En estos tiempos de polarización exacerbada, uno de los ejercicios más saludables que se pueden -y deben hacer- es el de abandonar la burbuja y dedicar un rato a sumergirse en los suburbios ideológicamente más extremistas.
Encendí la tele, y allí observé a una agitada señora explicando, con dificultades, la importancia de saber diferenciar entre un registro y un requerimiento —no creo que ella lo supiera—. A continuación comencé a escuchar una historia sobre un país donde jueces, policías, oposición y periodistas habían montado una complejísima trama cuyo oscuro propósito era el de tratar derribar a un gobierno democráticamente elegido. El país del que hablaban era, naturalmente, el mío.
Apagué la tele y puse rumbo al otro distrito ideológico. Lo primero que leí fue que vivimos —no lo sabía— en una dictadura donde un presidente tiene secuestradas, sin excepción, a todas las instituciones del Estado. No solo eso sino que además las ha puesto a su servicio.
Tampoco rebusqué mucho más; en cuanto leí tres o cuatro comentarios más del mismo pelaje, puse pies en polvorosa.
La dictadura que no existe y el golpe que nadie ver
Dudé. Si fuera verdad que vivimos bajo la oscura sombra de un golpe de Estado del Deep State orquestado por la ultraderecha, sería virtualmente imposible que esta misma semana se hubieran sentado en el banquillo, acusados por graves delitos, nada menos que un exministro del Interior y un exsecretario de Estado, a quienes se acusa de haber montado supuestamente una operación policial para proteger a un presidente del Gobierno de derechas. Del mismo modo que tampoco hubiera abierto juicio oral contra un exvicepresidente de la Comunidad de Madrid y cuarenta personas más. Me resulta inverosímil que jueces tan distintos e ideológicamente tan distantes pudieran estar conchabados en un concilíabulo con más de 30 magistrados al servicio del golpismo. Y me resulta sospechoso que sólo participen del golpe los que investigan al partido o a los familiares de quien nos gobierna.
También dudé de lo que leí en la acera de enfrente. Si viviéramos en una dictadura desde hace muchos años, los jueces habrían perdido su independencia hace tiempo y sería imposible que un fiscal general hubiera sido condenado, que la policía entrase a hacer un registro en la sede del partido gobernante y que la esposa del presidente, así como su hermano, colaboradores y su alter ego estuvieran siendo procesados unos y los otros investigados. Es más: sospecho que, de vivir en una tiranía, esta columna no podría publicarse y yo tendría que salir a la calle mirando constantemente hacia atrás.
Cualquier persona que aterrizase en España y se pusiera a escuchar a uno y otro bando se marcharía de inmediato pensando que, más que un país, lo que tenemos es un frenopático.
Gobernar con la cerilla en la mano
Aquel día continuó y lo que vino después fue la comparecencia, en la que un dirigente público, hacía desde el extranjero un extrañísimo análisis de la situación actual de España. Comenzó situándose, de forma velada, como víctima de una asonada golpista y para inmediatamente explicar, que -a pesar de algunos jueces- España es lo más parecido al Rivendel de El Señor de los Anillos: un lugar próspero que bajo ningún concepto podría permitirse el lujo de convocar elecciones, porque eso nos abocaría a una tenebrosa parálisis. Hubiera tomado en consideración esta opinión si no fuera porque, quien pronunciaba estas palabras, es la misma persona que tiene paralizada España, sin presupuestos, sin mayorías estables y con un parlamento que le pide a gritos que saque las urnas. La semana la terminé escuchando a un ministro disparando en todas direcciones, como en las bodas afganas, contra quienes de manera antidemocrática quieren alcanzar el poder. Supongo que en ningún momento este otro dirigente se paró a reflexionar sobre quienes lo conservan con las mismas o peores formas antidemocráticas.
La polarización no es un fenómeno atmosférico que aparezca como lo hacen las olas de calor. Es fruto casi siempre de una decisión política. Quien preside un país tiene la obligación, antes que nadie, de tender puentes, de hablar a todos los ciudadanos y no solo a los suyos, de gobernar para el conjunto y no de agitar el miedo al adversario como principal combustible electoral para incendiar la convivencia. Hay quien observa con naturalidad, y hasta se divierte, viendo cómo alguien, desde la más alta magistratura del Estado, alimenta la narrativa del enemigo, legitima el insulto como argumento y convierte cada institución en un campo de batalla.
Cuando quien más debería apagar el fuego es quien sostiene la cerilla, el verdadero peligro no es la dictadura que unos denuncian ni el golpe profundo que otros inventan: es la mediocridad de una clase política que ha encontrado en la guerra cultural su mejor coartada para no gobernar.