El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sitúa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el centro de una presunta trama organizada para obstaculizar investigaciones judiciales que afectaban al PSOE y a su entorno familiar. Un auto judicial que se conoció este miércoles y que justifica su decisión de ordenar a la UCO entrar en la sede de Ferraz.
Según la resolución judicial, el nombre del presidente del Ejecutivo aparece citado hasta en once ocasiones, bajo distintas denominaciones: “Presidente del Gobierno”, “el one” —el uno, en inglés— y “el jefe”. En una conversación intervenida entre Leire Díez y Javier Pérez Dolset, el empresario afirma: “Sale la imputación de Begoña Gómez, la mujer del presidente (…) entonces el presidente ya dijo, que se limpie todo“, a lo que Díez respondió “límpiese” y Dolset añadió “límpiese, sin límite”.
Ante esta información relevada, la pregunta inminente es la siguiente: ¿Podría el Tribunal Supremo llamar a Pedro Sánchez como imputado?
Este medio ha consultado con fuentes jurídicas para analizar el escenario que se le abre al presidente. Si bien aún la investigación judicial tiene mucho trabajo por delante, el camino que se traza apunta a que “existen unas muy elevadas posibilidades de que efectivamente Pedro Sánchez sea el primer presidente del gobierno de España en activo que sea imputado por el Tribunal Supremo”, aseguran.
Un entramado muy complejo
Además de los mensajes incautados a Leire Díez, otro de los motivos para sustentar dicha afirmación es que, en una investigación con un entramado tan amplio, es difícil establecer los cortafuegos. “Aquí hay demasiada gente involucrada, demasiados teléfonos, demasiados ordenadores, demasiados whatsapps…”, argumentan.
Una investigación que apunta a Moncloa
Las fuentes consultadas consideran que la investigación abierta por Pedraz adquiere otro nivel para Sánchez, ya que apunta a Moncloa. Mientras que en la trama que envuelve a la empresaria Carmen Pano, según la cual habría entregado 90.000 euros en Ferraz por orden de Aldama, Sánchez puede continuar el relato de que no era consciente de lo que sucedía en la sede del partido, lo que tiene Pedraz ahora “es muy diferente porque apunta directamente a Moncloa”.
El modus operandi de los jueces
“Santiago Pedraz, Ismael Moreno, o José Luis Calama son jueces con mucha experiencia profesional, esta gente sabe hacerlo”, afirman. “Saben que no puede enviar ahora nada al Tribunal Supremo por mucho que estén viendo las evidencias”.
“El TS no es un órgano que instruya, es un órgano de casación, otra cosa es que por aforamiento pues se les encomiende las instrucciones, pero hay que dárselo todo mascado”, explican.
En esta línea, explican que se irá “investigando y acumulando”, hasta que sólo quede preguntarle al presidente del Gobierno. Momento en que se enviaría el caso al Supremo. Y remiten al mismo procedimiento que se siguió con el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos.
Lo del Suplicatorio
Si a Sánchez se le imputara en el Tribunal Supremo, el siguiente paso sería pedir el suplicatorio a la Cámara, en caso de que el juez considerara continuar, ya que el presidente es diputado. Las Cortes tendrán que sacar adelante la aceptación del procedimiento abierto a Sánchez con mayoría simple, que bastaría con la suma de PP y Vox. Si saliera adelante el proceso judicial y finalmente hubiera condena, Sánchez podría ingresar en prisión, al igual que el ex ministro Ábalos.
La defensa de Sánchez
Desde el Vaticano el pasado miércoles, el presidente se refirió a las inspecciones acaecidas en la sede socialista como un requerimiento, y no un registro, para quitarle gravedad al asunto, y descartó adelantar elecciones. Desde un punto de vista jurídico, los magistrados consideran que se trata de una terminología previa para que el partido entregara la documentación, pero una vez la UCO entró y estuvo 12 horas afirman que se trata de un registro. Y estiman que antes que comience el periodo estival el informe estará presentado.
Los otros casos que cercan al presidente
La esposa del presidente, Begoña Gómez, está investigada por tráfico de influencias y malversación, mientras que se ha abierto el juicio contra su hermano David por presunta prevaricación y tráfico de influencias en la Diputación de Badajoz, con petición de tres años de prisión. A ello se suman las investigaciones al diputado socialista Santos Cerdán por un presunto esquema de comisiones ilegales y causas que apuntan a irregularidades en la contabilidad del PSOE y amaños en contratos públicos.
Causas judiciales a las que se une la próxima comparecencia del ex presidente Zapatero en la Audiencia Nacional el 17 y 18 de junio, por presuntos delitos de tráfico de influencias y pertenencia a una red criminal. Según revela el auto del juez Calama, el entonces ministro de Seguridad Social e Inclusión y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, medió para que se condonara la deuda a la compañía venezolana Plus Ultra para rescatarla, lo que se aprobó en Consejo de Ministros.