Theresly Malavé Wadskier es una abogada venezolana especializada en derechos humanos que, en años recientes, se ha convertido en una de las principales defensoras de opositores perseguidos por el aparato judicial y de seguridad del chavismo. Entre ellos, la activista Rocío San Miguel. En la Venezuela actual, el derecho penal ha dejado de perseguir delitos para concentrarse en personas: el proceso mismo se ha convertido en la pena.
El 10 de enero de 2026, el hermano de San Miguel difundió un comunicado en el que se declaraba único portavoz autorizado de Rocío, quien “mantiene medidas de prohibición de declarar públicamente”; de manera que nadie está autorizado a emitir declaraciones en su nombre. Por esa razón, en la presente entrevista se aludirá a la presa política más conocida del régimen de Nicolás Maduro apenas de soslayo. Y no tanto porque José Manuel San Miguel prohíba atribuirle opiniones, posiciones políticas o jurídicas, o interpretar su situación legal, su estado de salud o sus condiciones de reclusión, sino porque en Caracas permanecen familiares de ambas y se trata de evitar cualquier excusa que conduzca a alguno de ellos a las mazmorras hoy administradas por Delcy Rodríguez. En este país, incluso las palabras deben aprender a esconderse.
Directora y cofundadora de la ONG Justicia y Proceso Venezuela (JUYPROVEN), dedicada a la defensa jurídica y al acompañamiento de casos de persecución política, Theresly Malavé ha sido objeto de campañas de hostigamiento por parte del régimen chavista. Esa persecución ha motivado pronunciamientos de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de redes internacionales de ONG, que la han convertido en una referencia visible en el seguimiento de la represión judicial en Venezuela.
¿Garantías del debido proceso? Suspendidas
El 9 de febrero de 2024, la abogada Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, fue detenida en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, junto con su hija, su pareja y su exesposo, en una operación de Sippenhaft (detención de parientes de los objetivos de la represión). Se le acusa de “traición a la patria”, “conspiración”, “terrorismo” y “asociación”, por una supuesta participación en la llamada “Operación Brazalete Blanco” contra Nicolás Maduro.
Conducida ante el Tribunal Segundo con competencia en terrorismo, se solicitó para ella prisión preventiva y fue incomunicada en el temible Helicoide, sin acceso a defensa propia. La abogada Malavé actúa como defensora principal de Rocío desde el inicio, pero al negársele el acceso a su clienta se vio obligada a comunicarse de manera indirecta a través de la única hija de su defendida. La incomunicación -una de las formas más eficaces de la tortura contemporánea- no busca solo quebrar al detenido, sino borrar su existencia pública y romper la cadena de testigos.
Durante los casi dos años que Rocío San Miguel permaneció presa, su abogada nunca tuvo acceso directo a ella. En todo ese tiempo denunció irregularidades sistemáticas: negativa a entregar el expediente, incumplimiento de plazos procesales y una farsa judicial sostenida. En su momento, Malavé calificó el proceso de “tortura inhumana” y exigió garantías internacionales, al tiempo que procuraba visibilizar el caso ante medios internacionales (Artículo14, El País, NTN24), organizaciones de derechos humanos y el Parlamento Europeo, señalando patrones de violencia de género contra defensoras y de obstrucción deliberada de la defensa técnica.
“Tener acceso al defendido es sumamente importante en los primeros momentos, en la etapa de investigación”, explica la doctora Malavé. Y aquí, en Venezuela, eso se niega de manera absoluta. Los detenidos son aislados apenas los capturan y se les niega, tanto a familiares como a abogados, información sobre su lugar de reclusión. La clave está en que no se permite la juramentación, porque los abogados siempre tenemos argumentos para esgrimir mecanismos de defensa: violaciones al debido proceso, inocencia, nulidades. Uno traza su estrategia, intenta recursos, solicita nulidades… todo orientado a acelerar la salida del defendido.
Muy feliz de reunirme con los españoles liberados en Venezuela, que ya están con sus familias en España. Este paso positivo tiene que continuar.
