Hay hombres que confunden poder con el derecho y la necesidad con el permiso. Se aprovechan de mujeres en situación de inferioridad —económica, emocional o social— no para acompañar, sino para sacar ventaja. Este gesto nace del oportunismo. Sacar rédito de la vulnerabilidad ajena no es fortaleza ni astucia, es falta de humanidad.
Quienes la cercenan pueden adoptar formas muy distintas: un octogenario de barba blanca y turbante, un fontanero de partido o una estrella internacional de la música. En ese ecosistema, la libertad degenera en un humillante ejercicio de sometimiento y la voluntad queda reducida a la obediencia de normas laborales y de convivencia impuestas de manera unilateral. No hay escapatoria posible sin pagar un precio demasiado alto: perder el trabajo o acabar en las calles.
En España, se suceden con frecuencia encendidos debates sobre la dignidad de la mujer y, en todos ellos, aparece el mismo protagonista: el hombre que ejerce el poder y las somete. Lo saben bien las trabajadoras del PSOE que denunciaron a Francisco Salazar, las mujeres que han denunciado a Julio Iglesias y aquellas que han sido asesinadas o encarceladas en Irán por los ayatolás.
Pero mientras los focos apuntan a estos nombres y a estas historias, hay un silencio más amplio que apenas se escucha. Se trata de un espacio de impunidad que permanece oculto: el que se produce allí donde no hay glamour, ni focos, ni revoluciones en las que se fije el mundo entero o capital político que proteger.
Este otro sucedió bastante más cerca, en Ayamonte (Huelva). Allí la Policía Nacional ha detenido a un hombre del sector agrícola acusado de explotar laboralmente y agredir sexualmente a varias trabajadoras migrantes en situación vulnerable. El detenido aprovechaba su posición para someterlas a relaciones sexuales no consentidas bajo amenazas y obligarlas a jornadas extenuantes, con salarios por debajo de lo legal y condiciones de trabajo irregulares. La investigación reveló un patrón sistemático de explotación, fraude laboral y abuso de poder. Este caso ocupó escaso espacio mediático, a estas mujeres nadie las entrevistó y su testimonio únicamente se escuchará en las testificales de un más que probable juicio.
Este es el otro drama: el impacto mediático de estos escándalos que atentan contra las mujeres no se alcanza por la naturaleza o la gravedad del delito, sino por la notoriedad pública de quien lo perpetra.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha dedicado la semana a deliberar sobre la retirada de medallas a Julio Iglesias a reunirse con la denunciante de Adolfo Suárez -no consta un gesto similar hacia las denunciantes de Salazar- y a poner un tuit, sólo uno, de solidaridad con las mujeres iraníes. No consta mensaje alguno para estas inmigrantes de Huelva. Por supuesto no consta desplazamiento alguno a Ayamonte para visitar las víctimas o para analizar si este es un caso aislado o una práctica que esté teniendo lugar también en otros lugares.
La injusticia y la vulneración de derechos no dependen únicamente de la gravedad de los hechos, sino de la visibilidad mediática y el estatus de quienes los cometen. Mientras algunos casos de abuso reciben atención y movilizan la opinión pública, otros, igualmente graves, permanecen en el silencio, relegando a las víctimas a la invisibilidad y perpetuando patrones de explotación y desigualdad.
De ellas nadie habla.