El auto del juez José Luis Calama, que imputa a José Luis Rodríguez Zapatero blanqueo de capitales, tráfico de influencias, organización criminal y uso de información privilegiada, no solo alude a su presunta intermediación para el rescate de la compañía Plus Ultra sino también a “operaciones internacionales de alto valor económico, como las relativas al petróleo, oro, compraventa de acciones o divisas”.
En concreto, el magistrado dedica un apartado a la intervención de Zapatero para la adquisición de petróleo venezolano y, precisamente, en la Audiencia Nacional hay ahora mismo una causa bajo secreto de sumario que está investigando un sobre de PDVSA -empresa pública de petróleo venezolano- después de que el comisionista Víctor de Aldama ofreciera su testifical voluntariamente asegurando que “contenía información sobre la financiación ilegal de la Internacional Socialista”.
El auto de Calama subraya una operación de la empresa Inteligencia Prospectiva de los hermanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón. Una sociedad “caracterizada por escasos ingresos y un volumen muy elevado de gastos por trabajos realizados por terceros y servicios exteriores”. En los últimos cuatro años, la sociedad ingresó de Análisis Relevante, empresa del amigo de Zapatero Julio Martínez Martínez, 380.208 euros; Whathefav, la empresa de las hijas del expresidente 561.440 euros; y Gate Center, tink tank presidido por Zapatero, 266.200 euros. Contratos que para el juez son ficticios y “constituyen instrumentos de cobertura formal para justificar transferencias económicas previamente decididas”.
Según Calama, por las conversaciones intervenidas, se infiere que la actividad de los hermanos dueños de Inteligencia Prospectiva “excede de forma manifiesta las capacidades y funciones propias de un empresario común, incidiendo en asuntos de Estado de primer nivel que nada tienen que ver con la operativa habitual de una sociedad mercantil”.
Es ahí donde reproduce una conversación entre Julio Martínez Martínez y Domingo Amaro Chacón. “Y los Chinos listos para comprar barcos“, dice Chacón, que añade: “Listo para viajar a reunirse con la Dama y Ministro Petróleo“. Se refería a Delcy Rodríguez, hoy presidenta del régimen venezolano.
De los mensajes analizados, Calama deduce que, para acceder a la operativa de compraventa de petróleo, acuden a Zapatero y le piden ayuda mediante la preceptiva Letter of Intent (LOI).
Finalmente, los empresarios remiten la LOI, en la que constan los datos de contacto de “José”, en referencia al expresidente. De ahí que Calama entienda que es Zapatero “quien dispone de acceso directo a personas situadas en los más altos niveles de responsabilidad política”.
La otra investigación del juez Moreno
Transacciones que ponen de manifiesto los vínculo de Zapatero con Venezuela para sus presunto tejemanejes con el petróleo. Por eso cobra relevancia ahora el sobre de PDVSA que Aldama entregó en la Audiencia Nacional al juez Ismael Moreno.
Todo viene de una declaración de Aldama en el caso de los hidrocarburos, que lleva el juez Santiago Pedraz y que lo investiga por un fraude del IVA en la compraventa de fuel de 182 millones de euros. En ella, el fiscal del caso, Luis Pastor, se interesó por una foto de un sobre que obra en uno de los informes de la UCO de la Guardia Civil. La imagen se la envió por WhatsApp un amigo de Aldama que custodiaba el sobre, pero pertenecería al empresario.
Los agentes no pudieron ver qué contenía el paquete, pero dedujeron que “podría tratarse de documentación vinculada al sector de los hidrocarburos, puesto que el remitente es la empresa petrolera de origen venezolano y pendiente del Estado venezolano PDVSA”.
En la foto, el sobre se aprecia cerrado con una pegatina que reza “confidencial” y otra que indicaba que era un documento del Ministerio de Petróleo de la República bolivariana de Venezuela. El remitente era Manuel Quevedo, el ministro del petróleo, y la destinataria, la entonces número dos de Nicolás Maduro y hoy presidenta, Delcy Rodríguez.
Preguntado por el sobre, Aldama respondió que se lo entregó la propia Delcy Rodríguez en febrero de 2020 y era “relativo al negocio de los hidrocarburos y a la financiación ilegal del PSOE, de la internacional socialista”. Días después, Aldama acudió al juzgado a declarar de forma voluntaria por el contenido de este sobre.
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