“Hola, Marta. Ayer Paula Kira salió con la cara marcada y me contó que le habían pegado…” “Buenas tardes, he hablado con los niños… Espero que no se vuelva a repetir… Leído”. Este es solo un fragmento de cómo resolvía el colegio el acoso de los compañeros que sufría Kira López.
Desde cuarto hasta sexto de primaria, su agenda escolar se llenó de notas en las que las palabras moratones, insultos, coletas arrancadas, amenazas de muerte y peticiones desesperadas de ayuda eran insistentes. Alarmas que quedaban silenciadas con un “Leído” o “un comentario inoportuno sobre la niña”, nos cuenta su padre José Manuel López Viñuela.
“Esas notas eran la señal de una tragedia que pudo evitarse”. El 19 de mayo de 2021, Kira se quitó la vida con 15 años. “Nadie la había protegido. Nadie había activado un protocolo que la sociedad asegura tener. Nadie pareció entender que una niña que sufre acoso no solo necesita consuelo, sino barreras contra la violencia que la está devorando desde dentro”, dice.
El reciente suicidio de Ángela, una adolescente de 14 años en Benalmádena, le revuelve y le hace revivir cada gesto, palabra y señal que emitió su propia hija. “Otra vez estamos ante la insoportable certeza de que alguien mira hacia a otro lado cuando debería haber auxiliado. Siempre llegan tarde y lo hacen para sumarse al minuto de silencio, las banderas a media asta o al aplauso por la víctima. Eso no nos devuelve a los hijos que mueren desbordados en un entorno que, en lugar de proteger y ofrecer seguridad, actúa peligrosamente”.
“Existe una falla sistémica”
Por cada queja, la familia recibía una respuesta administrada con corrección, pero sin acción. Por cada solicitud, una nota en la libreta. “Existe una falla sistémica. Protocolos que nunca se activan o se activan a medias, informes que culpan a la víctima y silencios que normalizaron el castigo”. La familia inició un proceso judicial contra el colegio que busca el reconocimiento de una responsabilidad colectiva que durante años negó el sufrimiento de una alumna. “Por fin tenemos fecha, en enero de 2027”, dice resignado.
El 14 de febrero la menor de Benalmádena fue hallada muerta en su vivienda en lo que la Policía Nacional investiga como suicidio. La familia afirma que sufría acoso escolar, aunque la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha declarado que no consta que se hubiera activado un protocolo específico por bullying o conducta autolítica. La investigación esclarecerá si el entono escolar guardaba relación con su muerte. Las autoridades han expresado su pesar y han subrayado la importancia de la convivencia y la lucha contra el acoso en las aulas.
Otra familia que se enfrenta a la devastación que, a veces, llega sin señales claras y sin mecanismos que la detengan. El acoso escolar no es marginal. El 12,3% del alumnado afirma que él o alguno de sus compañeros está sufriendo bullying o ciberbullying, según el último informe de la Fundación Mutua Madrileña y la Fundación ANAR. También hay una tendencia creciente de los suicidios entre jóvenes de 15 a 19 años en España. 90 en 2024.
Nuevas formas de intimidación
En el caso de Ángela, la niña de Benalmádena, los investigadores siguen “varias líneas” de trabajo y una de ellas es el análisis del teléfono móvil y la tablet de la adolescente. La información que guardan estos dispositivos podría ser clave para determinar si sufría bulling dentro del centro educativo o a través de redes sociales.
El estudio de ANAR muestra que está creciendo la violencia física en los casos de acoso escolar. Los golpes y patadas aumentaron 8,7 puntos porcentuales con respecto al curso anterior, alcanzando el 30,9%. También el uso de la IA, presente en el 14,2% de los casos de ciberacoso. “El 54,8% de los casos en los que se emplea la IA con fines de ciberacoso corresponden a la creación de videos falsos a partir de la manipulación de una foto, video o audio de la víctima y un 32,2% a la suplantación de la identidad de un compañero”, nos explica Diana Díaz, directora de las Líneas de Ayuda de la Fundación.
“La digitalización del acoso, su permanencia fuera del horario escolar y la falta de formación específica de muchos docentes complican aún más un fenómeno que no se detiene en los pasillos, sino que sigue a la víctima a casa, a las horas de ocio, a las redes”, dice. “Es un problema grave y complejo que afecta a la salud emocional y al desarrollo de niños y adolescentes. No hablamos de un conflicto ocasional, sino una forma de violencia reiterada con un claro desequilibrio de poder entre agresor y víctima. A menudo, los menores no reconocen lo que les ocurre como acoso hasta que este se cronifica o incluye violencia física”.
La víctima no está sola
El ciberacoso extiende la agresión más allá de los espacios escolares y las 24 h del día. “Es importante -dice Díaz- hablar abiertamente del acoso para que no se convierta en un tabú y los menores se sientan más capaces de pedir ayuda. Detectar signos sutiles observando cambios emocionales y de conducta y no minimizarlo. Hay que actuar con calma, abriendo un diálogo que transmita al menor que no está solo en la búsqueda de soluciones. ANAR ofrece líneas de ayuda gratuitas y confidenciales para menores y familias que están viviendo estas situaciones, con atención psicológica, social y jurídica inmediata”.
Desde el dolor convertido en lucha, López Viñuela, perito judicial y cofundador de la asociación Trencats, reclama cambios en los protocolos y en la cultura escolar: “Que se active sin demora cualquier señal de acoso o maltrato emocional. Que la formación docente incluya habilidades para detectar violencia psicológica. Que la administración educativa responda con rapidez y no con silencio administrativo. Que exista un registro real de incidencias y un seguimiento continuo. Que se rebaje la edad del menor. Que el acosador y sus padres no queden impunes. Y que no se normalice la exclusión como problema de socialización”.
“No proteger al menor es delito”
La tragedia de Kira, el suicidio de la sevillana Sandra Peñal, el reciente caso de Benalmádena y las estadísticas que muestran un repunte en pensamientos y actos suicidas entre jóvenes apuntan a una cuestión grave. “No es solo violencia física. Es la combinación de rechazo, incomprensión, silencio institucional y una cultura que a veces calla, minimiza o diluye las responsabilidades. Cuando un niño pide ayuda a un adulto, el adulto es responsable de su protección. No protegerlo es delito. Kira no tuvo la protección de los adultos del colegio”, señala López Viñuela.
En una agenda escolar puede caber la nota de un examen, una excursión, una felicitación de cumpleaños. También amenazas, humillaciones y soledad. “Si la respuesta oficial se limita a “leído”, si los protocolos llegan tarde y si el silencio administrativo se antepone a la urgencia de proteger una vida, el resultado se llama culpabilidad”. Cinco años después de la pérdida de Kira, José Manuel sigue haciéndose la misma pregunta: “¿Cuándo empezaremos a actuar antes de que se repita la tragedia?”