglamento de Servicios Digitales. A expensas de lo que decida el Tribunal de Justicia de la UE, España podría ser uno de los primeros infractores declarados de la norma. Solo le ha adelantado Elon Musk, el hombre más rico del mundo, propietario de la plataforma X, que ya ha recibido una multa de 120 millones de euros invocando este mismo Reglamento de Servicios Digitales.
Letra pequeña
Los anuncios que hizo Sánchez esta semana en Dubái son el cénit de una escalada contra las grandes tecnológicas por parte del Gobierno español. En noviembre, Sánchez acusó a Meta de haber violado la privacidad de millones de personas, y anunció una investigación contra la dueña de Instagram. Meses atrás, recriminó a los “tecnobillonarios” no conformarse con “el poder económico”, acusándolos de querer también “el poder político” y “socavar” las democracias.
Elon Musk no es el único magnate tecnológico que ha cargado contra Sánchez por sus críticas a las tecnológicas. También Pavel Durov, fundador y CEO de Telegram, lanzó un sorpresivo mensaje no autorizado a miles de usuarios cargando contra el presidente del Gobierno. Durov pasó en 2024 cuatro días detenido en Francia acusado de no colaborar con las autoridades para frenar el uso delictivo de su plataforma. Estos días, además, la gendarmería ha registrado las oficinas de X en Francia.
Sánchez prometió en Dubái perseguir penalmente a los propietarios de estas plataformas cuando infringen las leyes. Bruselas ha expresado su “solidaridad” con Sánchez y con los países que “intentan hacer responsables a las plataformas”, si bien duda del plan de Sánchez. En cualquier caso, el Proyecto de Ley de protección a menores en entornos digitales incluye letra pequeña. Una reforma de la ley que regula la jurisdicción contencioso-administrativa. Si el Congreso da luz verde, los juzgados podrán, a instancias de la CNMC, suspender “temporalmente” las operaciones de una red social en España.