Hay fechas que parecen imposibles de alcanzar. Para las familias de las víctimas del 11-S, una de ellas es la del juicio. Este viernes, Estados Unidos recordará el vigésimo quinto aniversario de los atentados que mataron a 2.977 personas en Nueva York, el Pentágono y Pensilvania. Pero cuando vuelvan a pronunciarse los nombres de los muertos, el país seguirá sin una sentencia contra los hombres acusados de organizar el ataque.
El juicio contra Khalid Sheikh Mohammed y otros tres acusados comenzará, si el calendario se mantiene, el 5 de junio de 2028. Así lo decidió a finales de agosto el teniente coronel de la Fuerza Aérea Michael Schrama, el quinto juez militar que se hace cargo de esta causa. La fecha queda muy lejos de la que había solicitado la Fiscalía, enero de 2027. El magistrado consideró que ese calendario no dejaba tiempo suficiente para resolver las numerosas cuestiones pendientes antes del juicio.
Si la fecha se mantiene, habrán pasado casi 27 años desde aquella mañana de septiembre de 2001.
El caso comenzó formalmente a caminar en 2008, cuando los acusados fueron procesados ante la comisión militar de Guantánamo. En 2012 volvieron a ser encausados bajo los cargos que siguen pendientes. Desde entonces, el procedimiento ha quedado atrapado en una sucesión de recursos, cambios de juez, problemas de seguridad, cuestiones de jurisdicción y, sobre todo, qué hacer con las pruebas obtenidas mediante tortura.
Guantánamo, la prisión militar estadounidense en Cuba que se convirtió después del 11-S en uno de los símbolos más controvertidos de la guerra contra el terrorismo, es el escenario de este interminable proceso.
Allí permanecen recluidos los cuatro hombres que afrontan el juicio conjunto: Khalid Sheikh Mohammed, señalado por la Fiscalía como el principal planificador de los atentados; Walid bin Attash; Ammar al-Baluchi, también conocido como Ali Abdul Aziz Ali; y Mustafa al-Hawsawi. Un quinto acusado, Ramzi bin al-Shibh, ha quedado fuera del proceso conjunto después de que se determinara que sus problemas mentales, relacionados con los abusos sufridos durante su cautiverio, le impedían participar adecuadamente en su defensa.
No son los terroristas que secuestraron los cuatro aviones. Aquellos 19 hombres murieron el 11 de septiembre de 2001. Tampoco está vivo Osama bin Laden, el fundador de Al Qaeda, muerto en una operación estadounidense en Pakistán en 2011. Los hombres que esperan juicio en Guantánamo son quienes, según la acusación, participaron en la planificación y preparación de los atentados.
Estados Unidos sigue sin conseguir cerrar judicialmente el capítulo de quienes considera responsables de aquel ataque.
El 28 de agosto, el juez Schrama decidió que las declaraciones que Mohammed prestó a agentes del FBI en 2007 no podrán utilizarse como prueba en el juicio. El magistrado consideró que la Fiscalía no había demostrado que aquellas declaraciones fueran voluntarias. La decisión afecta a uno de los elementos probatorios más importantes del caso.
La historia detrás de esas declaraciones es larga y oscura. Mohammed fue capturado en Pakistán en 2003. Antes de llegar a Guantánamo pasó por centros secretos de detención de la CIA, donde fue sometido a métodos de interrogatorio que el Gobierno estadounidense terminó reconociendo como parte de su programa de técnicas coercitivas. Entre ellos estuvo el waterboarding, una práctica de simulación de ahogamiento.
Fue trasladado a Guantánamo en 2006. Un año después, agentes del FBI volvieron a interrogarlo. La Fiscalía sostenía que aquellas entrevistas eran diferentes porque los agentes no habían participado en las torturas anteriores y habían tratado de obtener una declaración de forma voluntaria. El juez, sin embargo, ha considerado que el efecto de los abusos anteriores no había desaparecido.
La decisión vuelve a colocar la tortura en el centro del proceso. Lo ocurrido en las cárceles secretas de la CIA se ha convertido en uno de los principales obstáculos para juzgar los crímenes del 11-S. La Fiscalía puede recurrir la decisión del juez, pero cada recurso significa retrasar el juicio y tiempo es lo que empieza a faltar a las familias.
Cuando ocurrió el 11-S, muchos de los padres y hermanos que todavía esperan una sentencia eran jóvenes. Los hijos de los fallecidos eran niños. Hoy algunos son abuelos. Algunos familiares han muerto sin conocer el desenlace judicial. Los supervivientes envejecen mientras el procedimiento continúa atrapado en cuestiones preliminares. Para muchas familias, el juicio representa la posibilidad de cerrar una herida. De escuchar en un tribunal cómo se ideó la trama que permitió que cuatro aviones fueran secuestrados el 11 de septiembre del 2001.
Durante años, tres de los acusados, Mohammed, bin Attash y al-Hawsawi, estuvieron cerca de evitar el juicio mediante un acuerdo con la Fiscalía. En 2024, aceptaron declararse culpables a cambio de que los fiscales renunciaran a pedir la pena de muerte. Los acuerdos incluían admisiones de hechos y una futura audiencia de sentencia en la que las familias podrían dirigirse directamente a los acusados.
Pero el entonces secretario de Defensa Lloyd Austin decidió revocarlos. El enfrentamiento terminó en los tribunales y, posteriormente, un tribunal federal de apelaciones determinó que Austin había actuado dentro de sus competencias al retirarse de los acuerdos. Hoy, la pena de muerte continúa sobre la mesa, pero el Gobierno tendrá que demostrar su culpabilidad sin utilizar pruebas obtenidas de forma ilegal.
El problema es que el 11-S no fue un crimen ordinario y la respuesta de Estados Unidos tampoco lo fue. El país creó un sistema judicial militar excepcional para procesar a los sospechosos, los trasladó a una prisión situada fuera del territorio continental y permitió durante años métodos de interrogatorio que ahora complican la utilización de las propias declaraciones obtenidas entonces.
Los detenidos siguen en Guantánamo a la espera de un juicio que llega demasiado tarde para las familias y sobre todo para las víctimas.