Amenazas de muerte, señalamiento en domicilios, seguimientos, campañas de odio y de desprestigio. Es una realidad cada vez más frecuente para todas las mujeres que participan en la vida política y en el debate público y nadie hace nada porque cada día hay mas mujeres señaladas y más casos que apuntar. El caso de Rita Maestre me sigue poniendo como se dice coloquialmente “los pelos de punta”. A través de un vídeo en las redes sociales la portavoz de Mas Madrid ha desvelado que existe una investigación policial y judicial en marcha para poder identificar a los responsables de difundir y publicar en las redes la dirección de su domicilio en páginas de Internet donde se ofrecen servicios sexuales. Es terrible, condenable y sobre todo preocupa la posibilidad de que resulte tan sencillo para alguno o alguna vulnerar tu intimidad presentándose en tu domicilio para pedirte sexo.
Según ha explicado la propia víctima la situación comenzó cuando empezaron a aparecer hombres llamando a la puerta de su casa. Al principio no le dio mucha importancia, simplemente pensó que era una casualidad, pero los episodios se repitieron en varias ocasiones hasta que en una de ellas, un hombre llegó a subir desde el portal hasta la puerta de su vivienda. Al preguntarle quien era el desconocido le respondió que había estado hablando con ella a través de un canal de Telegram. En ese momento Maestre estaba en casa con sus dos bebés. Este capítulo le asustó y decidió acudir a la Policía Municipal para presentar una denuncia. El caso comenzó a estudiarse policialmente y según ella misma confesaba en el vídeo los agentes le informaron de que alguien que conocía su dirección la estaba difundiendo en portales sexuales. El Ayuntamiento de Madrid ha decidido ponerle escolta policial y la portavoz de Mas Madrid ahora mismo está vigilada.
En la misma semana que hemos conocido este caso hemos sabido también que Irene Montero ha denunciado ante la Policía Nacional que ha recibido amenazas de muerte procedentes de una organización neonazi que según el FBI es una organización terrorista. La eurodiputada de Podemos ha explicado que las intimidaciones y las amenazas han tenido lugar durante los últimos días y que incluyen referencias exactas de su domicilio donde residen sus tres hijos menores y su pareja, el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Esta organización ha enviado un correo electrónico en el que amenazaba con matar a Irene Montero en su propia casa. La Policía ha dado crédito al mensaje y el sábado se lo comunicó a Montero que ha solicitado protección al ministerio del Interior. No es la primera vez que la eurodiputada sufre amenazas. Fue víctima de un acoso político y mediático a las puertas de su casa.
La amenaza de muerte de un grupo de ultraderecha contra Montero supone un grave delito y por supuesto una agresión a la sociedad. Pero es que además la condición de diputada en el Parlamento europeo y exministra del Gobierno de España convierte esta amenaza es un ataque que es intolerable a la convivencia democrática. El insulto y la intimidación no pueden ser el precio de participar en la vida política. El Estado tiene que garantizar igual que a Rita Maestre la protección de su entorno familiar y poner todos los instrumentos al servicio de castigar judicialmente a los autores materiales de estas intimidaciones. Las amenazas a representantes de la ciudadanía son un grave problema de seguridad y de salud democrática. Es más le toca a la sociedad en su conjunto decir basta a estos atropellos que no caben en un Estado de Derecho. De hecho todos los partidos políticos independientemente de la rivalidad ideológica deberían de condenar esta intimidación.
La escritora Cristina Fallarás también ha denunciado ante las redes sociales el acoso en su domicilio que está sufriendo en su domicilio. En un vídeo que ha publicado en Instagram asegura que varias personas se han plantado en su domicilio en diferentes ocasiones para hostigarla. Según Fallarás llaman incluso al timbre de su casa para amenazarle. Este acoso se produce en el marco de una campaña de señalamiento que en su día fue impulsada por la ultraderecha en la que se incitaba a actuar contra ella. La Fiscalía también tiene abierta una investigación por este caso.
Uno de los elementos que más preocupan ahora mismo a las organizaciones de derechos humanos es la eliminación entre la violencia digital y la violencia física. Durante años la mayor parte del hostigamiento que han vivido muchas mujeres se ha producido en el ámbito online, a través de campañas de odio, insultos masivos y acoso coordinado en las redes sociales. Pero actualmente está empezando a alcanzar el plano físico y esto preocupa. Desde Amnistía Internacional se insiste en la necesidad de reforzar los mecanismos de protección, activando mecanismos más rápidos que puedan detener estas dinámicas y en las últimas horas el presidente del Gobierno ha demandado responsabilidad a las plataformas digitales ante la difusión de contenidos violentos y amenazantes. Probablemente en este punto arranca el problema. ¿Por qué nadie exige responsabilidades a estas plataformas? ¿no es suficiente esta escalada de violencia que se está registrando con las mujeres como para ponerse más duro con las grandes empresas digitales?