El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado un decreto para acelerar la investigación sobre las drogas psicodélicas con potencial terapéutico, en un giro sorprendente de la política federal hacia sustancias históricamente estigmatizadas. Durante la firma de una orden ejecutiva en el Despacho Oval, el mandatario defendió el uso médico de estos compuestos, hasta el punto de querer probarlos. “¿Me dais un poco? Tomaré lo que sea necesario”, dijo bromeando, en un comentario que refleja tanto el tono distendido del acto como la controversia que rodea la medida.
La orden ejecutiva pretende facilitar el estudio de sustancias como la ibogaína, un alcaloide de origen africano asociado a posibles beneficios en el tratamiento de la depresión grave, el trastorno por estrés postraumático (TEPT) y la adicción a opioides. Pese a estos indicios, la ibogaína sigue clasificada como sustancia de tipo I en Estados Unidos, la categoría más restrictiva, reservada a drogas consideradas de alto riesgo y sin uso médico aceptado.
Trump justificó la iniciativa como “pionera” apelando a su potencial impacto en la salud mental, especialmente entre los veteranos de guerra. “En muchos casos, estos tratamientos experimentales han mostrado un potencial transformador para quienes sufren enfermedades mentales graves, ansiedad y depresión, incluidos nuestros queridos veteranos”, afirmó. Según el presidente, la nueva política busca “acelerar drásticamente” el acceso a terapias innovadoras, siempre que la evidencia científica respalde su eficacia.
Inversión de 50 millones de dólares
Como parte del plan, el Gobierno federal destinará 50 millones de dólares a la investigación sobre la ibogaína y otros psicodélicos. La orden también contempla una colaboración con los estados para financiar programas de estudio y desarrollo clínico, lo que podría ampliar el alcance de estas investigaciones más allá de los centros académicos tradicionales.
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) desempeñará un papel central. El organismo ha anunciado la creación de un sistema de revisión prioritaria para determinados psicodélicos, lo que podría reducir de forma significativa los plazos de evaluación. Según su comisionado, este mecanismo permitiría aprobar tratamientos “en semanas, en lugar de meses”, siempre que se ajusten a las prioridades nacionales de salud.
Preocupación en el sector científico
El entusiasmo político contrasta con las cautelas del ámbito científico. La ibogaína, en particular, se ha vinculado a problemas cardíacos graves y a más de una treintena de muertes documentadas en la literatura médica. Instituciones federales ya suspendieron investigaciones sobre esta sustancia en la década de 1990 debido a su toxicidad cardiovascular.
Diversos investigadores subrayan la complejidad del debate. “Ha sido extremadamente difícil estudiar la ibogaína en Estados Unidos por sus riesgos conocidos. Si esta orden permite investigaciones rigurosas, podremos determinar si realmente ofrece ventajas frente a otras terapias psicodélicas”, señalan desde el ámbito académico.
En paralelo, otras sustancias como la psilocibina, el MDMA o el LSD se encuentran en ensayos clínicos avanzados, aunque ninguna ha sido aprobada todavía para uso médico generalizado en Estados Unidos. No obstante, algunos estados, como California, han legalizado terapias con psilocibina en entornos controlados, lo que anticipa un posible cambio de paradigma.
Sectores conservadores apoyan su investigación
El impulso a los psicodélicos refleja además una convergencia política poco habitual. Sectores conservadores, incluidos colectivos de veteranos y legisladores republicanos, han respaldado la investigación al considerar que estas terapias pueden ofrecer soluciones donde los tratamientos convencionales han fracasado. La visibilidad del debate también se ha visto impulsada por figuras mediáticas cercanas al presidente.
La rapidez con la que se ha gestado la orden según responsables sanitarios, en menos de una semana, ha suscitado inquietud entre aquellos que reclaman procesos más deliberativos en materia de salud pública. Este modo de actuación ilustra, a juicio de algunos analistas, un estilo de gobernanza directo y poco convencional del Gobierno de Trump.
Más allá del contexto político, la medida abre interrogantes sobre el futuro de la regulación de drogas. Por un lado, podría abrir nuevas vías para el tratamiento de trastornos mentales, un campo en el que las opciones terapéuticas siguen siendo limitadas. Por otro, existe el riesgo de que la aceleración de los procesos regulatorios comprometa la seguridad de los pacientes si no se mantiene el rigor científico.
El propio Trump reforzó esa ambivalencia con otra de sus declaraciones. “No tengo tiempo para estar deprimido. Si te mantienes ocupado, quizá esto funcione”. Aun con la banalidad de la frase del Presidente, la iniciativa podría contribuir a reducir el estigma asociado a los psicodélicos y fomentar una investigación más abierta. El cambio de postura federal podría, además, facilitar que más estados y universidades se impliquen en estos estudios. Si las promesas terapéuticas se confirman, el ámbito de la ciencia podría estar ante un cambio de paradigma comparable al de otras revoluciones biomédicas.