Las costuras de la mayoría parlamentaria que permitió a Pedro Sánchez revalidar La Moncloa se ven cada día más tensas. El Gobierno, que aún arrastra su indignación por la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha tenido que digerir en una misma semana una nueva derrota parlamentaria a manos de Junts, y la entrada en prisión provisional de José Luis Ábalos.
El exnúmero tres y exministro, para el que la Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de cárcel, pasó sus últimas horas en libertad lanzando recados al Ejecutivo de coalición, y muy particularmente al partido que le expulsó de su grupo parlamentario en el Congreso hace más de año y medio. No le retiró definitivamente el carnet socialista hasta junio.
Tras su entrada en prisión, inicialmente el PSOE intentó vender resignación, dando por “amortizada” la presunta corrupción del segundo secretario de Organización de Sánchez que va a parar a Soto del Real. Sólo una semana después de que Santos Cerdán abandonara el mismo centro.
El viernes, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, escenificó el cambio de estrategia y pasó al ataque; Ábalos ya no era únicamente un hombre “sólo” y “trastornado” por su probable ingreso en prisión, como aseguraban en su partido horas antes. Cobraba forma la idea del “chantaje”.
Del Ábalos “trastornado” al “chantaje”, en menos de 24 horas
La mujer con más peso en el Gobierno y en el PSOE fue quien advirtió de que su paciencia con el extodopoderoso secretario de Organización ha llegado a su límite. “Este partido y este Gobierno jamás se van a dejar chantajear por nadie, y eso lo sabe el señor Ábalos perfectamente”.
Antes de que Montero pusiera pie en pared, el partido había tratado de dejar en segundo plano el “asco” y la rabia que sienten ante las supuestas conductas de Ábalos. Particularmente, les repugna que supuestamente fuera “un putero”, en palabras de un dirigente.
Ya no esconden la indignación. Ni ningunean la advertencia del presidente castellanomanchego, Emiliano García Page, de que el exministro podría empezar a divulgar información comprometedora próximamente. No obstante, nada altera los planes del Ejecutivo, hoy dispuesto a mantener el rumbo para intentar agotar la legislatura, a pesar del bloqueo anunciado por Junts y por los escándalos.
Tras el último pleno del año, previsto para la segunda semana de diciembre, la Cámara Baja pasará a funcionar al ralentí. Enero es inhábil, y no suele acoger más que algún pleno extraordinario o trabajos puntuales de las respectivas comisiones. La actividad se reducirá sensiblemente hasta febrero, y con ello habrá menos derrotas parlamentarias que lamentar.
Febrero-Marzo, cuando se despejará el horizonte
Un dirigente del PSOE apunta que entre febrero y marzo, cuando se despejen incógnitas como las que rodean al previsible regreso de Carles Puigdemont a España, podrán atisbar si el horizonte de la legislatura se aclara. O si, por el contrario, surgen nuevas sombras, como las que puede generar el juicio al hermano del presidente, David Sánchez. Sin olvidar los avances en las investigaciones a Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García.
Un dirigente crítico diagnostica cierta “depresión” a la interna, aunque asume que no va a darse ninguna “rebelión”. No se producirá, vaticina, por el “miedo” de la mayoría de dirigentes territoriales a la reacción de una base “conectada emocionalmente” con Sánchez.
Sí advierte de la creciente “sensación de una frustración muy inconveniente” de cara al nuevo ciclo electoral, en el que Extremadura es la primera meta. La encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en este territorio, publicada el viernes, vaticina que los socialistas perderían hasta 9 escaños en el que fuera uno de sus feudos históricos.
La maniobra de Feijóo
En el ala socialista del Ejecutivo y en el PSOE afirman que el suelo en el que pisan, por el momento, no se está resquebrajando. Sin embargo, Junts volvió a decir ‘no’ el jueves a la misma senda de déficit que ya había rechazado en dos ocasiones en 2024 (sólo una se votó).
Sumando sus votos a los del PP y Vox, con las abstenciones de Podemos y de una de las dos diputadas de Compromís, los de Puigdemont hicieron saltar por los aires la primera piedra del edificio presupuestario. Los independentistas y los morados aseguraron que la vicepresidenta Montero únicamente presentaba estas cifras con el convencimiento de que el PP votaría en contra para usar esta negativa como eje de su campaña en Andalucía. Podemos se queja de que ni siquiera recibió una llamada.
Junts cumplió su amenaza. Y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reclamó a la patronal catalana Foment del Treball, con gran ascendencia sobre el partido de Puigdemont, que presione al expresident para que avale una moción de censura. Hasta hoy, los independentistas siempre han dado portazo.
Feijóo se asomó el viernes al escenario que el jueves aún no quería contemplar. Hoy lo condiciona a que las investigaciones sobre el origen de los pagos en metálico del PSOE a Ábalos y García apunten a una posible financiación ilegal del partido de Sánchez, que fuerce a sus socios a mover ficha. El partido sostiene que se trata de reintegros de gastos, y que su procedencia es lícita y está documentada en su contabilidad.
El aviso para navegantes de Aitor Esteban
Del domingo al viernes, el PNV ha elevado la intensidad de sus advertencias al Gobierno. De avisar de la configuración de una “mayoría negativa”, su presidente, Aitor Esteban, ha pasado a alertar de que “las costuras del Estado se están tensando mucho”.
“No sólo es la entrada en prisión de Ábalos”, aseveró en declaraciones a los medios de comunicación. También aludió a la causa contra Cerdán, la condena al fiscal general del Estado y a la “inestabilidad parlamentaria” del Congreso. Es “prácticamente imposible conseguir una mayoría”, destacó.
Aliados y rivales reconocen a Esteban, portavoz del partido jetzale en el Congreso hasta hace algo más de medio año, olfato y cintura política. En el PSOE siempre han asumido que sus declaraciones están cargadas de contenido, que deben ser tenidas en cuenta.
Por su parte, Podemos, cada día más distanciado del Ejecutivo, reclama explicaciones al presidente, así como actuaciones concretas contra las empresas corruptoras. Sumar, el socio minoritario de la coalición, así como los aliados parlamentarios de izquierdas (ERC, EH Bildu y BNG), mantienen posiciones. No abrirán nuevos frentes si no hay indicios serios de financiación irregular, y mantienen que hoy todo apunta a que la mancha únicamente afecta a Ábalos, Cerdán y García.
“Aunque nos continúen interrogando sobre si esto sigue siendo cosa de tres jetas que distribuyeron sobornos o crearon redes, consideramos que no es suficiente para derribar un gobierno”, sintetizó Gabriel Rufián, portavoz ERC. El mismo que alerta que la “alternativa, a juzgar por las encuestas, es un ejecutivo de PP y Vox. Y de que será Junts quien dinamite la era Sánchez.
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