El nombre de Leire Díez se ha convertido en sinónimo de una de las tramas más turbias de los últimos años en la política española. Lo que comenzó como un puñado de audios filtrados ha terminado abriendo un debate de fondo sobre las llamadas “cloacas del Estado”, el tráfico de influencias, los límites del poder político y el papel de ciertos intermediarios que operan en la sombra.
La historia de Leire Díez lo tiene todo: grabaciones comprometedoras, reuniones con empresarios imputados, alusiones a “altas instancias del Estado” y un manual de sobornos que amenaza con salpicar a las estructuras más altas del sistema.
De militante socialista a epicentro de un escándalo
Leire Díez no era una desconocida en los círculos del PSOE. Había sido militante, concejal y ocupó cargos en empresas públicas como Correos y Telégrafos, donde trabajó como directora de Filatelia y Relaciones Institucionales. Su trayectoria le permitió moverse entre despachos de poder, cultivando relaciones que, años después, se convertirían en el centro de la polémica.
El caso estalla en 2025, cuando diversos medios publican una serie de grabaciones que la involucran en reuniones con empresarios y abogados investigados por corrupción, entre ellos Javier Pérez Dolset, conocido por su implicación en el caso Zed. En esas conversaciones, Leire Díez habría ofrecido mediación o “contactos útiles” a cambio de información comprometedora sobre fiscales y mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Entre los nombres más mencionados están los fiscales Ignacio Stampa y José Grinda, quienes denunciaron intentos de soborno y maniobras para desacreditar a la Fiscalía Anticorrupción.
La Fiscalía considera que la tarjeta de visita que Díez presentaba en estas reuniones —con la inscripción “Altas instancias del Estado”— fue determinante para generar confianza y acceso a información sensible. Esa tarjeta, según los investigadores, actuaba como salvoconducto político en un entorno donde las apariencias lo eran todo.
El papel de una “fontanera” del poder
La prensa la bautizó pronto como “la fontanera del PSOE”. Una expresión cargada de significado. En la jerga política española, un fontanero es quien se encarga de los trabajos discretos, de las operaciones entre bastidores que no deben trascender. No son cargos públicos visibles, sino figuras que “desatascan tuberías” en los entresijos del poder.
Díez rechaza ese término con rotundidad. Asegura que no actuaba por encargo de ningún partido ni institución. Y que su labor consistía en una investigación periodística para un libro sobre las cloacas del Estado. “Ni fontanera ni cobarde”, afirmó en un mensaje dirigido a los militantes socialistas tras su baja del partido. Sin embargo, los audios y las citas con empresarios apuntan a una actividad más compleja que la simple labor de documentación.
Las cloacas del Estado: el fondo del pozo
El concepto de cloacas del Estado no es nuevo, pero Leire Díez lo ha devuelto al centro del debate público. El término alude a las redes ocultas y no oficiales dentro del aparato del Estado —policía, inteligencia, justicia o poder político— que actúan al margen de la legalidad o la transparencia, filtrando información o manipulando procesos para favorecer determinados intereses.
En este caso, Díez habría funcionado como intermediaria entre esas cloacas y el poder político. Buscaba información sensible que pudiera servir para frenar investigaciones, desprestigiar a fiscales o proteger a determinados empresarios. El material que presuntamente recopilaba —documentos, grabaciones, informes— tenía el potencial de alterar procesos judiciales en curso.
Ella lo niega. Afirma que su único propósito era exponer la existencia de esas redes oscuras, no formar parte de ellas. Pero la línea entre investigadora y participante se ha vuelto demasiado fina. Los fiscales afectados han sido tajantes: lo que hacía no era periodismo, sino una operación encubierta de manipulación y soborno.
Reuniones en Ferraz y vínculos con el PSOE
El escándalo se agrava cuando se confirma que Leire Díez mantuvo una reunión en la sede de Ferraz, el cuartel general del PSOE, junto al secretario de Organización, Santos Cerdán, y el empresario Pérez Dolset. Según su versión, acudió para exponer información “de interés público”.
El partido sostiene que se trató de un encuentro puntual, sin consecuencias políticas. Pero su mera existencia refuerza la sospecha de que Díez operaba en el entorno de las altas esferas socialistas.
Poco después, la presión mediática llevó al PSOE a abrir un expediente informativo interno. Y Díez decidió darse de baja como militante. El Partido Popular, por su parte, llevó el asunto a la Fiscalía Anticorrupción, reclamando que se investigara si actuaba con respaldo institucional.
El contenido del ‘pendrive’: la gran incógnita
Entre los elementos más enigmáticos del caso está un pendrive con más de 2.000 documentos que, según fuentes cercanas a la investigación, Leire Díez entregó al PSOE. Su contenido exacto sigue siendo un misterio. Algunos medios aseguran que contenía información sobre fiscales, jueces y mandos policiales, obtenida a través de fuentes anónimas y posiblemente de manera ilícita.
De confirmarse, ese material podría convertirse en una bomba de relojería para el Gobierno. Por ahora, nadie ha revelado qué contenían esos archivos, ni si formaban parte de la investigación periodística que Díez asegura estar realizando.
Protección y secretos de Estado
Otro aspecto llamativo es la supuesta protección policial con categoría de “secreto de Estado” que, según El Debate, se le habría concedido tras las primeras filtraciones. Una medida insólita para alguien sin cargo público y que plantea preguntas incómodas. ¿Quién ordenó esa protección? ¿Por qué motivo? ¿A quién o a qué temía Leire Díez?
El silencio oficial sobre este punto alimenta las teorías de que el caso podría implicar a estructuras paralelas del poder. No se trata solo de una trama personal, sino de una posible red de influencias que combina política, justicia y seguridad del Estado.
Las imputaciones y el frente judicial
En julio de 2025, el juez de instrucción decide imputar formalmente a Leire Díez por cohecho y tráfico de influencias. También se investiga la posible obstrucción a la justicia y revelación de secretos. Los fiscales Ignacio Stampa y José Grinda aportaron pruebas de los intentos de soborno, y la UCO ha entregado informes sobre sus contactos con empresarios investigados.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que Díez prometió favores institucionales y filtraciones a cambio de información confidencial. Eso encajaría en un esquema clásico de corrupción. Por ahora, la investigación sigue abierta, y no se descarta que puedan imputarse a otros cargos o intermediarios.
Los secretos más oscuros del caso Leire Díez
El caso está plagado de incógnitas sin resolver:
- ¿Qué buscaba realmente Leire Díez? ¿Era una periodista infiltrada o una emisaria política con agenda propia?
- ¿Quiénes eran sus protectores? ¿Actuaba con respaldo de figuras del PSOE o por libre?
- ¿Qué contenía el material que entregó al partido? ¿Informes falsos o información veraz obtenida ilegalmente?
- ¿Por qué se decretó secreto de Estado en torno a su seguridad?
- ¿Qué papel jugaron las “cloacas” y qué instituciones estaban implicadas?
Estas preguntas siguen sin respuesta. Pero los indicios apuntan a un entramado de favores, espionaje interno y manipulación informativa que, de confirmarse, evidenciaría la existencia de un sistema paralelo dentro del Estado.