La muerte violenta de un logopeda en Valencia a manos del padre de uno de sus pacientes ha conmocionado a la profesión. El detenido asegura que atacó al terapeuta tras creer que estaba abusando sexualmente de su hijo de dos años, una versión que forma parte de la investigación y que, por el momento, no ha sido confirmada por la Policía Nacional.
9.397 víctimas menores de un delito infradenunciado
¿Qué mecanismos existen para proteger a los menores durante una sesión de logopedia o cualquier otra terapia infantil? Es el primer interrogante que se planten miles de familias tras conocer el caso. Según el último Informe sobre delitos contra la libertad sexual del Ministerio del Interior, durante 2024 fueron registradas en España 9.397 víctimas menores de 18 años de delitos contra la libertad sexual, un 2,3% más que el año anterior. Los menores representan ya el 41,2% de todas las víctimas de este tipo de delitos, pese a constituir alrededor del 16% de la población. De ellos, 4.196 tenían entre 0 y 13 años, la franja de edad donde resulta especialmente difícil que un niño pueda verbalizar lo ocurrido.
Estas cifras corresponden únicamente a los casos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Organizaciones como Save the Children recuerdan que la violencia sexual contra la infancia sigue siendo uno de los delitos con mayor infradenuncia. Por otra parte, el propio Ministerio del Interior no desglosa cuántas de esas víctimas tenían menos de dos años ni dónde se produjeron los hechos. España conoce la magnitud del problema, pero no dispone de estadísticas oficiales que permitan saber cuántos casos ocurren en consultas sanitarias o terapéuticas como las de logopedia.
Desde el Colegio Oficial de Logopedas de la Comunidad Valenciana nos remiten a la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI). “La norma cambió la filosofía de la protección infantil en España. Su objetivo ya no consiste únicamente en actuar cuando se produce una agresión, sino en prevenirla mediante la creación de los denominados entornos seguros”, explican. La ley alcanza a todos los profesionales que trabajan habitualmente con menores, no solo a los logopedas, y les impone un deber activo de protección, detección precoz y actuación ante cualquier indicio de violencia.
Cuando el paciente del logopeda tiene dos años
En el caso ocurrido en Valencia, la edad del menor es determinante. A diferencia de un niño de ocho o diez años, un paciente de dos años no ha desarrollado aún un lenguaje para describir la situación. Tampoco distingue entre una maniobra terapéutica y una conducta inapropiada, ni puede reconstruir con precisión una secuencia de hechos. Por eso, los expertos en protección infantil insisten en que cuanto menor es el niño, mayor debe ser la responsabilidad de los adultos y del propio sistema para garantizar un entorno seguro. La defensa, por tanto, no descansa en el relato posterior del menor.
Es una profesión donde el contacto físico forma parte del tratamiento. En muchas intervenciones, especialmente con niños pequeños, resulta necesario manipular labios, lengua, mandíbula, mejillas o musculatura facial para evaluar reflejos, tono muscular o dificultades en la deglución y el habla. En determinadas exploraciones incluso puede introducirse un dedo enguantado en la cavidad oral, siempre con finalidad clínica. Precisamente porque estas actuaciones forman parte del tratamiento, el Colegio Oficial de Logopedas de la Comunidad Valenciana considera fundamental que exista una información clara a las familias sobre las técnicas que van a emplearse y el objetivo terapéutico de cada intervención.
¿Pueden entrar los padres al logopeda?
Una de las preguntas que más se repite tras el crimen es si los progenitores deben permanecer dentro de la consulta. Desde la entidad colegial contestan que “no existe ninguna obligación legal de que el menor permanezca solo durante la sesión. Los padres pueden estar presentes si así lo solicitan”. En muchos casos, además, forman parte activa de la intervención porque buena parte del tratamiento continúa posteriormente en casa mediante pautas y ejercicios. No obstante, determinados momentos de la terapia resultan más eficaces sin la presencia constante de los progenitores, ya que favorecen la concentración del menor y una interacción más natural con el terapeuta. No existe una única fórmula válida.
¿Sería oportuno poner cámaras?
La respuesta también es negativa. La misma entidad confirma que ni la LOPIVI ni la normativa sanitaria obligan a instalar cámaras de videovigilancia ni a grabar las sesiones de logopedia. La instalación de cámaras plantea, además, importantes implicaciones relacionadas con la intimidad, la protección de datos y el secreto profesional, especialmente cuando se trata de menores.
La ley apuesta por otro camino, como protocolos, formación, transparencia y detección precoz. Desde su entrada en vigor, la LOPIVI ha puesto el acento en la prevención. La norma entiende como violencia tanto las agresiones sexuales como cualquier actuación que pueda perjudicar física o psicológicamente al menor. Además, obliga a los profesionales que trabajan con niños a recibir formación para identificar señales compatibles con posibles situaciones de violencia y comunicar los indicios cuando existan motivos razonables para ello. La protección deja así de ser únicamente responsabilidad de los padres para convertirse también en una obligación profesional.
Transparencia para proteger también al profesional
El caso de Valencia ha generado una enorme inquietud entre las familias, pero también dentro del colectivo de logopedas. Su Código Deontológico obliga a ejercer la profesión con responsabilidad, respeto a la dignidad del paciente, prevención de cualquier perjuicio y denuncia de situaciones que vulneren los derechos de las personas. También establece que la consulta debe ser adecuada a las necesidades del tratamiento y respetar en todo momento los derechos del paciente.
Los protocolos de transparencia, consistentes en explicar previamente las técnicas que van a utilizarse, informar a las familias, documentar correctamente la intervención o facilitar la presencia de los padres cuando resulte compatible con la terapia, incrementan la protección del menor y, de paso, ofrecen mayores garantías a los propios profesionales frente a interpretaciones erróneas o acusaciones infundadas. Cuando el paciente aún no puede contar qué ha sucedido durante una sesión, la confianza es imprescindible, pero por sí sola no basta para garantizar la consulta infantil como un entorno seguro.