Código ético

El limbo socialista para expulsar a sus “puteros”: ¿Cómo probar quién pagó por sexo?

Las políticas del PSOE han dicho ¡basta! y exigen un cambio contundente en su código ético para eliminar de sus filas a quien consuma prostitución, pero ¿qué mecanismos de control existen?

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KiloyCuarto

Ya decía Plutarco que la lujuria es la perdición de muchos hombres poderosos: “No hay nada que tan fácilmente derrumbe imperios como los placeres de la carne”. Lo de José Luis Ábalos y Koldo García va más allá de la lujuria. Como niños que sacan su fajo de cromos en un rincón del patio del colegio, se repartieron mujeres igual que si fuesen escudos de equipos y jugadores, empleando un lenguaje denigrante y soez. El escándalo es aún más zafio que el “bunga bunga” de Berlusconi. Los audios de la UCO han llevado al hartazgo a las mujeres socialistas, que exigen la petición de incorporar al código ético del PSOE la expulsión del partido de los usuarios de la prostitución.

La petición no es nueva. En marzo de 2024 militantes y políticas, como Susana Díaz, Adriana Lastra y Amelia Valcárcel, presentaron un manifiesto para actualizar el código ético con el fin de expulsar a quienes paguen por sexo sin necesidad de que exista condena. “Lo exigimos como condición inexcusable… siendo su incumplimiento motivo de expulsión de todo aquel que solicite, acepte u obtenga un acto sexual de una persona a cambio de una remuneración…”

El reclamo volvió a estar presente a finales de 2024 durante el 41º Congreso Federal del PSOE que se celebró en Sevilla. Madrid, Badajoz, Coruña, Pontevedra y otras federaciones presentaron una enmienda con el fin de introducir el consumo de prostitución por parte de sus militantes como causa clara de expulsión automática. El Congreso aprobó incorporar la medida, especialmente para cargos orgánicos o institucionales, pero sin definir un mecanismo claro de ejecución o prueba.

El partido acordó que quienes “recurrieran a servicios sexuales bajo pago” perderían la militancia. Todo quedó en agua de borrajas y el código ético del PSOE sigue sin incluir de forma explícita esta obligación, salvo en caso de condena penal. El artículo 82.5 del régimen disciplinario vigente menciona que se podrá expulsar a militantes que hayan sido condenados por corrupción, violencia contra mujeres, delitos contra la libertad sexual y acoso o discriminación. No menciona, sin embargo, expresamente al cliente de prostitución.

Salvo proxenetismo o explotación, el consumo de sexo no es delito, tampoco pagar por él, al menos en España. El propio PSOE así lo manifiesta y, por tanto, no puede expulsarse sin que haya condena judicial. La presión interna existe, tal y como nos confirman desde el partido, pero de momento continúa estancado en un limbo político y legal.

Por otra parte, está la carga de la prueba. ¿Se instaurará la figura de policía o vigilancia de la moral? “Regularlo es fácil. Se pone directamente en las causas de falta grave y de expulsión. El problema es de prueba. Necesitas acreditar eso para proceder a expulsar”, nos dice Juan Lobato, exlíder de los socialistas madrileños, que añade que apoya la petición de las mujeres socialistas.

Elena Valenciano, presidenta de la Fundación Mujeres y ex vicesecretaria general con Alfredo Pérez Rubalcaba, se suma a esa sensación colectiva de vergüenza, decepción e ira que han desatado los audios del informe de la OCU. “En la política es imprescindible la ejemplaridad y la coherencia. Quiénes se comportan de esta manera en su vida privada no deben representarnos en la vida pública. Hay que recuperar el valor de la palabra. Si decimos feminismo, hacemos feminismo”, expresa a Artículo 14.

La politóloga Ana Salazar, directora de Idus 3 Estrategia, insiste en la dificultad de llevar a la práctica este tipo de control en las prácticas sexuales de la militancia. En su opinión, es una cuestión de coherencia, inexistente en un partido que enarbola la bandera del feminismo y la igualdad. “El escándalo adquiere una dimensión ética, pero también estratégica. El relato ha perdido la fuerza transformadora en la que confió su electorado, mayoritariamente femenino, por cierto. Ataca al núcleo ideológico y a su credibilidad”.

Por otra parte, Salazar desconfía de esta medida interna de control que se quiere impulsar desde PSOE. “Lo que han expuesto los audios de Ábalos y Koldo es un machismo de élite muy arraigado en una parte de la política. Sus actitudes reproducen ideas machistas y clasistas. No son un desliz, un consumo puntual de prostitución, sino que destilan un comportamiento que ha gozado de absoluta impunidad dentro del electorado mientras apelaban al discurso del miedo a la derecha. Me parece bien que las mujeres socialistas reclamen un código ético contundente para actuar en cuanto se detecte una señal. Pero existe algo más profundo. Me refiero a la lógica y a la base misma de un partido controlado por hombres”.