En enero de 2024, Pedro Sánchez anunció que una de las banderas del Gobierno en esta legislatura sería la protección de menores en entornos digitales. Lo hizo en un acto organizado por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), que ya venían trabajando juntas en la idea de crear una aplicación informática que permitiera verificar la edad de los internautas para evitar que niños y adolescentes continuaran accediendo a contenidos inadecuados para su edad.
Año y medio después hay un proyecto de ley atascado en el Congreso de los Diputados y una app que ayudará a verificar la edad de los usuarios todavía paralizada, pendiente de ser certificada por el Centro Criptológico Nacional (CCN), un órgano dependiente del Ministerio de Defensa.
Adelantan a España
En todo este tiempo, otros países europeos han adelantado a España en esta ambición. Francia introdujo en enero una legislación que obligaría a los proveedores de contenidos para adultos introducir mecanismos más eficaces para comprobar la edad de sus usuarios, algo idéntico a lo que se propone la ley española que sigue en fase de enmiendas en el Congreso. En un principio, la norma francesa afectaría únicamente a empresas francesas, pero un decreto galo publicado en marzo extendió esa prerrogativa a plataformas que fuesen operadas desde terceros países.
El decreto de marzo daba tres meses a las plataformas para adaptarse, para introducir mecanismos más eficaces que limitarse a preguntar a los usuarios si eran o no mayores de edad. En lugar de ello, Pornhub, la plataforma de contenidos pornográficos más visitada de todo el mundo, le ha declarado la guerra a Francia, considerado su segundo mercado por detrás de EEUU. La firma chipriota Aylo es propietaria de esta y de otras plataformas que también han bajado la persiana en Francia, como YouPorn. Aunque en enero la empresa la criticó, se comprometió a “respetar la ley en todo momento”. Ahora, acusa al Gobierno galo de poner en peligro la privacidad de los internautas con sistemas de verificación “intrusivos”.
Cartera Digital, casi lista
Clara Chappaz, la ministra francesa de Asuntos Digitales, ha respondido a Aylo defendiendo que los adultos “tienen libertad para consumir pornografía”, pero “sin perjudicar a los menores”. “No se trata de estigmatizar a los adultos, se trata de proteger a nuestros hijos”, defendió la ministra. Chappaz incide en que la regulación francesa garantiza la privacidad de los usuarios adultos que quieran acceder a estos contenidos mediante un sistema de doble anonimato y ha acusado a Aylo de mentir.
Francia se ha convertido así en uno de los primeros países europeos en exigir a plataformas tecnológicas mejores sistemas de verificación de edad. La norma no se ciñe únicamente a los proveedores de contenidos pornográficos, aunque esta es una de las principales líneas de batalla, también en España. La AEPD y la CNMC ya anunciaron a finales de 2023 que habían realizado un ensayo tecnológico que demostraba la posibilidad de comprobar la edad de usuarios en internet sin lesionar su privacidad. Al año siguiente, el Gobierno recogió el guante y el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública comenzó a liderar el desarrollo de Cartera Digital, la aplicación móvil que será necesaria una vez que la Ley Orgánica de Protección de Menores en Entornos Digitales sea aprobada en las Cortes Generales.
Sin embargo, la aplicación, que ya ha sido anunciada bajo el nombre de Cartera Digital Beta, está a un paso de distribuirse públicamente para comprobar su implantación. Se está a la espera de que el Centro Criptológico certifique el trabajo realizado por el Ejecutivo. En el desarrollo normativo también han colaborado otras instituciones, como el Ministerio de Interior o el Ministerio de Juventud e Infancia.
Prueba piloto europea
Junto a Francia, otros países como Suecia también han ido más lejos en el desarrollo normativo para restringir plataformas tecnológicas con contenidos pornográficos. A partir de julio entrará en vigor una reforma del Código Penal sueco que amplía la prohibición de comprar servicios sexuales, vigente desde hace 26 años en el país escandinavo: ahora se considerará que los servicios de plataformas como OnlyFans (en la que los usuarios pueden interactuar con creadoras de contenido pornográfico) se considerará prostitución.