Orgulloso del trabajo de nuestro Servicio Exterior, en especial @EmbEspVenezuela por su labor. pic.twitter.com/kjxDxcqFSv
— José Manuel Albares (@jmalbares) January 14, 2026
“El problema es que aquí no se permite la designación de abogados. En Venezuela quedaron suspendidas definitivamente las garantías del debido proceso: no puedes nombrar defensor, no puedes ofrecer pruebas, no puedes hacer nada. El gobierno -o el tribunal al que es distribuida tu causa- te designa un defensor público, al que no conoces y que muchas veces nunca llegas a ver. Esa persona es la que, en teoría, te va a ‘defender’”.
Consultada, entonces, sobre qué le queda al defensor privado, Malavé responde:
–Mi ONG está compuesta por tres abogados, y pare usted de contar. No tenemos financiamiento y, por ende, tampoco contamos con personal. Pero los tres litigamos en tribunales, hacemos toda la tramitación, documentamos torturas y violaciones al debido proceso y representamos los casos en instancias internacionales. Defendemos tanto a venezolanos como a personas con doble nacionalidad y a extranjeros.
Ya sabes quién…
-Recuerda que no puedo hablar de ‘Ya sabes quién’ —advierte ante una pregunta—, porque tiene su familia aquí. Esa es otra realidad: los presos políticos pueden salir, pero los únicos que pueden hablar son quienes no dejan a nadie en Venezuela.
Hablaré, pues, en términos generales. Se ha ido agravando la forma de persecución y, en la actualidad, las garantías del debido proceso están completamente suspendidas. Los cuerpos de seguridad se presentan en la casa del perseguido, se lo llevan, lo desaparecen, y los familiares quedan atrapados en un vía crucis de angustia: no saben dónde está su ser querido, no saben si está con vida y albergan la certeza —porque eso es seguro— de que está siendo sometido a torturas o malos tratos. En Venezuela no hay presos individuales: la prisión se derrama sobre el entorno íntimo del detenido y condena también a quienes esperan afuera.
Así pueden pasar meses. En algún momento reciben una llamada para informarles el paradero y permitirles la entrega directa de “paquetería”: comida, ropa, medicinas. Nada de eso corre por cuenta del carcelero; todo es responsabilidad de los familiares. Para ese momento, puede ser que el detenido haya sido presentado ante un tribunal o puede que no. Hay numerosos casos en los que pasan los meses y las personas siguen desaparecidas, sin que nadie informe dónde están.
“Como ocurrió con Ya sabes quién, a ninguno de los presos políticos se les permite nombrar defensor privado. Eso equivale a no conocer jamás su expediente, porque los defensores públicos que les imponen no se comunican con ellos, no los visitan, no se manifiestan de ninguna manera. Además, la mayoría de las audiencias en Venezuela son ‘telemáticas’, sin respetar en absoluto las condiciones establecidas en las circulares oficiales. Puede ser una llamada, un teléfono en altavoz, y ya. Así pasó con Ya sabes quién. Nadie conoce el contenido real del proceso y, al no conocer bien el derecho penal, los detenidos desconocen también sus propios derechos. Hay audiencias preliminares en las que el juez se limita a decir: ‘usted va a juicio’, sin permitir siquiera que el reo declare su inocencia. Es tan complejo que tendría que echar mano de un esquema gráfico para explicar el entramado”.
Respecto a los secuestrados extranjeros sin doble nacionalidad, Malavé es tajante:
—La pasan muy mal. Si no tienen a nadie en Venezuela y no logran avisar a sus familiares en el extranjero o a sus representaciones consulares, se quedan sin comida y sin esperanza. Se las ven muy feas. Y no digamos quienes no hablan español.
Para todos, como han confirmado los liberados italianos y el francés, las cárceles del régimen chavista son un infierno. Para Rocío San Miguel significaron aislamiento prolongado, torturas físicas, un hombro roto tras una caída, falta de atención médica y obstrucción sistemática del expediente judicial. En ese sistema, la justicia no llega tarde. Llega torcida.