Ecologistas en Acción ha publicado su informe anual Banderas Negras 2025, un análisis que denuncia los puntos más críticos del litoral español en términos de contaminación y gestión ambiental deficiente. Como cada año desde 2005, la organización ha otorgado un total de 48 banderas negras: dos por cada provincia y ciudad autónoma, tras revisar más de 8.000 kilómetros de costa.
Ocupación ilegal del litoral y turismo masivo, en el foco
En esta edición, el informe pone especial atención en la apropiación indebida del espacio público marítimo-terrestre y los efectos de la presión urbanística, especialmente vinculada a particulares adinerados, sociedades mercantiles y el auge del turismo descontrolado. Eso sí, desde la organización, explican que no están en contra del turismo, pero tiene que estar regulado. “La masificación acaba afectando a quienes vienen buscando precisamente espacios naturales limpios y bien conservados”.
Entre los casos más simbólicos figura la ocupación en la playa de O Con, en Moaña (Galicia), donde se ha otorgado una de las banderas negras a Alberto Núñez Feijóo y Eva Cárdenas por construir sobre terreno público en la costa. Aunque de pequeña escala, el informe destaca su relevancia política y el precedente que podría sentar, especialmente después de que la Xunta —gobernada por el PP— asumiera recientemente las competencias sobre la gestión del litoral.
Principales motivos de las banderas negras
Según el informe, las causas que han motivado la concesión de estas 48 banderas negras se dividen en:
-
13 por urbanización de la costa e invasión del dominio público marítimo-terrestre
-
12 por vertidos y deficiencias en los sistemas de saneamiento y depuración
-
9 por afecciones a la biodiversidad
-
5 por acumulación de basuras y microplásticos
-
4 por obras portuarias o defensas costeras innecesarias
-
3 por contaminación química
-
1 por daños al patrimonio histórico en zona costera
-
1 por un proyecto de almacenamiento de CO₂ con impactos ambientales graves
Casos destacados por comunidades
Galicia aparece especialmente señalada con casos como la isla de Toralla en Vigo, donde una urbanización privada impide el acceso público al litoral, con el consentimiento tácito de las autoridades. Valencia, por su parte, ha sido objeto de crítica por la asignación de banderas azules a playas que aún arrastran consecuencias de la DANA, sin que se hayan completado las labores de limpieza ni evaluado adecuadamente la contaminación.
En Andalucía, se repiten los problemas de ocupación del litoral, como en la costa de Trafalgar en Cádiz, las playas de Vera en Almería o la urbanización en zonas inundables como el humedal del Salar de los Canos. Cataluña, especialmente Girona, concentra varios puntos negros por la presión urbanística en espacios naturales de alto valor, como el pinar de la playa de La Farella o la desembocadura del Rec d’en Feliu, ambos en zona inundable. En las Islas Canarias, el hotel RIU Palace Tres Islas, construido en pleno paraje natural de las dunas de Corralejo (Fuerteventura), vuelve a ser motivo de denuncia por su impacto ambiental.
“Privatización encubierta” del litoral
El informe también denuncia la “privatización encubierta” del litoral por parte del propio Estado o con su consentimiento, al conceder permisos para usos mercantiles en espacios que deberían ser públicos. Ejemplos de ello son:
-
Isla Pancha, en Ribadeo (Galicia), dentro de la Red Natura 2000
-
Aparcamientos que invaden el Parque Natural de las Dunas de Liencres en Cantabria.
-
Chiringuitos en Andalucía que ocupan terreno costero con estructuras permanentes
Banderas negras frente a las banderas azules
El informe de Ecologistas en Acción se publica en paralelo a la tradicional lista de banderas azules, un distintivo que, según los ecologistas, “no siempre responde al estado real de las playas” y que puede generar una falsa percepción de calidad ambiental. En Valencia, por ejemplo, critican que se hayan recuperado las banderas azules en playas aún afectadas por toneladas de residuos acumulados tras la DANA: “No se han completado las tareas de limpieza ni hay estudios sobre el fondo marino”, denuncia el documento.