El acuerdo entre PP y Vox en Jumilla (Murcia) para prohibir las celebraciones de índole musulmana en espacios deportivos ha generado una gran polémica en la esfera política y social. El resultado, un pacto que el Gobierno tilda de inconstitucional y que genera debate entre los expertos en Derecho Constitucional consultados por Artículo14. Algunos creen que podría colisionar contra la Carta Magna y otros lo rechazan, pero todos coinciden en advertir del peligro para la democracia de que Vox y el PP hablen de proteger “identidades”.
Vox, en primera instancia, buscaba el apoyo del PP con una moción en la que instaba al Ayuntamiento de Jumilla a prohibir la celebración pública de la “Fiesta del cordero” u otras conmemoraciones similares ajenas a las “tradiciones” españolas por tratarse “de prácticas incompatibles con la identidad y usos y costumbres de la nación española”. Una moción que fue rechazada con el voto en contra del PP.
Sin embargo, los populares, que necesitaban el apoyo de Vox para sacar adelante sus presupuestos municipales, aprobaron una enmienda en la que se eliminaba la mayoría de las peticiones de Vox pero se concedía prohibir el uso de espacios deportivos para la celebración de fiestas religiosas. Además, se instaba al equipo de gobierno a promover actividades que defiendan “nuestra identidad y protejan los valores y manifestaciones tradicionales en nuestro país”.
Vulneración del principio de libertad religiosa
Esta última propuesta es la que más reparo genera entre los expertos. Según el portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia, Edmundo Rodríguez, “afecta a la libertad religiosa y de culto”. Habla, además, de una “discriminación” frente a la religión cristiana. “El Ayuntamiento no impide usar la vía pública a la Iglesia católica en Semana Santa pero discrimina a otras confesiones religiosas por un claro prejuicio”, asevera.
Sería una “clara vulneración del principio de libertad religiosa”. Esto es, colisionaría con el artículo 16 de la Constitución que es el que garantiza la libertad religiosa y de culto. En el apartado tercero, queda patente que ninguna confesión tendrá carácter estatal y que los poderes públicos mantendrán las relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. El portavoz cuestiona, a su vez, el discurso “racista” de Vox. “Está fuera de la Constitución y de la democracia”, advierte.
Germán Teruel, profesor Derecho Constitucional Universidad de Murcia, explica que la enmienda aprobada, derivada de la moción de Vox, tiene un “aroma” que “concilia mal con la Constitución”. Tilda de “edulcorada” la redacción de la enmienda aprobada por el PP. Y es que el experto explica que no puede hacerse diferenciaciones entre las religiones, como a su juicio se hace con la propuesta de los populares. “Los poderes públicos tienen que promover la religión cristiana y las expresiones de culto de todos los ciudadanos”, asevera. Para el constitucionalista, el intento de identificar una “religión propia y una foránea es contrario a la idea plural que emana de la Constitución”, explica.
La identidad
Advierte el experto del riesgo de que este tipo de manifestaciones por parte de Vox cale en la sociedad al albur de los discursos populistas. “En Europa vemos como Patriots busca hablar de una identidad, del enemigo que viene a corromper a nuestros países. Hay un discurso político que pretende crear una identidad excluyente”, se queja para después recordar que el artículo 1 y 10 de la Constitución protegen la identidad democrática, y al europea en el artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. A su juicio, este ejemplo en Jumilla alimenta un “caldo de cultivo” peligroso.
Nicolás González Cuellar, catedrático de Derecho Procesal en la Universidad de Castilla-La Mancha cree que “prohibir o dificultar” cualquier manifestación de fe, es “antijurídico” en el ámbito administrativo y podría llegar a ser, dependiendo de las circunstancias, “prevaricación y delito de odio”. Rechaza hablar de identidades, como hace Vox, porque la identidad de la nación se forja “en un crisol de culturas”.
Agustín Ruiz Robledo, catedrático en Derecho Constitucional en la Universidad de Granada, no ve inconstitucionalidad en Jumilla. “Es una norma que prohíbe el uso de instalaciones municipales para actividades religiosas. No es inconstitucional, pero sí hay un trasfondo político”, concede. “Veremos que dicen los electores en las elecciones”, comenta. Para el experto, Vox entra en una contradicción al haber planteado una moción inconstitucional.
Por su parte, Ibor Fernandes Romero, Doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Rey Juan Carlos y profesor del CES Cardenal Cisneros, justifica que, en un estado aconfesional de tradición católica, que las instituciones den prioridad a un ámbito religioso frente a otro es lo común. “Solo hay que ver la Semana Santa”, incide. Si bien ve un “aura fea” en la propuesta de ese concejal municipal de Vox. No obstante, considera que el acuerdo finalmente adoptado para dar luz verde a los presupuestos locales es aparentemente constitucional y cabal con la finalidad de esas instalaciones deportivas municipales. Más bien parece un éxito de esa alcaldía, que ha logrado aprobar los presupuestos con un pacto inocuo en lo jurídico y razonable respecto de lo propuesto por el concejal de VOX (que sí tenía difícil encaje constitucional).