El juez Santiago Pedraz, que instruye la causa de las presuntas cloacas del PSOE, ya ha dado traslado a las partes para que presenten alegaciones sobre el último escrito presentado por el partido, en el que se niega a aportar la información requerida por sobre las contrataciones de servicios jurídicos entre el 2021 y el 2025. Esta misma semana, Pedraz apremió a Ferraz a entregar una documentación ya solicitada el 6 de octubre. Si bien, la respuesta del partido ha sido no contestar y pedir más tiempo.
Ahora, según fuentes del caso, el juez de la Audiencia Nacional prepara la respuesta al PSOE después del escrito firmado por el letrado de Ferraz. En él, Alberto Cachinero insiste en que han colaborado en la causa de “forma manifiesta”, pero que esta vez no es posible cumplimentar lo requerido por tres razones. Por un lado, porque la información no está centralizada en la sede de Ferraz y hay que recabarla de cada territorio. Por otro, porque están en periodo electoral y la maquinaria del partido está centrada en los comicios. Y, por último, porque “la información solicitada afecta a personas distintas y ajenas al partido, cuyos concretos derechos e intereses pueden quedar lesionados si se conocieran públicamente los datos solicitados”.
El letrado también justifica su negativa porque “puede afectar a la intimidad de los cargos defendidos y a su significación ideológica”. “El PSOE es parte mediante el ejercido de acciones y cuya posición podría verse afectada si se conociera el contenido de los encargos y la estrategia confiada a sus abogados, comprometiéndose con ello el derecho a la tutela judicial efectiva”, afirman, en referencia a las causas donde se encuentra personado el PSOE como acusación popular, principalmente los casos de corrupción del PP.
Por último, Cachinero no ve que tenga la potestad para pronunciarse sobre el secreto profesional de terceras personas: “La entrega directa de esta información, sin esas autorizaciones, podría comprometer además los deberes legales y deontológicos de quienes la realizaran, lo que impide, con todo respeto al órgano judicial, en este momento, a este Servicio Jurídico proceder a ella sin un pronunciamiento previo”. De ahí que pida al Consejo General de la Abogacía Española “que se pronuncie sobre el alcance del secreto profesional en relación con la información requerida”.
Según el escrito, al que ha tenido acceso este periódico, Cachinero no pretende que el Consejo General de la Abogacía se pronuncie sobre la resolución de Pedraz, sino que “concrete el alcance del secreto profesional” al que el requerimiento se remite y traslade su criterio al Tribunal.
Cabe recordar que Pedraz quiso recabar esta información a raíz de la declaración en calidad de imputada de Ana María Fuentes Pacheco, la gerente socialista, que aseguró obedecer órdenes de Santos Cerdán para la contratación de algunos letrados. La UCO de la Guardia Civil sospecha que estos abogados fueron contratados para camuflar pagos a Leire Díez o con el motivo de desestabilizar causas judiciales. Y de ahí que el instructor -que indaga en la presunta organización criminal liderada por Santos Cerdán y coordinada por Leire Díez- quiera hacer una radiografía exhaustiva del motivo de la contratación y las funciones que desarrollaron estos abogados.
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