El Gobierno de Aragón ha celebrado este jueves un Consejo de Gobierno extraordinario para aprobar el Decreto-ley de prevención y lucha contra la Peste Porcina Africana (PPA) en jabalí, activando una respuesta inmediata frente al foco detectado recientemente en Cataluña.
Con esta medida, el Ejecutivo autonómico pretende reforzar la vigilancia sanitaria y proteger uno de los pilares económicos del medio rural aragonés, el sector porcino, ante una amenaza que podría tener graves consecuencias para las explotaciones ganaderas.
El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón, ha destacado que “desde el mismo momento en que conocimos el foco de PPA en Cataluña, el pasado viernes 28 de noviembre, el Gobierno de Aragón ha actuado con rapidez, contundencia y coordinación total”. Rincón ha subrayado que, actualmente, “no hay ningún caso de PPA en Aragón, ni en fauna silvestre ni en explotaciones ganaderas”, y que el objetivo prioritario es prevenir su entrada en el territorio aragonés.
📑 El Gobierno de Aragón aprueba medidas urgentes para prevenir la entrada de la peste porcina africana en la Comunidad.
💬 Rincón: “Nuestra prioridad es evitar que la PPA entre en Aragón".
🔗 https://t.co/x7jv2SRqMS pic.twitter.com/gGqp1vELij
— Gobierno de Aragón (@GobAragon) December 3, 2025
En este sentido, ha insistido en que se encuentran en un escenario de alerta y prevención, y como prioridad tienen evitar que la enfermedad llegue a Aragón. “Por ello hemos aprobado un decreto-ley que refuerza todas las medidas posibles para proteger a nuestro sector porcino y al medio rural”.
El nuevo Decreto-ley establece una serie de medidas urgentes y concretas centradas en cuatro ámbitos principales. En primer lugar, se refuerzan la vigilancia y el control sanitario, con especial atención a la bioseguridad en las explotaciones y a la monitorización constante de la fauna silvestre, especialmente de los jabalíes, principales transmisores del virus. Asimismo, se contemplan medidas específicas en materia de caza, orientadas a controlar la población de jabalí en el territorio aragonés, una acción que se considera clave para reducir el riesgo de expansión de la enfermedad.
Incluye además un programa de incentivos económicos con subvenciones de 30 euros por jabalí abatido, destinado a los titulares de cotos y a los cazadores, con el fin de fomentar una gestión más eficaz de la cabaña y asegurar una colaboración activa del sector cinegético en el control poblacional. Finalmente, el decreto prevé el desarrollo de campañas informativas dirigidas a la ciudadanía y a los profesionales del sector, con el objetivo de promover la concienciación sobre la importancia de la desinfección, la higiene y la vigilancia permanente frente a la enfermedad.