La masiva entrada irregular de personas desde Marruecos a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio dejó la irreparable pérdida de decenas de vidas humanas —hasta 150 si se suman los fallecidos en aguas territoriales del país norteafricano, según datos recopilados por la ONG Caminando Fronteras—.
La jueza de la Audiencia Nacional que investiga dicha entrada en la ciudad autónoma, María Tardón, indicó en una resolución judicial dictada el pasado 7 de septiembre que, de entre todas las víctimas mortales, los cadáveres de 83 de ellas fueron recuperados en aguas territoriales españolas. Estas personas, las cuales formaban parte de un importante grupo que fue “incitado” a arrojarse al mar desde el territorio marroquí, murieron “por ahogamiento o aplastamiento u otras causas relacionadas con la travesía a nado”.
Además, la magistrada Tardón fue tajante cuando se refirió a la entrada irregular per se, ya que señaló que durante la misma hubo un “menosprecio de sus circunstancias físicas, sin tener en cuenta la condición de vulnerabilidad de muchas de ellas”. Estas, según la instructora, eran personas de avanzada edad, familias con niños, bebés en brazos de sus padres a las que se les proveyó de “endebles instrumentos de flotabilidad” para que entraran en la playa de El Tarajal.
“No podemos ayudaros en nada”
Ese “menosprecio” también se reflejó en las acciones llevadas a cabo por Marruecos, que rechazó la repatriación de varios de sus nacionales fallecidos al cruzar la frontera.
Younes, un marroquí de 19 años, fue uno de los pocos que pudo ser identificado. Según una noticia publicada por la cadena SER el pasado 26 de agosto, ese reconocimiento se llevó a cabo gracias a que su huella se encontraba en el registro de menores de Ceuta tras haber sido un menor tutelado.
Sin embargo, su cadáver no pudo ser repatriado a su lugar de origen. Los familiares de este joven dijeron que era el país norteafricano “el que no quería que esto siguiera adelante”: “Nos dijeron que esto había llegado desde Rabat. Queríamos tramitar esos papeles e incluso hubo gente que intercedió por nosotros, pero al final nos dijeron: ‘No podemos ayudaros en nada‘”.
En la misma línea el Faro de Ceuta publicó una noticia el pasado 19 de agosto en la que se informaba de que Marruecos rechazó la repatriación del cadáver de Mohamed Said Arif, otro de los fallecidos en Ceuta. Después de que la funeraria cruzara la frontera del Tarajal, se impidió la entrada del cadáver en el país norteafricano cuando todos los trámites necesarios habían sido aprobados. Tras permanecer el vehículo funerario con el cuerpo de este varón de 21 años en mitad de la frontera, con las ambulancias esperando en zona marroquí para recoger el ataúd y proceder a su traslado hasta Rincón, se negó la entrada.
Finalmente, estos rechazos se tradujeron en que esas víctimas mortales, cuyos cadáveres fueron recuperados en aguas territoriales españolas, tuvieron que ser enterradas en la ciudad autónoma.
“España debe probar que son marroquíes”
Cabe recordar que el ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, condicionó la aceptación por parte del país norteafricano de los cadáveres de sus nacionales a dos requisitos: la entrega a Rabat de los informes forenses y la repatriación de los menores marroquíes que se encontraran en la ciudad española.
“No podemos recibir los cuerpos sin saber quiénes son estas personas, eso en primer lugar. En segundo término, hemos pedido que nos devuelvan a los vivos y ahora hablan de los muertos. Nosotros no separamos entre vivos y muertos“, declaró Ouahbi en una entrevista con el canal saudí Al Arabiya el pasado 22 de agosto.
El titular de Justicia subrayó que Marruecos desconocía cuántos cuerpos de marroquíes había en Ceuta porque las autoridades españolas no facilitaron sus informes forenses. “Queremos sus expedientes para determinar si son marroquíes, de África subsahariana o de otros países árabes”, precisó.
Cuando se le preguntó por qué su país no creó un mecanismo para recoger muestras de ADN de las familias de los desaparecidos durante la última oleada migratoria, Ouahbi rechazó la propuesta y reiteró que corresponde a España entregar los archivos médicos y las fotos de los fallecidos. “Ellos (España) deben probar que son marroquíes“, añadió.