Han pasado exactamente cuatro meses desde aquel sábado 5 de julio, cuando a Pedro Sánchez, que celebraba el Comité Federal del PSOE en la sede de Ferraz, le estallaba en plena crisis interna por el caso Cerdán, un escándalo más. Esta vez el protagonista era el político sevillano Francisco Salazar, su hombre de máxima confianza y el elegido como adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE.
La información que acababa de publicar elDiario.es no podía ser más peliaguda: varias mujeres, trabajadoras y militantes del PSOE que estuvieron bajo las órdenes de Salazar, denunciaron públicamente “comportamientos inadecuados”, “comentarios obscenos”, mensajes intempestivos, e incluso propuestas para cenar o quedarse a dormir fuera del horario de trabajo. Salazar renunció al cargo y solicitó ser apartado también de sus funciones en Moncloa y en la Comisión Ejecutiva Federal del partido.
Denuncias en un limbo
Cuatro meses después, la investigación de las denuncias internas por comportamientos machistas contra él está paralizada, según denuncia El Confidencial. Las quejas registradas en el buzón que abrió el PSOE entonces están atascadas y las víctimas abandonadas. Las indagaciones que se activaron a raíz de las acusaciones están en un limbo.
En aquel Comité Federal, el presidente Sánchez alardeó de ejemplaridad y de la contundencia con la que se actúa desde sus filas en contraste con el PP. El PSOE abrió diligencias y desplegó un sofisticado plan, que incluía un link directo al canal de comunicación interna donde los militantes pudiesen presentar sus denuncias de forma anónima a través de su página web.
“Hemos sido la primera organización en España en crear una oficina de cumplimiento normativo y un sistema interno de denuncias que asegura el anonimato de los y de las denunciantes”, afirmó. “Y, por cierto, cuando haya potenciales casos de agresión o de acoso sexual, yo le pido a las compañeras víctimas de estos acosos que utilicen estos canales, que las vamos a proteger”, añadió.
Miedo a represalias
Cuando denunciaron ante el medio citado, las víctimas de Salazar quisieron proteger su identidad debido al temor a represalias laborales y políticas. El patrón de acoso y abuso de poder que describieron fue similar. Una voluntaria del PSOE habló de comportamientos “babosos” cuando era su jefe. Otra de las víctimas, miembro del equipo de Moncloa, relató su experiencia bajo pseudónimo por miedo a represalias. Describió comentarios obscenos sobre la vestimenta y el cuerpo, insistencia en quedar fuera del horario laboral, hostigamiento y un lenguaje sexualizado permanente en el entorno profesional. Explicó que negarse a estas proposiciones implicaba castigos como menos responsabilidades y la ausencia de promoción. La primera en denunciar formalmente usando el buzón interno habilitado tras el escándalo fue una exempleada de la sede del PSOE.
Hasta entonces, según la portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Montse Mínguez, no había constancia de las quejas, como sí ocurre ahora. Afirmó que se había dado mayor visibilidad a este buzón anónimo y animó a los militantes a denunciar en caso de conocer los hechos. “Aquí estamos todas las compañeras para mirar y ver”, dijo Mínguez, que explicó que el canal ofrecía “privacidad” a los denunciantes para que “no dé miedo” contar su testimonio.
Por su parte, la ministra Pilar Alegría justificó: “No podemos darnos cuenta de las cosas que no conocemos. No había llegado ninguna denuncia a Moncloa ni al PSOE. Se actuó con contundencia tras la publicación en prensa. Este Gobierno actúa, no tapa”.
Sin embargo, a juzgar por la situación de parálisis actual, este canal confidencial, con garantía absoluta de anonimato, en el que se pueden hacer denuncias directas o indirectas, no está ayudando a las víctimas. El buzón de quejas, según denuncian algunos de sus usuarios, obliga a subir un documento en PDF, un formato fácilmente rastreable y “ofrece dudas sobre las garantías de anonimato”.
Papel mojado
El sistema para iniciar el formulario de denuncia está disponible en la web oficial del PSOE. La denunciante recibe un código de seguimiento y el órgano responsable dentro del PSOE revisa el contenido de manera preliminar y evalúa la denuncia para clasificarla y decidir su trámite. Puede solicitar información adicional si se requiere. La denunciante recibe un acuse de recibo en un plazo máximo de 7 días y la organización tiene un plazo de tres meses para responder con las actuaciones de investigación, aunque que puede prorrogase otros tres meses si es necesario.
El buzón funciona sobre el papel de manera bastante sofisticada, con un canal anónimo, órgano específico, respaldo del líder, protocolo revisado, pero en la práctica no hay una eficacia real. No se traduce en resultados concretos.
Salazar, después de dejar sus cargos institucionales y orgánicos en julio, volvió a Dos Hermanas, la localidad sevillana en cuyo Ayuntamiento tiene su puesto de trabajo. Actualmente ha puesto en marcha una consultora llamada Servicios e Ideas Estrategias Electorales y Sociales S.L., con sede en Madrid.