El Gobierno de Estados Unidos ha llegado a un acuerdo para pagar casi 5 millones de dólares a la familia de Ashli Babbitt, la mujer fue abatida por un agente de la Policía del Capitolio durante el asalto ocurrido el 6 de enero de 2021. La indemnización busca cerrar una demanda civil por homicidio imprudente presentada por sus familiares.
Inicialmente, la demanda exigía una compensación de 30 millones de dólares por daños y perjuicios. El acuerdo fue alcanzado sin que se reconociera ninguna admisión de responsabilidad por parte del gobierno federal ni del oficial involucrado, Michael Byrd, quien disparó el arma que causó la muerte de Babbitt.
Asalto al Capitolio
Ashli Babbitt tenía 35 años y era originaria de California. Sirvió en la Fuerza Aérea de Estados Unidos durante más de una década.
El 6 de enero de 2021, Babbitt participó en la irrupción violenta al Capitolio junto a cientos de simpatizantes del presidente Donald Trump, con el objetivo de evitar la certificación del triunfo electoral de Joe Biden.
Durante el asalto, Babbitt intentó trepar a través de una ventana rota que conducía al vestíbulo de la Cámara de Representantes, un área que en ese momento estaba siendo evacuada debido al ingreso de los manifestantes. Ahí fue cuando el teniente Michael Byrd, miembro de la Policía del Capitolio, le disparó. El proyectil impactó su hombro, y Babbitt fue trasladada a un hospital, donde falleció horas más tarde.
“Salvé vidas ese día”
La familia de Babbitt sostenía que el uso de la fuerza letal fue innecesario e injustificado, y que ella no portaba armas ni representaba una amenaza directa en el momento en que fue abatida. Argumentaron que tenía las manos visibles y que otros métodos no letales pudieron haberse utilizado para detenerla.
Además, criticaron al teniente Michael Byrd por no estar uniformado, llevar mascarilla —lo que impedía su identificación clara— y por no haber intentado desescalar la situación antes de recurrir al uso de su arma de fuego. La querella exigía una compensación de 30 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos, responsabilizándolo de una acción letal que, según ellos, fue evitable.
Por su parte, el teniente Byrd defendió su decisión, afirmando que actuó en cumplimiento del protocolo y con la intención de proteger a legisladores y empleados del Capitolio que estaban “atrapados” en ese momento sin una vía segura de escape. En una entrevista posterior, Byrd afirmó: “Salvé vidas ese día”.
Who else thinks that Michael Byrd needs to stand trial for gunning down Ashli Babbitt pic.twitter.com/HTD8z5HBKK
— @Chicago1Ray 🇺🇸 (@Chicago1Ray) May 19, 2025
Una revisión interna realizada por la Oficina de Responsabilidad Profesional de la Policía del Capitolio concluyó que el disparo de Byrd estaba dentro de las normas del departamento y que su intervención probablemente evitó una tragedia mayor. El Departamento de Justicia de Estados Unidos también anunció, tras una investigación, que no presentaría cargos penales contra Byrd.
“Un mensaje escalofriante”
El acuerdo ha generado reacciones divididas. El jefe de la Policía del Capitolio, Tom Manger, expresó su decepción ante la decisión del gobierno federal de llegar a un arreglo financiero con la familia de Babbitt. En un comunicado, Manger declaró que “este acuerdo transmite un mensaje escalofriante a los agentes del orden en todo nuestro país, especialmente a aquellos con una misión protectora como la nuestra”.
Mientras tanto, el presidente Donald Trump ha defendido públicamente a los asaltantes en múltiples ocasiones. En enero de 2025, ya como presidente nuevamente, Trump otorgó un indulto general a más de 1,500 personas acusadas de delitos relacionados con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, incluidas muchas que agredieron a agentes de policía.
También, ordenó la destitución de todos los fiscales federales restantes de la era Biden, incluidos los que llevaban los casos vinculados al asalto. Además, instruyó al FBI para que identificara a los agentes involucrados en las investigaciones sobre el ataque, lo que generó fuertes críticas y temores sobre una purga institucional.