Un año absolutamente estéril para la tramitación del proyecto de ley de secretos oficiales, rebautizado como ley de información clasificada, pese a las reiteradas promesas desde el Gobierno, que la remitió al Congreso de los Diputados en julio de 2025.
En mayo, cuando la iniciativa ya llevaba 9 meses en el limbo, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, estimó que “en los próximos meses” los partidos de la Cámara darían algunos pasos para avanzar hacia la aprobación de la norma.
Distintas fuentes parlamentarias de hasta tres grupos distintos aseguran que no ha habido ningún avance significativo desde entonces. “No se ha hecho nada”, resumen desde una de estas formaciones. Afirman que tampoco hubo movimientos relevantes previos a que Bolaños pronunciase estas palabras, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros
La Mesa calificó el proyecto de ley el 26 de agosto de 2025, permitiendo así que comenzase su andadura parlamentaria. Y ha dormido el sueño de los justos en la Comisión Constitucional desde entonces. El el órgano de gobierno del Congreso está en manos de PSOE y Sumar. Y ya ha aprobado 35 prórrogas del plazo para presentar enmiendas ante el proyecto de ley del Ejecutivo.
Es una forma de operar habitual; bien para ganar más tiempo en las negociaciones con los grupos, para buscar el entendimiento, bien para aguardar al momento político adecuado. También cuando se opta por dejar las iniciativas en vía muerta por no ser prioritarias, o por no vislumbrarse los acuerdos necesarios para impulsarlas.
Desde el lado izquierdo del hemiciclo señalan directamente al PP y a Junts como principales opositores a la reforma de la ley de secretos oficiales, como han dejado ver en público y en privado distintos partidos.
Reactivar esta norma sin acuerdo la expondría a un riesgo evidente en la siguiente etapa en su tramitación, la votación de enmiendas de totalidad. Y en esto también coinciden las fuentes consultadas. Si no hay cambios de calado, difícilmente PSOE y Sumar se arriesgarán a poner al Gobierno frente a este precipicio.
Entre el resto de aliados parlamentarios del Ejecutivo, el principal escollo hoy para impulsar el nuevo texto legal y enterrar la actual ley franquista (1968) tiene que ver con los años que deben pasar para la desclasificación automática de los documentos confidenciales. Los grupos quieren un plazo máximo para la desclasificación mucho más breve que el planteado por el Gobierno, hasta 60 años (45 más 15 de prórroga excepcional).
Además de acortar estos plazos y de automatizar las desclasificaciones, la ley persigue introducir nuevos criterios para etiquetar los documentos en función del grado de confidencialidad que requieran y adaptar la normativa española al marco europeo y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
Desclasificación del 23-F sí, ley de secretos oficiales no
En el año en el que el Ejecutivo aprobó la desclasificación de los documentos del 23-F, distintos grupos cuestionan la ausencia de voluntad política para acercar esta nueva norma. Superar la ley franquista es una de las exigencias que hace ya 12 años plantearon Izquierda Unida y otras formaciones de su espectro político a la Cámara Baja, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy. En 2016, con Aitor Esteban como portavoz, el PNV presentó su propia norma en este sentido. Desde entonces no ha dejado de hacerlo.
Pedro Sánchez tampoco ha dejado de reiterar que la nueva ley de secretos oficiales está en su hoja de ruta. Lo hizo en 2022, aunque su propuesta legislativa no llegó a buen puerto. En 2024, nuevamente, el presidente incluyó esta ley entre los compromisos de su plan de regeneración democrática.
De hecho, volvió a venderla en febrero de 2025, ante un Esteban que dejaba la Cámara Baja para asumir la presidencia del Partido Nacionalista Vasco. “Cuente con que en esta legislatura vamos a modificar la ley de secretos oficiales”. Cinco meses después la norma saldría del Consejo de Ministros rumbo al limbo parlamentario.
89 prórrogas de enmienda a la ley del PNV
El PNV ha hecho de esta una de sus banderas en el Congreso; en el arranque de esta legislatura llevaron su proposición de ley al Congreso a finales de agosto de 2023, en mitad del verano y sólo un mes después de las elecciones. En la anterior legislatura apenas habían esperado un mes y medio para hacer lo propio (diciembre de 2019). En ambos casos, ni siquiera se había producido la investidura de Sánchez.
Y, si bien la norma del Ejecutivo acumula 35 prórrogas del plazo para registrar enmiendas, la proposición de ley del Partido Nacionalista Vasco va camino de batir el récord de la anterior legislatura: hasta en 89 ocasiones la Mesa ha optado por extender el periodo para sugerir cambios en su redacción.
Es el mismo texto que registraron ante el Parlamento anterior (2019-2023), que acabó decayendo por el adelanto electoral del 23-J. Si no hay cambios, ambas leyes, del Ejecutivo y del PNV, cumplirán el mismo destino. La del PNV, toda vez que hay una propuesta del Gobierno, lo tiene prácticamente asegurado.
Con estos precedentes, cuando la norma salió del Gobierno rumbo a la Cámara Baja algunos de los aliados parlamentarios de Sánchez ya mostraron sus recelos. “Se va a saber antes quién mató a Kennedy que quién estuvo detrás del 23F”, vaticinó Gabriel Rufián, portavoz de ERC. Un año después, Sánchez sí ha permitido la desclasificación de los documentos del 23-F, pero la norma que regula esta materia sigue varada.
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe en tu correo electrónico, los artículos de la directora Pilar Gómez.