Cuando Maquiavelo nos obsequió (digo «nos» porque de la lectura de su texto se desprende que incluyó en su intención a las futuras generaciones) con «El Príncipe», tenía en mente la política de geometría variable de Fernando de Aragón, dirigida a la centralización/ocupación de todas las esferas de poder posibles, que tantas ventajas le fue otorgando a lo largo de su dilatada relación con el poder aparentemente «cuasiconfederal» que supo establecer con mano de hierro para emerger como figura central en el marco de esos Reinos peninsulares del momento. Esa realpolitik que analizó con tanta maestría el florentino, nos proporciona interesantes claves que, aunque históricas, pueden arrojar luz sobre problemas presentes. Pactar con unos para descabalgar a otros, establecer círculos nada concéntricos para que resulte difícil establecer criterios de comparación, ocultamiento de intenciones reales con representaciones cuasi teatrales, tener entretenidos a los súbditos con campañas exteriores o adelantarse a un aparente win-win cuyos indicadores son de imposible averiguación, constituyeron elementos de un manual de realismo político insuperable. Incluso el uso político de la religión que el aragonés hizo de la religión parece haber tomado importancia ahora mismo.
Pues ahí estamos, con los nuevos «príncipes» de la política. Estos nuevos maestros de la simulación, para quienes el fin justifica sobradamente los medios, pactan bilateralmente lo que les conviene sin tener en cuenta si es lo que conviene al conjunto. Introducen sus decisiones en contextos jurídicos que nada tienen que ver con el contenido de sus acuerdos. Rompen el modelo legalmente establecido, en el que la bilateralidad debe acomodarse a lo que no afecte al conjunto y lo multilateral se obvia porque todos tendrían acceso, como mínimo, a tomar conocimiento sobre qué se está hablando.
Lo vimos cuando, hace varios lustros, se fraguó el Pacto del Tinell auspiciado por Rodríguez Zapatero y Maragall, dirigido a excluir la alternancia y crear “cordones sanitarios” allí donde les apeteciera. Se consolidó con la aprobación de un Estatuto de Autonomía para Cataluña claramente anticonstitucional, que fue enmendado por el Tribunal Constitucional del momento, con pocas afirmaciones de inconstitucionalidad y muchas declaraciones interpretativas. La idea que con ello tenían era bloquear posibles o hipotéticas reformas de la Constitución, que precisan de acuerdos amplios, y generar un Estatuto de Autonomía a su medida que fuera más allá de lo constitucionalmente posible, Se quería, entre otras cuestiones, consolidar en el articulado que Cataluña era una nación, generalizar la bilateralidad incluso en cuestiones de interés general o iniciar la construcción de un Poder Judicial propio para Cataluña. De esta manera, decían, podrían obligar a una reforma de la Constitución en la línea prevista por el Estatuto, con total infracción del principio de jerarquía normativa. Alfonso Guerra, entonces presidente de la Comisión constitucional del Congreso, tuvo que aplicarse a fondo para, como decía, “pasar el cepillo” (al Estatuto) para que el texto que fuera aprobado definitivamente por ley orgánica no chocara frontalmente con la Constitución. Lo malo es que, al estar el Estatuto recurrido ante el TC (no sólo por el Partido Popular sino también por varias comunidades autónomas y el Defensor del Pueblo) la sentencia, que llego 4 años más tarde, ya no pudo hacer frente a prácticas consolidadas que han llegado hasta nuestros días, como por ejemplo, la tendencia confederal en las relaciones entre las instituciones centrales y las autonómicas, especialmente en el País Vasco y, sobre todo, Cataluña, aunque no solo en estos dos casos.
Si continuamos por ese camino, orillando lo que institucionalmente tenemos regulado como órganos de relación o cooperación propios del Estado autonómico, como son Conferencias bilaterales, Conferencias Sectoriales, Conferencias de Presidentes, Consejo de Política Fiscal y Financiera…. que son los instrumentos básicos, de estructura federativa, para sustituirlos a la florentina manera, por reuniones de amiguetes en Waterloo, Suiza o vaya Vd. a saber dónde, no tendremos otra que situar a España dentro de lo que Loewvenstein denominaba países con «Constitución semántica», es decir, aquellos cuyo marco constitucional no se corresponde con los hechos institucionales.
A mayor abundamiento, no sólo hemos orillado a las instituciones, sino que han sido colonizadas con la intervención de personajes nefastos. ¿Recuerdan al Sr. Sánchez Cerdán, hoy en libertad provisional pendiente de juicio y entonces sentado con Puigdemont y otras personas que “bendecían” la reunión, en una sala de la casa de Waterloo, coronada por el mural de las urnas de la farsa de “referéndum de autodeterminación” del 1 de octubre? ¿Son conscientes del papel que ha venido desempeñando el expresidente Rodríguez-Zapatero, hoy también investigado penalmente, en reuniones habidas en Suiza y otros lugares, pergeñando regulaciones propias de una confederación, obviando, incluso, el modelo federal que el PSOE había acordado en sus congresos? ¿Tienen presente la “financiación singular” para Cataluña que ahora mismo están poniendo en marcha a trompicones, en ámbitos concretos, porque saben que de hacerlo con todo lo que ya tienen pactado incurren en flagrante inconstitucionalidad? ¿Imaginan lo que están haciendo con las fuerzas de seguridad, quitándoles a retazos competencias no transferibles porque atañen a fronteras, aguas marítimas y otras materias de imposible transferencia o delegación? ¿Se dan cuenta de lo que supone, para los derechos de la ciudadanía, pactar el no cumplimiento de sentencias, la imposición de multas lingüísticas y el fomento de conductas de delación para sancionar a personas o entidades constitucionalistas? Sin olvidar que, entre todos ellos, golpistas, herederos del terrorismo, populistas de todo pelaje y demás compinches, acordaron y negociaron una amnistía que todavía es utilizada como instrumento de extorsión por el prófugo de Waterloo y que está pendiente de la decisión que tome el Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto de sendas cuestiones prejudiciales que han sido presentadas por tribunales españoles, especialmente sobre la compatibilidad de disposiciones de la ley reguladora de la misma con la normativa europea contra la corrupción y el terrorismo.
El sagaz Fernando de Aragón, ese príncipe renacentista, sigue siendo el modelo. Maquiavelo nos lo puede justificar, incluso, en aras de una gobernanza eficaz a la que no se le planteen problemas éticos, pues el ejercicio del poder todo lo sostiene (mientras puede). Las conclusiones del florentino nos explican perfectamente por qué estamos donde estamos. Según Maquiavelo, el poder se construye con decisiones audaces, sin que sea necesario su escrutinio legal, porque la fortuna favorece a quien sabe aprovecharla. Así también, las convicciones religiosas o ideológicas constituyen un excelente instrumento político para reforzar el suelo de adeptos y los muros mentales. Y, como la apariencia de virtud es más útil que la misma virtud, el gobernante, el príncipe, debe actuar sin titubeos, esté o no esté enamorado.
Lástima de trabajo que nos dimos en los setenta.