La crisis sanitaria en Andalucía ha alcanzado uno de sus momentos más tensos. El Gobierno de Juanma Moreno ha anunciado un refuerzo urgente del sistema público de salud tras el colapso del programa de cribados de cáncer. Un episodio que ha revelado carencias estructurales en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y ha abierto una brecha de confianza entre la Junta y los pacientes.
El presidente andaluz, durante un foro celebrado en Sevilla, desgranó las claves del nuevo presupuesto autonómico de 2026: 51.597 millones de euros. De ellos, una parte se destinará a la contratación de 4.370 nuevos profesionales sanitarios, entre ellos 1.200 médicos. Una medida que llega para intentar contener la crisis sanitaria en Andalucía. Especialmente, visible tras los retrasos en los diagnósticos oncológicos del Hospital Virgen del Rocío.
El origen de la tormenta: los cribados de cáncer
Todo comenzó con la denuncia de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama), que destapó supuestos retrasos en los diagnósticos de cáncer de mama y dificultades para acceder a las pruebas en el sistema digital del SAS. Lo que parecía un fallo técnico se convirtió en una ola de indignación que derivó en dimisiones en cadena: la consejera de Salud, Rocío Hernández, el jefe de Radiodiagnóstico del Virgen del Rocío y otro alto cargo del hospital.
La crisis sanitaria en Andalucía ha estallado precisamente en el mayor centro hospitalario de la comunidad, símbolo del sistema público andaluz. Moreno reconoció que parte del problema se debe a la ampliación del propio programa de cribados. Desde 2018, el número de pruebas se ha duplicado —de 245.000 a casi medio millón—, un incremento que el SAS no ha sabido absorber.
El presidente andaluz admitió fallos en la gestión. Pero los atribuyó a un “sistema de opacidad heredado” del antiguo modelo sanitario bajo gobiernos socialistas. “El SAS se diseñó de forma opaca, para que no se supieran las cosas que pasaron durante muchos años”, afirmó Moreno. Sin embargo, esa explicación no ha frenado la polémica ni el descontento social ante la crisis sanitaria en Andalucía.
El propio mandatario reconoció que el problema no se resolverá solo con más presupuesto. Pese a las inversiones récord y el aumento de plantilla en los últimos años, el SAS afronta un “problema de fondo”: una población envejecida, un sistema digital obsoleto y una estructura que no se ha adaptado al nuevo escenario tecnológico ni demográfico.
La reorganización del SAS y el plan de choque
Para hacer frente a la crisis sanitaria en Andalucía, Moreno ha encargado al consejero Antonio Sanz —hasta ahora responsable de Presidencia y Emergencias— la reorganización del SAS. Sanz ya ha iniciado una ronda de contactos con colegios médicos, sindicatos y asociaciones de pacientes para reconstruir la confianza perdida.
Sin embargo, la falta de médicos sigue siendo uno de los grandes desafíos. El plan del Ejecutivo andaluz contempla ofrecer contratos a los médicos internos residentes que finalicen su formación este año, pero los colegios profesionales dudan de que sea suficiente. “No basta con captar nuevos médicos, hay que retener a los que se marchan”, advirtió uno de los representantes del Consejo Andaluz de Colegios Médicos.
La crisis sanitaria en Andalucía ha dejado claro que el sistema público no solo necesita más manos, sino también una reforma profunda en su modelo de gestión y digitalización. Moreno ha prometido crear un comité de expertos, incluso con asesoramiento europeo, para rediseñar la estructura del SAS de cara a la próxima legislatura.
La presión social aumenta
Mientras el Gobierno autonómico intenta calmar las aguas, las asociaciones de pacientes mantienen la presión. Amama ha anunciado una manifestación frente al Palacio de San Telmo este domingo para exigir responsabilidades políticas y transparencia en los protocolos de diagnóstico. “Cuando veamos hechos, nos reuniremos”, declaró su presidenta, Ángela Claverol, al rechazar una primera reunión con Sanz.
La tensión se ha incrementado tras la denuncia presentada por la asociación en los juzgados de Sevilla, que acusa al SAS de haber “borrado” pruebas diagnósticas de los historiales clínicos digitales. Aunque la Junta lo niega rotundamente —“En ningún caso se ha eliminado ninguna prueba”, ha asegurado Sanz—, el caso ha reavivado el debate sobre la gestión de los datos médicos y la responsabilidad institucional en la crisis sanitaria en Andalucía.