El Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes, por consenso, una reforma de la ley autonómica de reconocimiento, homenaje, memoria y dignidad a las víctimas del terrorismo. Amplía el número de supuestos que dan derecho a recibir las indemnizaciones establecidas por la comunidad autónoma y ampliar los beneficiarios.
Con la reforma aprobada, en virtud de la proposición de ley promovida por Vox, a favor de la que han votado PP, PRC, PSOE y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio, se añaden como beneficiarios de estas indemnizaciones los herederos de víctimas que hubieran fallecido antes de la entrada en vigor de la ley autonómica.
También se amplían los supuestos indemnizatorios y se extienden a casos de secuestro, extorsión, coacciones o amenazas cuando dichas acciones terroristas hayan llevado a las víctimas a cambiar su residencia, fijándola en Cantabria.
Además, se reconocen efectos retroactivos desde la entrada en vigor de la ley autonómica; se abre el plazo para nuevas solicitudes o revisiones de las desestimadas, y se establece que las convocatorias de ayudas complementarias previstas en la ley tengan carácter permanente, estando abiertas para poder ser solicitadas en el primer trimestre de cada año, informa Europa Press.
También se modifica el texto para que la Administración cántabra gatantice la existencia de programas de asistencia psicológica “inmediata y permanente” a las víctimas del terrorismo y a sus familias, prestados a través del sistema público de salud o mediante convenios con entidades especializadas, así como la habilitación de un espacio físico para que las asociaciones de víctimas del terrorismo puedan desarrollar actividades de encuentro, apoyo mutuo y organización de actos de memoria.
También se establece que la Consejería de Educación desarrolle programas en los centros escolares dirigidos a la preservación de la memoria de las víctimas del terrorismo, fomentando la participación directa de éstas en charlas, encuentros y proyectos divulgativos.
La reforma legislativa, que ha salido adelante por los 34 votos a favor de los diputados que han votado (el socialista Pablo Zuloaga no lo ha hecho por encontrarse ausente), viene a cubrir las “carencias” advertidas en la ley autonómica, aprobada en marzo de 2023, según se explica en la propia proposición de ley. “La experiencia de aplicación aconseja introducir mejoras técnicas y sustantivas para reforzar la protección integral y eliminar incertidumbres interpretativas”, añade el texto.
Aunque la reforma legal ha salido adelante por consenso, ello no ha impedido algunos reproches entre el PP y los grupos de la oposición (PRC, PSOE y Vox) por la forma en que se ha tramitado esta reforma. Y es que en marzo de 2025, el Parlamento aprobó por unanimidad una proposición no de ley impulsada por Vox para instar al Gobierno regional (PP) a realizar estas modificaciones planteadas desde la Asociación Cántabra de Víctimas del Terrorismo (ASCANVITE).
Después de que transcurridos varios meses el Gobierno no llevara a la Cámara un texto para materializar estas reformas, Vox presentó el pasado 28 de octubre una proposición de ley, que es la que ha salido adelante, para dar cumplimiento a la resolución aprobada por el Parlamento.
Los grupos de la oposición han acusado al Gobierno de falta de “diligencia” y de no haber hecho “nada” durante varios meses y solo hacerlo cuando Vox presentó su proposición de ley, sacando “a toda prisa” y en un “gesto improvisado para tapar su incumplimiento”, un proyecto de ley con el objetivo de intentar adelantarse, unas acusaciones que desde el PP han desmentido.
El portavoz popular, Juan José Alonso, ha asegurado que el Ejecutivo lleva “meses” trabajando con ASCANVITE en el proyecto de ley para modificar la norma autonómica.
Además, Alonso ha afirmado que la sociedad española y la cántabra “saben y tienen muy claro quiénes están con las víctimas del terrorismo y conburuag sus familiares y quiénes están con los herederos” de ETA y tratan de “blanquear a los terroristas”.
Así, ha afirmado que el PP no admite “lecciones” de ninguno de los partidos que conforman la “coalición de la oposición”, y menos de los que “se sentaron con Otegi en un caserío para pactar la investidura” de Pedro Sánchez, ha dicho Alonso en relación al PSOE.
Alonso ha acusado a PRC, PSOE y Vox de haber intentado, “con sus desprecios y sus maniobras” al proyecto de ley del Gobierno, “empujar” al PP para que votara en contra de esta proposición de ley, algo que no han conseguido porque, según Alonso, su partido “siempre va a priorizar los intereses de los cántabros” y, en este caso, de las víctimas del terrorismo.
“Nosotros no vamos a competir por ponernos ninguna medalla. Esto es mucho más serio que todo eso. Para el Partido Popular lo verdaderamente importante es que las víctimas del terrorismo cuenten con una buena ley, justa y realista. Y si la ley que nos dimos todos en el 2023 es necesario introducir mejoras, como lo ha constatado, y completarla, por supuesto que estamos de acuerdo y cuentan con nuestro voto a favor”, ha afirmado Alonso.