La idea es perversa. Da a entender que un niño, más cercano a los diez que a los quince años, puede acceder a mantener una relación sexual. No es así. La edad de consentimiento en España son los 16 años. Cualquier relación con un menor de esa edad es delito desde 2015 (cuando se elevó desde los 13 para adaptarse al rango establecido en el resto de países europeos). Sin embargo, este es el mensaje que ilustraba una campaña contra las agresiones sexuales del Ayuntamiento de Almería, del PP.
En ella, se puede leer un mensaje que reza: “Si dice no, no es sexo es agresión” por encima de la imagen del niño. Debajo se explica que “el 72,3% de las agresiones a menores se producen en el entorno familiar y escolar de la víctima”, según datos del Ministerio del Interior de 2023.
La campaña no pasó desapercibida en las redes sociales. En cuestión de horas la indignación prendió y alrededor de a las cinco de la tarde, el Ayuntamiento rectificaba y anunciaba que retiraría todos los carteles. Ese en concreto, no había pasado todos los filtros, decían. “Compartimos la repulsa provocada por una de las imágenes de la campaña contra las agresiones sexuales. El anuncio, ya retirado, se publicó por error sin haber pasado los controles previos. Pedimos disculpas y reiteramos nuestro compromiso con la defensa y protección del menor”, explicaban en Twitter.
La campaña se idea desde el Área de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento que dirige Paola Laynez Guijosa. De ahí parte la idea y forma de esta publicidad institucional, pero se da la circunstancia, de que el dinero con el que se ha sufragado procede del Ministerio de Igualdad. Dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, se contempla la distribución de partidas a distintas administraciones para la sensibilización y concienciación sobre las violencias machistas. Esta en concreto, era de 18.000 euros. De hecho, el Consistorio confirmó ayer, en declaraciones a Europa Press, que se va a mantener resto de la campaña una vez retirado el peligroso cartel.
Igualdad exigió la retirada del cartel
Ante el revuelo que se suscitó la ministra de Igualdad, Ana Redondo, exigió la retirada inmediata de la publicidad “porque atenta contra la infancia” y advertía que “bajo ningún concepto, puede estar financiada con fondos del Pacto de Estado de Violencia de Género”.
A la espera de conocer más detalles de cómo, quién y por qué consideró lícita una campaña donde se normalizan de forma sutil las agresiones sexuales a menores, el foco giró también hacia el Ministerio y su falta de control sobre los fondos que deberían ir destinados a luchar contra las violencias machistas.
No es la primera vez que Redondo ha tenido que salir al quite ante una inapropiada utilización de esas partidas. En marzo, Igualdad abrió una investigación para aclarar si una “cena para mujeres” organizada por la federación por la igualdad en la provincia de Pontevedra (Femupo) con disc-jockey y karaoke se había sufragado con estos fondos.
160 millones a las comunidades
En aquel momento, pidió a las administraciones públicas que hicieran un uso responsable de las subvenciones concedidas en el marco del Pacto de Estado, pero lo cierto es que nadie controla dónde acaba el dinero que sale del Ministerio.
Hace justo un mes, se reunía el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer en Moncloa. Ese mismo día, el Consejo de Ministros aprobaba una partida de 160 millones de euros a las comunidades y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para luchar contra la violencia de género.
Para hacerse una idea de las cifras, Redondo detalló que 19,8 millones de euros se invertirían en programas y planes autonómicos. De ellos, 4,25 a servicios que garanticen la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género, otros 4,25 a la atención especializada a las víctimas menores de edad, un millón a coordinar las unidades de este tipo de violencia en todo el territorio, 9,5 millones a financiar programas de apoyo a las víctimas de agresiones sexuales y los 800.000 euros restantes a programas de prevención de explotación sexual a menores tuteladas.
Cuando esas partidas llegan a las administraciones son ellas las que deciden cómo y en qué se invierte el dinero, pero cabe preguntarse si se podría controlar un uso más razonable de esos fondos.