“La instrucción está llegando a su fin”, dijo el juez Ángel Hurtado en la declaración de Alberto González Amador, como testigo denunciante del caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imputado por un delito de revelación de secretos, por primera vez en la historia.
El magistrado viene dejando claro en varios autos que ve indicios de que fue García Ortiz quién filtró a la prensa una captura del polémico correo del 2 de febrero en el que el abogado de González Amador reconocía delitos y pedía un pacto de conformidad con la fiscalía de delitos económicos para solventar la denuncia que había interpuesto Hacienda, que acusaba a la pareja de Isabel Díaz Ayuso de un fraude fiscal de 350.000 euros. Denuncia que ha terminado con el procesamiento de González Amador.
Fuentes del caso aseguran a Artículo14 que la apertura de juicio oral al fiscal general está “a puntísimo de caramelo”, y ahora la duda que asalta a un sector de la Fiscalía es si una vez procesado, García Ortiz se seguirá agarrando al cargo.
Desde el primer momento, García Ortiz se ha negado a dimitir porque sostiene que él no filtró el correo a periodistas. Sí se hace responsable de la nota de prensa que emitió después con el mismo contenido que ya se había publicado en medios porque defiende que quería “desmentir un bulo”.
Para una parte importante de la cúpula fiscal, García Ortiz debería quedar suspendido del cargo una vez procesado, acogiéndose a la ley del poder judicial que dispone en su artículo 511 que todo funcionario quedará suspendido temporalmente del ejercicio de sus funciones “cuando por cualquier delito doloso el instructor dicte auto de prisión, de libertad bajo fianza, de procesamiento o de apertura de juicio oral en el procedimiento abreviado”.
Sin embargo, las fuentes consultadas de este sector del ministerio fiscal temen García Ortiz se vaya a acoger al Estatuto fiscal donde no está ni si quiera contemplada la imputación del máximo representante del Ministerio Público.
Si tal extremo ocurre, ya avisan de que no dudarán en protestar públicamente, toda vez interpretan que García Ortiz pondría a la institución en una situación todavía más insostenible.
Últimos coletazos de la instrucción
La última diligencia fue a petición de la Abogacía del Estado, que representa al fiscal. Llamó a declarar a cuatro testigos, periodistas que llevaron ante notario las comunicaciones que mantuvieron los días de la filtración con sus fuentes de la Fiscalía. El objetivo era ayudar al fiscal general a demostrar que la prensa disponía de la información sobre los problemas fiscales de Alberto González Amador 31 horas antes de que llegara al poder del fiscal ese correo, según ha quedado acreditado.
Sin embargo, las fuentes del caso consultadas por este periódico creen que esto no cambia “nada” porque lo que se investiga no es si los periodistas conocían la información, ni quién se la contó, sino quien fue el que envió la captura de pantalla con el correo a la prensa.
En las últimas semanas, también acudió como testigo el abogado Carlos Neira, el artífice del correo. Aseguró que envió el e-mail a una dirección genérica de la Fiscalía, a un abogado del Estado. Por su parte, González Amador en su testifical sostuvo la acusación contra el fiscal general y defendió que tras la publicación de su expediente tributario “le han hecho un destrozo” a nivel mediático.