Tras la sentencia del Tribunal Supremo, por la que suspende el voto de los nacionalizados en el extranjero por la ‘ley de nietos’, los consulados esperaban expectantes las indicaciones de la Junta Electoral Central, que este lunes ha resuelto exigir que la nacionalización quede vinculada de forma acreditada al exilio político de los ascendientes.
Así, el organismo ha ordenado a consulados y a la Oficina del Censo Electoral verificar, mediante prueba documental individualizada, que los beneficiarios descienden de españoles perseguidos o exiliados por el franquismo, lo que deja sin efecto electoral las inscripciones que se sustentaban únicamente en la presunción generalizada aplicada hasta ahora. Ante esta situación, fuentes diplomáticas alertan del revuelo causado en los consulados españoles por la falta de medios ante la revisión de todos los expedientes que han recibido desde que entrara en vigor dicha ley en octubre de 2022. “Temen un cargo adicional de trabajo importante”, afirma Alberto Virella, presidente de la ADE -Asociación de Diplomáticos Españoles-. “No hubo instrucciones previas, y en muchos expedientes la información requerida no se identifica con rapidez”.
Por ejemplo, en Argentina, uno de los consulados con mayor requerimiento de nacionalidades por parte de descendientes de españoles, desde que la ‘ley de nietos’ entrara en vigor, el consulado han resuelto 30.000 expedientes, a fecha de junio de 2026 -de los 220.000 recibidos-, que tendrá que revisar ahora uno a uno. Sumado al colapso que, denuncian, se avecina, se añaden las lagunas que deja dicha resolución a la hora de proceder.
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado que, a 31 de mayo de 2026, se han presentado 1.225.188 solicitudes de nacionalidad a través de la ‘Ley de Nietos’ en las Oficinas Consulares españolas. De ellas, 571.761 expedientes han sido aprobados, mientras que las inscripciones definitivamente practicadas ascienden a 333.696, según los datos oficiales del departamento que dirige José Manuel Albares.
Sin ningún contacto por parte de Exteriores
Fuentes de los consulados, que prefieren permanecer en el anonimato, informan, y lamentan, que ningún consulado español del mundo ha recibido “ninguna indicación” por parte del ministerio de Asuntos Exteriores desde la sentencia del Tribunal Supremo. “Habría que abrir una notificación administrativa a todos los que requieren la nacionalidad”, afirman. “Y, posteriormente, poder abrir un requerimiento para solicitar más documentos o aportar pruebas. Pero desde el ministerio no nos han dicho nada”.
Los casos que no se revisarán
Se da el caso de que no todas las personas que han conseguido la nacionalidad antes de que entrara en vigor la ‘Ley de Nietos’ verán anulada su posibilidad de votar. Existen casos, afirman, de que al ver sus expedientes aprobados se han trasladado a España y ya están empadronadas, por lo que no han tenido que demostrar el vínculo. O el caso de personas extranjeras que residan en Madrid y hayan acudido al registro para acreditar que son nietos de españoles y pasen al censo electoral.
Mientras que aquellas que podrán aportar la documentación necesaria para probar su vínculo con el exilio político podría darse la situación de que no pudieran votar. “En caso de que haya un adelanto electoral, no habría dado tiempo a nacionalizarlas”, afirman. Si las elecciones generales se celebraran en marzo, difícilmente daría tiempo, dado que el censo se cierra dos meses antes de las elecciones.
Lo que decía la resolución anterior
La instrucción firmada por Sofía Puente el 25 de octubre de 2022, siendo directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, introdujo una presunción automática: consideró exiliados a todos los españoles que abandonaron el país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, sin exigir que acreditaran motivos políticos, ideológicos, religiosos o de identidad sexual, como sí requería la ley. Según sus críticos, esta interpretación amplió ilegalmente el ámbito de la norma más allá de lo aprobado por el Congreso, careciendo de rango reglamentario para modificar los requisitos legales establecidos.
La polémica que envuelve al ministro Albares
Albares apremió a las embajadas y consulados, ya en octubre de 2022, a resolver “a la mayor brevedad” los expedientes pendientes de la ‘Ley de nietos’, adelantándose incluso a la polémica instrucción de Sofía Puente. Su ministerio ordenó posteriormente a los consulados que rechazaban la ampliación aplicarla igualmente. Ha sido acusado de opacidad por parte de los partidos políticos de la oposición, principalmente PP y VOX, además de miembros de su propio gremio, que lo acusan de incumplir una resolución de Transparencia que le obligaba a revelar las instrucciones enviadas, ocultar a los diplomáticos los autos del Supremo sobre la ley, y no dar instrucciones claras tras las medidas cautelares del alto tribunal.
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