Palabras graves y poca urgencia. La presidenta de la CNMC, Cani Fernández, ha vuelto a reclamar en el Congreso que el organismo sea habilitado de una vez como Coordinador de Servicios Digitales. La Unión Europea dio para ello un plazo que expiró en febrero de 2024. Sin esa habilitación legal -una reforma de los estatutos que debe aprobarse en Cortes-, la CNMC no puede velar por el cumplimiento en España del Reglamento de Servicios Digitales, la norma europea que ata en corto a las plataformas digitales. A pesar de ello, y a tenor de lo visto en la comisión parlamentaria en la que intervino Fernández, no parece que este asunto se vaya a solucionar pronto.
Fernández recordó que España es el único país, junto con Portugal y la República Checa, que sigue sin cumplir con este reglamento, también conocido como DSA por sus siglas en inglés. Esto implica que la CNMC no puede coordinar inspecciones a redes sociales, comercios electrónicos, plataformas de vídeos y buscadores en línea. La DSA reparte competencias entre Bruselas y los coordinadores nacionales para vigilar y retirar contenido ilícito de internet, desde material de abuso sexual infantil a falsificaciones, pasando por discursos de odio o publicidad fraudulenta. Esta falta de habilitación legal conlleva riesgos inéditos. Por ejemplo, que España se convierta en el paraíso de los infractores del resto del continente. “Corremos el riesgo de que se alojen en nuestro territorio plataformas indeseadas”.
Un debate de forma
La principal causa del bloqueo es la falta de entendimiento entre los grupos parlamentarios. El Gobierno ya presentó, sobre la bocina, la habilitación de la CNMC. Sin embargo, la medida se incluyó en el polémico decreto ómnibus que el Congreso no convalidó. Ahora la necesaria reforma de la CNMC reaparece en un proyecto de ley que tampoco tiene visos de prosperar. Un proyecto en el que también recoge el desarrollo normativo de otro reglamento europeo, el EMFA, con el que el Gobierno ampara la creación del famoso listado de medios.
Tras la comparecencia de Cani Fernández en la comisión parlamentaria, el PP se comprometió a votar a favor de su habilitación siempre que el Gobierno la presente por separado en un decreto ley. De lo contrario, es previsible que el bloqueo continúe durante meses. El tiempo no juega a favor. En febrero de 2026 se cumplirán dos años desde que España comenzó a infringir el Reglamento de Servicios Digitales al no habilitar a la CNMC. En mayo de este año la Comisión anunció que llevaría a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Se da una paradoja: el primer infractor de Europa del DSA no es una tecnológica como Google o Meta. Es un país como España.
Si el actual proyecto de ley que se tramita en las Cortes no sale adelante (y no parece que lo vaya a hacer), la CNMC seguirá sin poder actuar. El TJUE todavía no se ha pronunciado, pero cuando lo haga impondrá una multa diaria a España hasta que se atenga a la norma. Aunque las sanciones económicas son las más ínfimas de las consecuencias. Que la CNMC continúe atada de manos tiene implicaciones para todos los usuarios de las grandes empresas tecnológicas como Google, Meta, Microsoft o Amazon.
Glovo, Idealista, Milanuncios… sin vigilancia
El Reglamento de Servicios Digitales atribuye competencias a la Comisión, pero también delega fundamentos básicos en los coordinadores nacionales. La norma tiene designados a operadores críticos que por su dimensión y cuota de mercado deben cumplir escrupulosamente aspectos del reglamento. Pero a todos los servicios digitales que operan en el Viejo Continente se le exige que nombren a un portavoz ante las autoridades. El problema es que en España, mientras la CNMC no esté activada, de nada sirven esos nombramientos.
“Ahora no estamos habilitados”, insistió Fernández, lo que implica que no se puede vigilar a plataformas que están operando desde España “como Glovo, Idealista o Milanuncios”. El DSA también desarrolla un mecanismo de “alertadores fiables”, es decir, personas de la sociedad civil que por su experiencia e independencia pueden colaborar detectando y denunciando ilícitos en los que esté incurriendo algún servicio digital. Lo que sucede es que esos “alertadores” deben ser certificados por las autoridades nacionales, y este trabajo continúa bloqueado en España.
Lo más preocupante para la CNMC es todo el trabajo que se está atascando. El DSA cambia un fundamento de la regulación: las plataformas, hasta ahora, no eran responsables de los contenidos ilícitos que alojan, actúan como intermediarias. Ahora tampoco lo serán, siempre y cuando cumplan al dedillo con lo que dicta el reglamento. Para ello, los reguladores nacionales coordinan el trabajo en función del ilícito detectado. Si es una película pirateada, podrá actuar de oficio, ya que también es el regulador audiovisual. Pero si se detectara que en un comercio electrónico se venden fármacos sin receta, la CNMC podrá alertar a otras entidades, como la Agencia Española del Medicamento. Y ese trabajo no se está haciendo.
Más presupuesto
Fernández quiso evitar que la CNMC quedara en medio del fuego cruzado entre los grupos. Instó a los diputados a mandatar ya al organismo en sus nuevas funciones, indistintamente de la fórmula elegida. Sin embargo, el bloqueo continuará al menos lo que dure la tramitación parlamentaria, que se puede alargar durante varios meses a lo largo de 2026. Por ello la responsable del regulador de la competencia agravó su aviso, recordando que el Reglamento de Servicios Digitales supone la creación de una “malla de protección” en los entornos en línea. “España está perdiendo la oportunidad de formar parte de ella”.
Otros países del entorno ya están experimentando con el Reglamento de Servicios Digitales. Sin ir más lejos, y a pesar de los titubeos comunitarios, que Francia haya puesto pie en pared con Shein tras detectarse en la plataforma muñecas sexuales con rostros de niñas es síntoma inequívoco de que la regulación agiliza esos procesos.
Con todo, el proyecto de ley en el que se incluye la habilitación de la CNMC como Coordinadora de Servicios Digitales también incurre en carencias. Las denunció la propia Fernández en el Congreso, refiriéndose al reglamento ENFA sobre medios de comunicación. El Gobierno no ha incluido en la redacción del proyecto la supervisión de los fondos públicos para publicidad estatal o las garantías de independencia para los prestadores del servicio público de televisión. Además, Fernández no lo mencionó, pero lo hizo en ocasiones anteriores. No bastará con la reforma legal. La CNMC necesitará más presupuesto para vigilar a las tecnológicas. Como mínimo, seis veces más dinero. Una quimera: el Congreso acaba de rechazar definitivamente la senda fiscal del Gobierno.