La violencia contra las mujeres con discapacidad en España no solo existe, sino que se repite, se agrava y, sobre todo, se silencia.
Mientras los registros oficiales apenas la insinúan, la realidad que emerge de la intervención directa es mucho más cruda. Existe una brecha profunda entre lo que cuentan las estadísticas y lo que estas mujeres soportan en sus hogares, en las instituciones y en los espacios que deberían protegerlas.
La discapacidad no es un dato neutro ni accesorio: multiplica la exposición a la violencia, levanta barreras casi infranqueables para pedir ayuda, condiciona la respuesta institucional y deja secuelas más profundas y duraderas.
Este artículo se hace eco de un informe que actualmente se está gestando. En él, se están sistematizando y analizando datos concretos recogidos por la Asociación ALANNA en su intervención directa, contrastándolos con la información disponible del CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) y el CEDID (Centro Español de Documentación e Investigación sobre Discapacidad), para dimensionar con rigor una realidad que sigue fuera del foco público. Violencia más frecuente, más grave y menos visible
Los primeros datos que se están analizando confirman una hipótesis que desde las entidades especializadas se repite desde hace años: las mujeres con discapacidad sufren más violencia que aquellas que no la tienen.
En el ámbito de la pareja, el 20,7 % de las mujeres con discapacidad ha sufrido violencia física o sexual, frente al 13,8 % de las mujeres sin discapacidad. Una diferencia que no es casual ni marginal.
“La discapacidad no es un dato neutro: condiciona la exposición a la violencia, las posibilidades de pedir ayuda, la respuesta institucional que reciben y las secuelas que sufren”, explica Chelo Álvarez, presidenta de la Asociación ALANNA y psicoterapeuta experta en trauma, una de las impulsoras de este informe.
La brecha se agrava aún más cuando se analiza la violencia sexual a lo largo de la vida Los datos estimados apuntan a que el 13,5 % de las mujeres con discapacidad ha sufrido violencia sexual, frente al 7,8 % de las mujeres sin discapacidad.
Es decir, la violencia sexual prácticamente se duplica cuando existe una discapacidad, especialmente en ámbitos sanitarios, institucionales o de cuidados. Lo que no se mide no existe
Uno de los ejes centrales del informe es la denuncia de la ausencia de un estudio estatal desagregado por tipo de discapacidad y tipo de violencia, una carencia que tiene consecuencias directas sobre la vida de las mujeres.
“Lo que no se cuantifica no se soluciona. Hablamos de derechos humanos, porque sin datos, no hay derechos garantizados”, subraya Álvarez.
La falta de datos específicos provoca que no se diseñen recursos adaptados, que no existan protocolos adecuados y que la atención especializada dependa en gran medida del esfuerzo de entidades sociales. En resumen, “lo que no se mide, no existe a efectos de política pública. Esas ausencias se traducen en vidas más vulnerables”, advierte. Discapacidad psicosocial: la huella de la violencia
El análisis de los casos atendidos por ALANNA revela que la discapacidad psicosocial es la más frecuente entre las mujeres víctimas de violencia: representa el 43 % de los casos, seguida de la discapacidad física (40 %) y la discapacidad intelectual (8 %).
Esta prevalencia no es casual. Tal y como explica la presidenta de ALANNA, la relación entre violencia y discapacidad psicosocial es bidireccional.
“La violencia puede generar enfermedad mental y, con el tiempo, discapacidad psicosocial. Y, al mismo tiempo, tener un diagnóstico en salud mental incrementa el riesgo de sufrir violencia por el estigma y la menor credibilidad social”.
En muchos casos, se trata de discapacidades sobrevenidas, consecuencia directa de años de violencia, abandono institucional y revictimización. Sin embargo, esta realidad no aparece reflejada en las estadísticas oficiales. Violencia institucional: sistemáticamente invisibilizada
Otro de los hallazgos más alarmantes del informe es la magnitud de la violencia institucional. Las mujeres con discapacidad reportan aproximadamente el doble de este tipo de violencia que las mujeres sin discapacidad: un 25 % frente a un 12 %.
No ser creídas, ser infantilizadas, encontrar barreras de accesibilidad, sufrir retrasos o negativas al denunciar, ser culpabilizadas o revictimizadas en el sistema judicial son experiencias habituales.
Más del 60 % de las mujeres con discapacidad refieren barreras en servicios sociales, juzgados, policía o recursos especializados.
“Cuando el sistema no está adaptado, la violencia encuentra huecos para instalarse”, señala Álvarez. “Y cuando el sistema falla, la impunidad aumenta y la mujer queda atrapada”. Historias que no cuentan en ningún sitio.
Detrás de los porcentajes hay historias que nunca llegan a los registros oficiales. “Atendemos a mujeres con discapacidad que han sufrido violencia —incluida violencia sexual e institucional— y sabemos que esas situaciones no aparecen en ningún contador oficial”, relata la psicoterapeuta.
Recuerda, por ejemplo, el caso de una mujer con discapacidad física cuya pareja controlaba su medicación, su dinero y su movilidad. La insultaba, la amenazaba con dejarla sin ayudas y la aisló de su familia. “Cuando buscó ayuda, lo primero que le dijeron fue: ‘quizá es una sobrecarga del cuidador’. La violencia desapareció bajo una etiqueta técnica”.
También recuerda el caso de una joven con discapacidad psicosocial que sufrió agresiones sexuales reiteradas y cuya credibilidad fue cuestionada por su diagnóstico. “Ella me decía: ‘si nadie me cree, ¿de qué sirve denunciar?’”. “Nada sobre nosotras sin nosotras”
El informe en elaboración insiste en la necesidad de una implicación urgente y coordinada de las administraciones públicas: igualdad, derechos sociales, sanidad, justicia, servicios sociales y sistema judicial. Pero, sobre todo, reclama la participación activa de las propias mujeres con discapacidad.
“Nada sobre nosotras sin nosotras”, concluye Chelo Álvarez. Sin escuchar sus voces, sin recoger datos reales y sin políticas públicas específicas, la violencia seguirá existiendo y seguirá siendo invisible.
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