La aplicación de las multas por no llevar la baliza V16 ha abierto una grieta inesperada en el discurso oficial de la Dirección General de Tráfico. En apenas seis días, dos de las voces más autorizadas en materia de seguridad vial en España han lanzado mensajes contradictorios que han dejado a los conductores en una situación de evidente inseguridad jurídica.
El pasado 8 de enero, durante la presentación del balance de seguridad vial de 2025, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que los agentes de tráfico actuarían con flexibilidad respecto a las multas por no llevar la baliza V16, priorizando la información y la pedagogía frente a la sanción. Sin embargo, pocos días después, el director general de Tráfico, Pere Navarro, afirmó justo lo contrario.
El mensaje de Interior: flexibilidad antes que sanción
Durante el acto institucional, Grande-Marlaska leyó un texto previamente redactado en el que dejaba claro que, ante la nueva obligatoriedad de la señal V16, se aplicaría un periodo de adaptación. Según el ministro, tanto la Guardia Civil como el resto de policías de tráfico actuarían con flexibilidad y las multas por no llevar la baliza V16 no serían el eje central en las primeras semanas de aplicación.
El mensaje apuntaba a un enfoque preventivo, alejando cualquier lectura recaudatoria y poniendo el acento en la seguridad vial y la reducción de riesgos en carretera. Al tratarse de unas palabras leídas y no improvisadas, el discurso transmitía una sensación de criterio consensuado dentro del propio Ministerio del Interior.
Pere Navarro contradice el discurso sobre las multas por no llevar la baliza V16
La confusión se intensificó apenas seis días después. En la jornada Innovación urbana. Movilidad Sostenible y Smart Cities, organizada por Europa Press, Pere Navarro fue tajante: si un conductor sufre una avería o un incidente y no coloca la señal V16, será denunciado.
Según explicó, la normativa es obligatoria desde el 1 de enero y las multas por no llevar la baliza V16 deben aplicarse desde ese mismo momento. Esta afirmación choca frontalmente con el mensaje de flexibilidad anunciado por el ministro del Interior, y deja al conductor en una posición delicada: cumplir una ley cuyo margen de aplicación real no está claramente definido por la propia DGT.
Un “tiempo cómodo” sin fechas ni garantías
Para añadir más incertidumbre, el propio Pere Navarro mencionó también la existencia de un “tiempo cómodo” de adaptación a la normativa. El problema es que ese periodo no está delimitado ni por fechas ni por instrucciones claras a los agentes. Eso hace que las multas por no llevar la baliza V16 puedan imponerse sin que el conductor tenga una base sólida para reclamar.
Esta ambigüedad normativa genera un escenario en el que dos conductores en circunstancias idénticas pueden recibir respuestas distintas según el criterio del agente, algo especialmente delicado en una norma de reciente implantación.
Según la Dirección General de Tráfico, no disponer o no utilizar correctamente la luz de emergencia V16 homologada tiene la misma sanción que circular sin los antiguos triángulos de emergencia. En términos económicos, las multas por no llevar la baliza V16 ascienden a 80 euros.
La sanción puede imponerse si el conductor se detiene en el arcén por una avería o incidente y no activa la señal luminosa. A fin de cuentas, se considera un incumplimiento directo de la normativa de señalización de emergencia.