El juez Juan Carlos Peinado cumple 72 años este septiembre. Apenas tiene seis meses para enviar al banquillo de los acusados a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Ese ha sido su objetivo desde hace meses, según confirman a Artículo14 fuentes de su entorno. Si bien, la empresa se complica a medida que la Audiencia Provincial va resolviendo los recursos presentados por sus defensas y los informes de la UCO van acreditando ausencia de indicios.
El último dossier de la Guardia Civil informa a Peinado de los viajes realizados por Begoña Gómez y su asesora en el Palacio de la Moncloa, Cristina Álvarez. En su petición, el juez puso énfasis en “los posibles viajes realizados a la República Dominicana, República del Congo, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau y a la Federación de Repúblicas Rusas”.
Quería indagar si en sus años al frente del IE Africa Center, Begoña Gómez se valió de su asesora en la Moncloa para su desarrollo profesional privado. Pidió los pasaportes a ambas investigadas, pero estas se negaron a entregárselos así que ofició al Ministerio de Interior para que informara de los mismos.
Sin embargo, la UCO no ha encontrado nada relevante en esos viajes. En ninguno de los viajes fueron juntas, y Begoña Gómez solo viajó una vez a República Dominicana en 2022. Ausencia total de ese presunto delito de malversación de caudales públicos, según fuentes del caos.
Un informe del Instituto Armado que vuelve a dejar a la mujer del presidente del Gobierno exenta de contenido incriminatorio, como el último en el que los investigadores le dijeron a Peinado que no habían encontrado hechos nuevos que pudieran implicarla en el rescate de la compañía aérea Air Europa.
Por otro lado, la Audiencia Provincial anuló la decisión de Peinado de llevar a Gómez ante un jurado popular. Los magistrados consideraron que el juez no había motivado bien el auto y no había recabado “indicios concluyentes y consistentes”. Le aferaon que “no realizara el mínimo esfuerzo argumentativo” y que tenía que sustentar mejor la apertura de investigaciones por nuevos delitos: “Algunas de las imputaciones efectuadas (intrusismo y corrupción en los negocios), exigen una mínima verificación antes de continuar por nuevas fases del procedimiento”, dijeron los magistrados.
Queda un informe de la UCO
Ahora queda que la UCO ultime el último informe que recogerá los correos electrónicos de la cuenta oficial de Begoña Gómez en el Palacio de la Moncloa con el que Peinado trata de dilucidar si utilizó el puesto público de la asesora para realizar actividades privadas o si se valió de su condición de mujer del presidente para favorecer sus negocios y conseguir financiación para la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense.
Es la última baza que guarda Peinado a tan solo seis meses de que se jubile. En septiembre tendrá que abandonar el juzgado. Para ese momento tendría que haber cerrado la instrucción y haber tenido que enviar al banquillo a la mujer del presidente del Gobierno.
Si no lo consigue, un juez sustituto asumirá los casos de su juzgado hasta que se asigne plaza. En su caso, la labor recaería sobre Carlos Valle, un juez afín a los movimientos de Peinado, según aseguran fuentes de su entorno, que creen que seguiría la estela de su instrucción y ataría el caso de manera parecida.
Los correos de la asesora de Gómez
Hasta ahora, los indicios más solidos del juez para cerrar la investigación son los correos electrónicos de la asesora de Begoña Gómez pidiendo financiación para la cátedra de la mujer del presidente del Gobierno. Único bloque de la investigación al que la Audiencia Provincial le ha visto futuro hasta la fecha.
En los mensajes analizados por la UCO se desprende que es Cristina Álvarez quien se encarga de la interlocución con las empresas privadas que ponían dinero para financiar la Cátedra que codirigía Begoña Gómez. Lo hacía a veces a su nombre pero desde la cuenta de correo electrónico personal de Gómez o, directamente, utilizaba su cuenta de Gmail para dirigirse a Doadrio o a los patrocinadores.
Es significativo el lenguaje que empleaba Cristina Álvarez en estos correos. Usaba el “nosotros” como si ella estuviera inmersa en el proyecto. “Creemos que Google sería una empresa candidata ideal para formar parte de esta alianza a través de la categoría Crecer. Esta categoría consiste en una colaboración económica anual de 40 000 EUR”, escribía, por ejemplo, en 2022 para solicitar a Google dinero para la creación de una herramienta docente.
Álvarez se comunicaba en nombre de Begoña Gómez con gigantes como Google, Indra, Deloitte o KMPG. En todas las ocasiones su función era gestionar los posibles fondos que podrían prestar estas empresas y cómo adecuarlos con la normativa de la Complutense.
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