La espectacular detención de Nicolas Maduro por parte de fuerzas especiales estadounidenses abrió el debate sobre una eventual transición democrática en Venezuela. Durante la madrugada del viernes, el Caracas proclamó la nueva ley de Amnistía. Sin embargo, el escenario sigue marcado por la confusión, la fragilidad institucional y la persistencia del aparato represivo de un régimen que, pese a no contar con su líder, se mantiene en el poder.
En las últimas semanas, el régimen venezolano ha liberado a decenas de presos políticos, una medida recibida con alivio por las familias y con cautela por las organizaciones de derechos humanos. Estas excarcelaciones coinciden con una nueva hoja de ruta impulsada desde Washington, que plantea una transición llena de incógnitas. La ausencia de garantías institucionales, de rendición de cuentas y de reformas estructurales plantea serias dudas sobre la autenticidad del proceso.
En este contexto incierto, Artículo14 conversa con Martina Rápido Ragozzino, investigadora sénior de Human Rights Watch (HRW) para América Latina, sobre el alcance real de los movimientos recientes, el papel de la comunidad internacional, los riesgos de una transición cosmética y el sentir de una sociedad venezolana que, entre la esperanza y el escepticismo, sigue esperando elecciones libres, justicia y condiciones dignas de vida.
-La liberación de presos políticos ha sido presentada como una señal clara de apertura. ¿Cómo valora Human Rights Watch estas excarcelaciones?
-Es, sin duda, uno de los hechos más positivos que hemos visto en el último mes. La liberación de personas detenidas arbitrariamente es un alivio enorme para ellas y para sus familias, muchas de las cuales han esperado durante años este momento. Pero es importante subrayar que estamos hablando de excarcelaciones, no de libertades plenas. En la mayoría de los casos, las personas siguen con procesos penales abiertos, con medidas restrictivas, arresto domiciliario o prohibiciones explícitas de expresarse o participar en protestas.
Además, el aparato represivo que permitió esas detenciones sigue intacto. No ha habido cambios estructurales en las fuerzas de seguridad, en el sistema judicial ni en la fiscalía. Si no se desmonta ese aparato, estas liberaciones pueden convertirse en gestos aislados que no garantizan que las violaciones de derechos humanos no se repitan.
-Desde Washington se habla abiertamente de transición política. ¿Está realmente Venezuela ante el inicio de una transición?
-A día de hoy, es prematuro hablar de una transición real. Para que exista una transición genuina, deben darse condiciones mínimas: reformas profundas del sistema de justicia, del poder electoral y garantías claras de no repetición de las violaciones de derechos humanos. Nada de eso ha ocurrido todavía.
Desde 2014, las autoridades venezolanas han cometido violaciones sistemáticas de derechos humanos, muchas de ellas documentadas por organismos internacionales. Además, las elecciones han estado marcadas por arbitrariedades, decisiones del Consejo Nacional Electoral diseñadas para favorecer al poder y restricciones severas a la oposición. Si esas estructuras no cambian, el discurso de transición queda vacío.
-La oposición, especialmente la liderada por María Corina Machado, ha sido cuestionada incluso desde la Casa Blanca. ¿Cómo se interpreta esto dentro de Venezuela?
-La situación es profundamente confusa para la población. Durante años, los venezolanos han esperado elecciones libres, rendición de cuentas y un cambio real. La salida de Nicolás Maduro generó esperanza, pero también muchas preguntas. Si lo que queda es el mismo sistema, con nuevos nombres pero sin cambios estructurales, esa esperanza puede diluirse rápidamente.
Además, cualquier proceso que deje al margen a la oposición o que la deslegitime sin ofrecer alternativas claras solo contribuye a aumentar la incertidumbre. La gente quiere saber si lo que viene traerá mejoras reales en su vida cotidiana o si se trata simplemente de un reacomodo de poder.
-¿Qué papel debería jugar la comunidad internacional para evitar una transición meramente cosmética?
-La comunidad internacional debe mantener una postura firme y coherente. No puede conformarse con pequeños gestos o concesiones parciales. Es fundamental exigir reformas institucionales sustantivas y verificables. El cambio de una persona no recompone por sí solo una institución, pero puede ser un primer paso si va acompañado de transformaciones profundas.
Además, hay un elemento clave que suele quedar en segundo plano: la legislación represiva. Normas como la llamada Ley contra el Odio, utilizada desde 2017 para criminalizar la disidencia, o la ley conocida como anti-ONG, que otorga un control excesivo al Estado sobre la sociedad civil, deben ser derogadas o reformadas de manera urgente. Sin un espacio cívico libre, no hay transición posible.
-¿La ley de amnistía es parte de este proceso? ¿Es realmente necesaria?
-Desde nuestra perspectiva, el régimen no necesita una ley de amnistía para liberar presos políticos. Podría hacerlo de manera inmediata si hubiera voluntad política. El debate sobre la amnistía retrasó excarcelaciones que deberían producirse sin condiciones.
Además, algunos borradores que analizamos presentaban problemas importantes, especialmente en lo relativo a la rendición de cuentas. No se puede avanzar hacia el futuro ignorando las graves violaciones del pasado.
-El papel de las Fuerzas Armadas ha sido central para sostener al régimen. ¿Se está discutiendo su posible reestructuración?
-Es un tema absolutamente clave. Las organizaciones nacionales de derechos humanos llevan años reclamando una revisión profunda de los cuerpos de seguridad que han sido responsables de la represión. Ya hemos visto intentos de reestructuración en el pasado, como la disolución de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), que en la práctica no supuso cambios reales.
Cualquier proceso serio debe incluir una reforma del sector seguridad y, sobre todo, mecanismos de rendición de cuentas. Las personas que ordenaron o ejecutaron violaciones de derechos humanos no pueden quedar al margen del debate.
-¿Ve posible que se avance en justicia y rendición de cuentas en este contexto?
-Es difícil, pero imprescindible. Incluso en el escenario actual, hay medidas concretas que podrían tomarse, como permitir el ingreso al país de organismos internacionales, incluida la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Documentar, preservar pruebas y garantizar justicia para las víctimas debe ser una prioridad, no un asunto secundario.
-Más allá de la política, ¿cómo describiría el ánimo del venezolano de a pie?
-Diría que hay una esperanza cautelosa. Hay una sensación de que algo se está moviendo, de que este momento es distinto a otros de la última década. Eso genera expectativas. Pero también hay mucha incertidumbre. La gente sigue enfrentándose a una crisis humanitaria profunda, dificultades para acceder a alimentos, servicios básicos y empleo.
La transición no puede limitarse a lo político o electoral. Debe ir acompañada de una respuesta integral a la crisis humanitaria. Solo así las personas que se fueron podrán plantearse volver y quienes se quedaron podrán imaginar un futuro distinto en su propio país.