El Gobierno asume una nueva derrota a sus tesis sobre la ‘ley de nietos’, pero mantiene que aún puede ganar la guerra abierta con el Tribunal Supremo. El pleno del Tribunal Constitucional ha inadmitido este miércoles el recurso de amparo del defensor del Pueblo, contra la decisión del Alto Tribunal de suspender el derecho al voto para el 29-N a 163.000 ciudadanos españoles, nacionalizados en aplicación de la disposición conocida como ‘ley de nietos’, dentro de la ley de memoria democrática.
El Tribunal de Garantías sostiene que aún debe agotarse la vía del Tribunal Supremo, y por eso inadmite el recurso. Lo presentó el defensor del Pueblo y no el propio Ejecutivo, después de que la Abogacía del Estado reconociera su falta de “legitimación” para recurrir, explicaron desde Moncloa.
El Gobierno afirma ahora que “respeta” la decisión del Constitucional sobre la necesidad de agotar “la vía judicial previa” ante el Supremo. Pero fuentes de Moncloa puntualizan que esta decisión “se limita a motivos procedimentales, y no aborda el fondo de la cuestión, como tampoco lo ha hecho el Tribunal Supremo”.
Por eso, el Ejecutivo defiende “que todos los nacionales tienen derecho a voto, el derecho más sagrado en democracia, tal y como establece la Constitución”. Y reclama al Constitucional que la decisión “definitiva” deje claro “que no se puede suspender masivamente el derecho de voto con una medida cautelar, sin sentencia firme y sin audiencia a cada afectado y que no puede haber ciudadanos de segunda categoría con diferencia de derechos”.
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