La convulsión en la Fiscalía General del Estado persiste. Álvaro García Ortiz ya no está al frente del Ministerio Público, pero la llegada de su sucesora, Teresa Peramato, no ha calmado a gran parte de la carrera fiscal. En un mes de mandato, su principal movimiento ha sido encontrar un recoveco normativo para no tener que expulsar a García Ortiz de la carrera tras la condena del Tribunal Supremo que lo inhabilitaba durante dos años, le hacía pagar una multa de 7.200 euros y una indemnización a Alberto González Amador por revelación de secretos de 10.000.
Peramato interpretó que la inhabilitación dictada por el Supremo solo afecta al puesto de fiscal general, en ningún caso a su permanencia en la Fiscalía ocupando otro puesto dentro del Ministerio Público. Una lectura que ha levantado controversia entre fiscales, tal y como ha podido constatar Artículo14.
El subterfugio encontrado por Peramato se basa en que la sentencia especificaba: “La pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público supone la privación definitiva del cargo sobre el que recae”. Y concretaba que ese cargo era el del fiscal general. Por tanto, según su interpretación, el fallo deja en el aire la continuidad de García Ortiz en la carrera. “No nos corresponde dilucidar las consecuencias extraprocesales de la condena, que se mueven en otro plano”.
Así las cosas, Peramato echó mano del Estatuto fiscal y de la ley del Poder Judicial para interpretar el artículo 44.2 de la normativa, que fija entre las causas de expulsión estar “condenado por delito doloso, mientras no hayan obtenido rehabilitación con la excepción para los casos en que la pena no fuera superior a seis meses”, sin determinar si se habla de penas de prisión o de cualquier otro tipo.
Esta falta de concreción se leyó en 2017 como un error en la redacción del Estatuto. La razón es que crea una disonancia con la ley que rige a los jueces en la que sí se concreta que para la expulsión la pena ha de comportar prisión, no solo inhabilitación.
Con estos dos argumentos, la nueva fiscal general ha conseguido buscar hueco a García Ortiz en la Fiscalía de lo Social del Tribunal Supremo a través de un decreto que no conoce la mayoría de la carrera fiscal. “Lo ha hecho clandestinamente y si lo hace así es porque sabe que no está bien”, aseguran fuentes fiscales consultadas por este periódico.
Es por ello, que desde la Asociación de Fiscales, de corte conservadora, reclaman el documento, aunque casi un mes después de su dictamen no han obtenido respuesta. “Para hacer efectiva la transparencia propia de la actuación de las Instituciones de un Estado de Derecho es imperativo que haga público el decreto por el que acuerda el reingreso del Sr. García Ortiz a la Carrera Fiscal, por ser la decisión adoptada por usted de interés general que trasciende al régimen propio del Ministerio Fiscal”, le pedían en una misiva a la fiscal general.
En opinión de estos fiscales, el decreto tuvo que ser debatido en el Consejo Fiscal, extremo que no ocurrió.
“Amiga de García Ortiz”
Así las cosas, la sensación de continuidad del mandato García Ortiz levanta ampollas dentro de la cúpula fiscal, donde piensan que Peramato está actuando “como amiga” de su predecesor y no como fiscal general. “Estudiada la normativa, es una interpretación forzadísima para liberarle de todo”, asegura Salvador Viada, ex fiscal del Tribunal Supremo
Además, muchos fiscales dudan de la legalidad de la decisión de Peramato y se plantean presentar un recurso de casación ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Sin embargo, no creen que haya mucho margen de maniobra porque es reclamar la no ejecución de una sanción. Además, es “extraño” que los propios fiscales pidan una sanción a otro fiscal, reconocen las fuentes consultadas.
Asimismo, en la cúpula fiscal sospechan que la siguiente intención de Peramato es situar a García Ortiz al frente de la Fiscalía de Sala de Medioambiente, en sustitución a Antonio Vercher que se jubila. Un puesto que anhela García Ortiz, especializado en esta materia. Cabe recordar que fue el fiscal encargado del caso Prestige.
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