A cuatro días de entrar en zona de alto riesgo, a unas 500 millas náuticas de Gaza, la flotilla Global Sumud ha recibido ataques con drones, ácido y explosivos. El presidente Sánchez, desde la ONU, no tardó en salir a la palestra y anunciar: “El gobierno de España exige que se cumpla la ley internacional y que se respete el derecho de nuestros ciudadanos a navegar en condiciones de seguridad. Les informo de que mañana zarpará desde Cartagena -en el día de hoy- un buque de navegación equipado con todos los medios por si fuese necesario asistir a la flotilla y hacer algún rescate”.
Lo que dice la ley
El artículo 17 de la ley de seguridad nacional establece que para ordenar operaciones en el exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional, el Gobierno realizará una consulta previa y recabará la autorización del Congreso de los Diputados. La ley estipula que, en caso de no ser posible realizar dicha consulta previa, el Ejecutivo someterá en la Cámara Baja la decisión adoptada para su ratificación.
La exigencia del cumplimiento de estos preceptos jurídicos son munición para la oposición, pero el Gobierno podría utilizarlo para generar debate hasta el debate parlamentario y someter la cuestión a una votación en la que obligaría a los partidos a retratarse y le reforzaría de cara a su electorado. Los votos de PNV y Junts serían una incógnita, pero es un “relato” muy conveniente para Sánchez. Que, además, ayudaría a tapar los casos de corrupción que le cercan cada vez más. A él y a su mujer, Begoña Gómez, y ser el partido que enarbola la causa palestina, lo que resta votos a Podemos y a Sumar.
Hay otro punto importante dentro de la ley de Seguridad, que es el artículo 15, que aborda las misiones. La decisión de Sánchez no encaja en los apartados básicos de la ley, salvo en el que se garantiza la “seguridad y bienestar de ciudadanos españoles en situaciones de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas”.
La estrategia de Sánchez
De momento, Sánchez se ha acogido a la “libre navegación”, que garantiza la libertad de los buques para circular por alta mar, sin estar sujetos a otra autoridad que la del Estado.
Expertos militares sostienen que esta “instrumentalización” de la Armada supone un riesgo “extremadamente alto” al acercarnos a aguas israelíes.
“Sánchez utiliza a la flotilla para escalar el conflicto con Israel”, afirma un eurodiputado que fue alto representante de España en la OTAN, experto además en materia de ciberseguridad. “Mandar un buque de la Armada española para proteger a una flotilla que rompe un bloqueo naval impuesto por Israel a la Franja de Gaza es extremadamente irresponsable y muy peligroso”, afirma, “pues supone estar dispuesto a llegar a un enfrentamiento armado con las Fuerzas Armadas israelíes”.
No obstante, existe un gran escepticismo en cuanto a que la flotilla pretenda cumplir con su misión y cruce la línea roja interpuesta por Israel. Hay que tener en cuenta que Sánchez ha mandado un patrullero, no una fragata.
El buque Furor, encargado de asistir a la flotilla
El Buque “Furor” (P-46) será el encargado de asistir a la flotilla. Un patrullero oceánico de la Armada Española, construido en los astilleros de Navantia en Ferrol. Está diseñado para misiones prolongadas de vigilancia y control de tráfico ilegal, para abordar operaciones de rescate.
Meloni se suma a la asistencia
La presidenta italiana, Giorgia Meloni, también anunció ayer que enviaría un buque a asistir a la flotilla, si bien fue muy crítica con la misma. En su caso, sí se trata de una fragata. “No hay necesidad de arriesgar la seguridad. No hay necesidad de entrar en una zona de guerra para entregar una ayuda a Gaza que el Gobierno italiano y las autoridades competentes podrían haber entregado en cuestión de horas”, aseguró desde Nueva York.