“El compromiso del Gobierno es aprobar el anteproyecto de ley este mes de julio” (2022); “Cuente con que en esta legislatura vamos a modificar la ley de secretos oficiales” (2025). La primera promesa de Pedro Sánchez es del 13 de julio de hace tres años, y la formuló ante el entonces portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, en el último debate sobre el estado de la nación celebrado hasta la fecha.
La segunda la contrajo ante un Esteban ya en retirada, cuatro días antes de que dejara la Cámara Baja para asumir su actual rol como presidente del PNV, el 26 de febrero de este año. Antes, en septiembre de 2024, el presidente del Gobierno ya había incluido la aprobación de una ley de secretos oficiales entre los compromisos de su plan de regeneración democrática, anunciado a bombo y platillo.
Finalmente, la remisión de un proyecto de ley al Congreso no se producirá hasta septiembre de este año, cuando la Cámara Baja reabra sus puertas tras el verano. El penúltimo Consejo de Ministros del curso político aprobó el texto en segunda vuelta (22 de julio), y es ahora cuando comienza su tramitación parlamentaria. El impulso en el Consejo de Ministros estaba apalabrado desde marzo.
La norma para reducir los plazos de desclasificación, introducir nuevos criterios para seguir clasificando documentos y adaptar la normativa española al marco europeo y de la OTAN, lleva más de una década entrando y saliendo de la pista de despegue del Congreso de los Diputados, pero sin llegar a cobrar vuelo. Si se aprueba, permitirá reemplazar la actual, heredada de la dictadura (1968).
Es una reclamación histórica del PNV, que en la anterior legislatura sólo esperó un mes y 13 días para registrar su propia propuesta en el Congreso (diciembre de 2019). Ni siquiera se había formado Gobierno entonces. Con el arranque de la legislatura actual calcaron esta forma de proceder, y llevaron su proposición de ley a la Cámara Baja a finales de agosto de 2023, en pleno verano y apenas un mes después de las elecciones. En este último intento, al menos, el Ejecutivo ha dejado correr algo menos de tiempo antes de mover ficha.
El fantasma de los veranos pasados
Es el fantasma de los veranos pasados: el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ya impulsó un anteproyecto de ley que ni siquiera llegó a segunda vuelta en Consejo de Ministros.
El adelanto electoral (23 de julio de 2023) hizo saltar por los aires una norma que, incluso aunque hubieran agotado los escasos meses que restaban de legislatura, tenía prácticamente imposible ver la luz. El Gobierno había acordado tramitarla por procedimiento de urgencia, reduciendo los plazos al mínimo. Y apenas cinco meses después en el Ejecutivo ya reconocían, a regañadientes, que habían decidido bajar el pistón. No convencía a sus socios, las cuentas no cuadraban.
Concretamente, el PNV lleva desde la XII Legislatura registrando su propia ley de secretos oficiales. Esto es, desde 2016, cuando aún gobernaba Mariano Rajoy. Antes que ellos, en la X Legislatura (2011-2016), también con el PP en Moncloa, fue el grupo de La Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA, CHA) quien presentó su propia norma. Fue en febrero de 2014, ya avanzada la legislatura. Como le pasaría después al PNV, no lograron pasar de las primeras pantallas.
Los aliados parlamentarios acogen la norma con frialdad (de nuevo)
En la ecuación que hoy se le plantea al Gobierno el problema sigue siendo el mismo que hace tres años: el reparto de fuerzas en el hemiciclo. Un día después de la presentación de este segundo intento, el propio Esteban afirmó en una entrevista en la SER que el proyecto “va en la buena línea”, aunque discrepó en los plazos para la desclasificación, entre otros aspectos.
Nada que ver con la reacción airada de tres años antes. Entonces, el Ejecutivo se puso a legislar tras el escándalo del espionaje de Pegasus, y obviando la propuesta del PNV, que ya llevaba dos años y medio atascada en la Cámara Baja. En vez de 45 años de máximo (prorrogables) para la desclasificación automática, como ofrece ahora el Ejecutivo, entonces planteó dejar este umbral en medio siglo. El PNV le exigió rebajarlo a la mitad, hasta los 25 años.
Los nacionalistas vascos han acogido esta norma mucho mejor de como acogieron a su predecesora, aunque el Gobierno ha visto abrirse nuevos frentes. De hecho, horas después de que Bolaños la presentase, Sumar anunció que había formulado alegaciones ante el proyecto de ley. Exigieron sanciones “menos elevadas” para quienes difundan información clasificada, así como “plazos de desclasificación mucho más cortos” (IU reclamó bajar de los 60 a los 30 años).
El resto de aliados parlamentarios también han acogido con frialdad el nuevo proyecto de ley. “Se va a saber antes quién mató a Kennedy que quién estuvo detrás del 23F”, afirmó Gabriel Rufián, portavoz de ERC, desde los pasillos del Congreso. Su homóloga en EH Bildu, Mertxe Aizpurua, la consideró “muy similar” a la propuesta de la anterior legislatura, que ya le pareció “insuficiente”. Entonces ni siquiera llegó a salir del Consejo de Ministros, pero años después el Gobierno no puede presumir de haber dado muchos más pasos.