El Gobierno de Sánchez se abanderó de la protección de menores en entornos digitales, si bien sus promesas todavía no han dado sus frutos. Diversos expertos consultados por Artículo14 destacan que, al igual que la industria tecnológica en su conjunto, la industria pornográfica es poderosa y actúa como un lobby. Algunas consultoras, como ResearchAndMarkets, sitúan que la industria del entretenimiento adulto superará los 118.100 millones de dólares en ingresos para 2030.
A pesar de la lentitud con la que avanza el Gobierno, este ha recibido noticias. La Comisión Europea ha encargado a España (pero también en Francia, Grecia, Dinamarca e Italia) la ejecución de pruebas tecnológicas para validar el sistema de verificación de edades sin vulnerar la privacidad ni la seguridad de los internautas. Si en el caso español Cartera Digital colma las expectativas comunitarias, Madrid deberá compartir con el resto de capitales europeas sus hallazgos y sus decisiones a la hora de desarrollar la herramienta.
Más regulación
Especialistas consultados por Artículo14 apuntan que la medida que se tramita en las Cortes españolas es un buen primer paso, “pero aún hace falta dar más”. Es lo que opina Natalia Colmenar Calvo, técnica de sensibilización contra la trata en la ONG Diaconía España. “La industria pornográfica es una industria que mueve muchísimo dinero y actúa como un lobby. La mayoría de sus vídeos reproducen violencias de género y como lobby, tanto la pornografía como la pornoprostitución empiezan a hacer uso de su poder económico”, detalla.
La experta considera que un ejemplo de ello es el sucinto recordatorio que ha hecho OnlyFans después de que Suecia anunciara que desde julio su contenido sería considerado prostitución. La plataforma tecnológica se limitó a recordar que paga en el país escandinavo 12 millones de dólares al año en impuestos.
Diego Hidalgo Demeusois es escritor, autor de libros como Anestesiados, y considera que el proyecto legal español y el desarrollo de Cartera Digital son buenas noticias, aunque cree que en muchas ocasiones “se piensa en cómo proteger a menores en entornos digitales cuando la primera pregunta que deberíamos hacernos es si realmente los menores tienen que estar siempre conectados”. Hidalgo es el promotor del conocido como manifiesto ‘OFF’, que promulga la necesidad de desconectar de lo digital. “Tanto la industria pornográfica como la tecnológica basan su modelo de negocio en atraer la atención de los jóvenes, a medida que tanto sus algoritmos como su conocimiento del cerebro humano se sofistica”.
“Son plataformas diseñadas para explotar nuestras vulnerabilidades”, y “los menores son las primeras víctimas”, lo que se refleja en los “datos que indican el deterioro de la salud mental en los jóvenes”, apunta Hidalgo. Por eso, Natalia Colmenar también enfatiza que es necesario poner a los menores en el centro, “ya no son nativos digitales, son huérfanos digitales”, y siguen siendo necesarios, insiste, más esfuerzos en programas educativos para jóvenes, profesorado y familias.
Más medidas
El debate en torno a la protección de los menores en entornos digitales se produce en varios puntos del planeta. La propia Comisión Europea está atando en corto a plataformas como Pornhub que están cerrando operaciones en Francia por sus últimos cambios regulatorios: a finales de mayo Bruselas anunció la apertura de investigaciones contra ella y otros portales como XVideos por sospechas de no estar cumpliendo el Reglamento de Servicios Digitales con los vigentes y endebles sistemas de verificación de edades.
Sin embargo, la ley para proteger a menores en la red no se circunscribe únicamente al contenido pornográfico. La norma española también plantea escenarios inéditos en ámbitos como los videojuegos o las redes sociales. En ese sentido, el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, ha mantenido en los últimos meses reuniones con gigantes empresariales como Epic Games, la propietaria del videojuego Fortnite, Meta, responsable de Instagram o Facebook, o DigitalES, una de las grandes patronales de la industria digital en España.
Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia aclaran que en la reunión con Epic se abordó también el papel de las cajas botín -sistemas de recompensa por azar para jugadores, similares a un juego de casino- para las que la ley también contempla exigir verificar edades. El Ministerio entiende que “el entorno digital no puede seguir regido por la ley de la selva, por intereses comerciales que se anteponen a los derechos de la infancia” y cree que la industria tecnológica “debe asumir su responsabilidad”. Será cuestión de tiempo saber si las grandes empresas tecnológicas están dispuestas o no a ello.