Mientras Venezuela continúa buscando supervivientes entre los escombros, la magnitud de la tragedia sigue creciendo. Al cierre de esta edición, las autoridades elevaban a xxx los fallecidos y más de xxx los heridos, mientras miles de personas permanecen desplazadas y decenas continúan desaparecidas tras el doble terremoto que sacudió el centro y norte del país. La Guaira, una de las zonas más castigadas, permanece fuertemente militarizada para facilitar las labores de rescate y garantizar el orden público, mientras equipos internacionales de emergencia procedentes de distintos países ya trabajan sobre el terreno junto a organismos de Naciones Unidas.
La emergencia ha provocado una inédita movilización internacional. Gobiernos con posiciones enfrentadas respecto a Caracas han ofrecido ayuda humanitaria, mientras el ejecutivo venezolano de Delcy Rodríguez asegura haber habilitado mecanismos extraordinarios para canalizar la asistencia exterior. Sin embargo, numerosas organizaciones humanitarias alertan de que el verdadero desafío comienza ahora: distribuir esa ayuda de forma rápida, transparente y sin discriminaciones en un país cuya infraestructura sanitaria y de servicios públicos lleva años profundamente deteriorada.
Para Martina Rapido Ragozzino, investigadora para las Américas de Human Rights Watch, el terremoto no solo ha destruido edificios y carreteras. También amenaza con profundizar una crisis de derechos humanos que ya era una de las más graves del continente.
-¿Cuál es la principal preocupación desde la perspectiva de los derechos humanos tras el terremoto?
-Hay dos elementos que se combinan y hacen que esta tragedia sea especialmente grave. Por un lado, cualquier terremoto supone un enorme riesgo para la población y pone a prueba la capacidad del Estado para proteger derechos fundamentales como la vida, la salud o el acceso a vivienda y alimentación. Pero Venezuela ya llegaba a esta tragedia con una crisis humanitaria prolongada. Desde hace años millones de personas tienen dificultades para acceder a servicios básicos, medicamentos, agua, electricidad o atención sanitaria.
Al mismo tiempo, el terremoto llega cuando todavía no se ha desmontado el aparato represivo construido durante años. Aunque ha habido avances como algunas liberaciones de presos políticos, la transición política sigue siendo incierta. Ambas crisis se superponen y convierten la situación en extraordinariamente compleja.
-¿Quiénes son ahora los colectivos más vulnerables?
-La realidad es que toda la población está siendo afectada. Muchas familias siguen sin saber dónde están sus seres queridos y eso ocurre en un país donde ocho millones de venezolanos viven fuera. El exilio hace que haya familiares intentando localizar a personas desde distintos países del mundo.
A eso se suma un problema muy grave: las restricciones a la información. Durante años muchas plataformas digitales y medios han permanecido bloqueados en Venezuela. Incluso durante las primeras horas posteriores al terremoto hubo enormes dificultades para comunicarse. Eso multiplica la angustia de quienes buscan noticias de sus familiares.
Después están los grupos especialmente vulnerables: los barrios más pobres, donde las construcciones eran más precarias; las personas mayores, muchas de ellas viviendo solas porque sus hijos emigraron; comunidades que ya sufrían enormes carencias antes del terremoto y que ahora han perdido prácticamente todo.
-También menciona a los presos políticos. ¿Cómo afecta esta emergencia a su situación?
-Es uno de los aspectos que más preocupa. Ya existían enormes restricciones para que los familiares pudieran comunicarse con ellos. Ahora esa incertidumbre es todavía mayor. Hay centros penitenciarios de los que apenas llega información y familias que desconocen completamente el estado de sus familiares detenidos.
Además, muchas decisiones judiciales quedan ahora paralizadas. Procesos de excarcelación, solicitudes pendientes o medidas relacionadas con presos políticos podrían retrasarse porque toda la atención institucional está concentrada en la emergencia.
-¿Estaba preparado el Estado venezolano para afrontar una catástrofe de esta magnitud?
-Desafortunadamente no. Si un sistema sanitario ya tenía enormes carencias antes del terremoto, resulta evidente que difícilmente puede responder cuando miles de personas necesitan atención urgente al mismo tiempo. Los hospitales ya sufrían falta de insumos, de personal y de recursos. Lo mismo ocurre con otros servicios públicos. La crisis humanitaria previa demuestra precisamente que el Estado llevaba años sin poder garantizar plenamente derechos básicos. El terremoto pone todavía más en evidencia esas debilidades.
-La comunidad internacional ha reaccionado rápidamente. ¿Qué espera Human Rights Watch de esa ayuda?
-Lo más importante es que llegue realmente a quienes la necesitan. Hemos visto ofrecimientos de ayuda procedentes de gobiernos muy distintos, incluso de países que mantenían profundas diferencias políticas con Venezuela. Eso demuestra que, ante una tragedia de esta magnitud, debería prevalecer el aspecto humanitario. Pero esa ayuda tiene que distribuirse con transparencia y sin discriminación. Lo importante ahora es salvar vidas y atender a la población.
-¿Está llegando ya esa ayuda a los afectados?
-Todavía hay mucha incertidumbre. Hemos recibido información de comunidades donde los propios vecinos estaban rescatando personas con sus manos y utilizando únicamente la luz de sus teléfonos móviles. Sabemos que equipos internacionales de rescate ya han comenzado a llegar y que Naciones Unidas también está movilizando recursos. Pero sigue sin estar claro hasta qué punto toda esa ayuda está alcanzando a las personas que más la necesitan.
Además, existen informes sobre centros de acopio organizados por la sociedad civil que habrían recibido visitas de fuerzas de seguridad para limitar o supervisar su funcionamiento. En una emergencia como esta cualquier ayuda debería poder llegar sin obstáculos a la población.
-¿Existe el riesgo de que el terremoto haga pasar a un segundo plano las vulneraciones de derechos humanos?
-Ese riesgo existe. Antes del terremoto seguían abiertos numerosos debates sobre presos políticos, reformas institucionales y la propia transición política. Ahora todo eso podría quedar temporalmente paralizado porque la prioridad absoluta son los rescates y la atención a las víctimas.
-Venezuela sigue profundamente dividida políticamente. ¿Puede una tragedia como esta favorecer algún tipo de unidad?
-Yo esperaría que sí. En un momento como este las diferencias políticas deberían quedar en segundo plano. No es posible responder eficazmente a una tragedia de esta magnitud si se mantiene la confrontación permanente o si se impide colaborar a determinados sectores simplemente por razones ideológicas. La reconstrucción exigirá mucho tiempo, enormes recursos y la participación de toda la sociedad. Nadie pregunta a quién votó una persona cuando está atrapada bajo un edificio.
-¿Cuál cree que será el gran desafío una vez termine la fase de rescate?
-Venezuela afronta una tarea gigantesca. Tendrá que reconstruir infraestructuras, viviendas y servicios públicos, pero también seguir intentando reconstruir sus instituciones democráticas. Son dos procesos enormemente complejos que ahora deberán desarrollarse al mismo tiempo.