Desde Artículo14 llevamos semanas dando voz a las víctimas de agresiones sexuales dentro del ejército español, las cuales se ven envueltas en situaciones de vulnerabilidad absoluta debido a la inacción de ciertos tribunales, el ineficiente protocolo de actuación y a la estigmatización y señalamiento por parte de compañeros y superiores. Hemos hecho un repaso de esta situación en diversos países para comparar y analizar su situación, y dar cuenta de los protocolos y mecanismos de actuación contra esta violencia y de los inconvenientes a los que se enfrentan las víctimas.
En numerosos países del entorno occidental europeo no existe una Jurisdicción militar en tiempos de paz en su territorio, la cual ha ido desapareciendo de estos poco a poco, a medida que estos casos y estas denuncias eran procesadas por la Jurisdicción Ordinaria.
Francia
Existe desde 2014 la plataforma “Thémis” para recopilar denuncias de cualquier oficial víctima o testigo de acoso sexual. Esta se encuentra bajo la autoridad de control general de las Fuerzas Armadas, cuya independencia estaba garantizada por ley. La remisión del caso a la unidad Thémis conlleva la creación de un expediente y su transmisión a la autoridad competente, encargada de abrir una investigación interna. No obstante, en la práctica mostró flaquezas y no permitía suficiente libertad de expresión, de acuerdo con un centenar de testimonios. Por ello, en junio de 2024 una instrucción ministerial ordenó un endurecimiento de las sanciones disciplinarias impuestas, siguiendo las recomendaciones de los inspectores generales de las Fuerzas Armadas e investigando en el fuero civil para garantizar imparcialidad.
Entre uno y dos centenares de informes son recogidos por la investigación interna de los cuerpos armados, un número bastante más bajo de lo que se estima para los alrededor de 240.000 soldados del Ejército, 15% de los cuales son mujeres. Estos datos, junto a las recomendaciones y advertencias presentes en los informes de la investigación militar, deja entrever las dificultades aún persistentes a pesar de los esfuerzos estatales.
Italia
Su modelo latino de la Giustizia Militare ha servido de modelo para otros países europeos como España, reformada en 1981, integrando a Magistrados Militares dentro de secciones de Tribunales Comunes, dictando sentencias decisorias la Sección Militar de la Corte Suprema.
La desprotección que sufren las militares italianas es preocupante; no existe un recuento específico de las agresiones sexuales en el ejército, no se da una relevancia a los datos de estos delitos. Uno de los ejemplos más impactantes fue el de una militar en Nápoles, la cual demandó a otro soldado tras percatarse el comandante mayor del Ejército de que la mujer se presentaba al servicio con evidentes signos de maltrato en el rostro. Tras semanas de terapia, dio su nombre a las autoridades, pero el tribunal militar acabó por absolver al hombre “porque creía que la mujer estaba celosa”. Esta decisión y la falta de una contabilización de las agresiones de esta índole muestran la situación tan vulnerable en la que se encuentran las militares.
Estados Unidos
El país con mayor gasto de defensa en el mundo cuenta con un peculiar sistema de justicia militar, en el que es el comandante quien decide cuándo y por qué delitos un militar será o no sometido a juicio. No obstante, en el ámbito de las agresiones sexuales son los encargados de proveer los informes de agresiones sexuales a las MCIOs u Organizaciones Investigadoras de crímenes militares, quienes proveen representación independiente, especializada y experta, operando independientemente de las cadenas de mando militares.
Alrededor de 8.200 víctimas denunciaron el pasado año agresiones sexuales dentro del cuerpo militar, un 4% menos que el año anterior y resultado de un redoble en los esfuerzos propuestos tras el repunte de casi 9.000 denuncias en el año 2022. No obstante, preocupa por otro lado el aumento de los casos denunciados de acoso sexual, que siguen al alza hasta superar las 3.000, con una amplia mayoría de mujeres denunciantes y hombres perpetradores.
A pesar de que el descenso en las denuncias no implica directamente un descenso en las agresiones, los servicios de defensa invirtieron más de mil millones de dólares y contrataron a 2.500 nuevos trabajadores como parte de una fuerza de trabajo preventiva.
Mientras un nuevo movimiento #Metoo surge en las fuerzas armadas internacionalmente, los protocolos y formas de proceder en los distintos países exigen una revisión para evitar decisiones arbitrarias tomadas por miembros del mismo cuerpo. La inversión en programas de prevención, en mejoras protocolarias y cambios en los procesos judiciales se entiende necesaria de cara a dar voz a las víctimas de unas agresiones que han permanecido mucho tiempo silenciadas.