Andrés Martínez Arrieta, el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, se encuentra enfrascado estos días en la redacción de la sentencia condenatoria al fiscal general, Álvaro García Ortiz. Se conocerá casi una semana después de su condena, lo que ha generado encendidas críticas por parte del Gobierno de coalición.
El fallo lo conocimos el 20 de noviembre. El Supremo condenaba a García Ortiz por un delito de revelación de secretos, le impone una pena de dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y el querellante en la causa contra el fiscal general.
Pero la expectación es máxima para comprobar cómo argumentan los cinco magistrados del Supremo esa resolución. Deliberaron el fallo en tan solo 8 días, tras el “visto para sentencia”, pero sustentar en papel una sentencia de tal calibre les está llevando más tiempo.
Según las fuentes consultadas por Artículo14, Arrieta aún no habría acabado de redactar y, una vez ultimado el texto, tendrá que pasarlo a las dos magistradas de corte progresista que se opusieron a la decisión de la mayoría de la Sala. Es, en ese momento, cuando Susana Polo y Ana Ferrer redactarán dos votos particulares, dos textos paralelos a la sentencia final que argumenten por qué el fiscal general debería declararse inocente.
Por todo ello, el trámite se extenderá a la próxima semana “como mínimo”, según apuntan las fuentes consultadas por este periódico, que creen incluso que hasta mitad de diciembre no conozcamos el contenido final de la sentencia.
Las claves del fallo
Todo apunta a que la sentencia atará la condena considerando delictiva la publicación de la nota de prensa aclaratoria que ordenó y pergeñó el fiscal general para desmentir a Miguel Ángel Rodríguez, el jefe del gabinete de Isabel Díaz Ayuso.
Las fuentes consultadas por Artículo14 creen que la filtración a la prensa del correo electrónico entre el abogado de González Amador y el fiscal de delitos económicos dejará de ser el objeto delictivo ante la falta de pruebas directas para poder considerar que fue García Ortiz quien lo pasó a los medios.
De esta forma, los magistrados considerarán que existió revelación de secretos en la nota de prensa aclaratoria emitida por la Fiscalía General. “El fiscal general reconoció que la elaboró”, recuerdan fuentes del caso.
De hecho, Álvaro García Ortiz siempre ha asumido la autoría de la nota de prensa. Públicamente, y también en el juicio, se hizo responsable de ella porque defiende que se redactó para “combatir un bulo” promulgado por el gabinete de Ayuso, según el cual era la Fiscalía estaba ofreciendo un pacto de conformidad a González Amador cuando había sido al revés.
La designación de Peramato
Solo el fallo condenatorio ya ha tenido sus consecuencias. García Ortiz dimitió la semana pasada como fiscal general del Estado asumiendo su derrota. “Es el momento de abandonar”, rezaba la carta que envió al ministro de justicia. Su sustituya es Teresa Peramato, que este jueves pasó por la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para que se valorarán sus méritos e idoneidad.
En su discurso, Peramato hizo alusión a la condena de García Ortiz hablando de una “herida que atraviesa la Fiscalía Española y que ha sanar” con el trabajo de todos los fiscales y confiada en que sea bajo su mandato para recuperar “el prestigio de la institución”.
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